La Constitución papel mojado en manos de los políticos

Hace 45 años los españoles votaron en el referéndum de ratificación de la Constitución española. Por más que se haya querido decir que la ciudadanía salió en masa a votar, la realidad es que la participación fue 3 puntos inferior a la de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Los resultados de aquella consulta, que hoy se conmemora, confirmaron que los españoles ratificaron mayoritariamente el texto constitucional. Un 91,8% votó a favor.

Por otro lado, la historia demuestra cómo hubo 8 diputados de Alianza Popular (hoy Partido Popular) que no pidieron el voto afirmativo, en la misma línea que ERC, PNV, Herri Batasuna, Bloque Nacionalista Galego, Falange Española de la JONS, Fuerza Nueva, la CNT, Comunión Tradicionalista o Estat Català. El propio expresidente del Gobierno, José María Aznar, pidió en columnas en prensa el voto negativo.

La realidad es que la Constitución española se hizo desde arriba sin tener en cuenta a los de abajo. Eso es algo que han reconocido los ministros de la época. Por eso la consulta para la ratificación de la Carta Magna fue utilizado como un «trágala» para que la Monarquía fuera impuesta sin que el modelo de Estado pudiera ser aprobado por el voto libre de la ciudadanía.

Han pasado 45 años desde entonces y la Constitución ha perdido vigencia, sobre todo porque fue un texto que se creó en base a las necesidades políticas, sociales y económicas de la segunda mitad de la década de los 70 del siglo XX. Además, se diseñó para que fuera muy difícil su reforma.

Esto ha provocado que la Carta Magna se haya olvidado de los ciudadanos. Los políticos, de todos los partidos e ideologías, se han negado a las reformas fundamentales que hacen falta, incluso teniendo mayorías parlamentarias suficientes para alcanzar pactos para alcanzar los dos tercios necesarios para acometer una reforma constitucional.

Cuando han querido, han tenido interés o existían presiones externas, no ha habido dudas, como sucedió con la reforma exprés del artículo 135 que permitió la aplicación de la agenda austericida de la Unión Europea que, a su vez, estuvo marcada por Alemania.

Sin embargo, veamos algunos derechos fundamentales que durante los diferentes gobiernos de la democracia, tanto del PSOE como del PP o el último de coalición entre socialistas y Unidas Podemos, no se cumplen porque afectan a los intereses de las clases dominantes.

El artículo 47 de la Carta Magna dice que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

España es uno de los países con menos viviendas públicas de toda la Unión Europea. Países como la República Checa tienen cuatro veces más, además de ser superados por «grandes potencias económicas» como Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría o Bulgaria.

Además de los desahucios de la banca y por el impago de alquileres, sin alternativa habitacional, se está permitiendo que el mercado inmobiliario haga imposible que las clases medias y trabajadoras puedan acceder a una vivienda digna, tal y como indica la Constitución.

Esta situación de vulneración flagrante de derechos fundamentales tiene relación con el punto anterior, es decir, con los salarios de miseria que se pagan en España y que, por ejemplo, impiden que los jóvenes puedan iniciar proyectos de vida con su independencia del hogar familiar, que las familias tengan que destinar casi el 80% de los salarios a los gastos relacionados con la vivienda o que tengan que decidir entre pagar la hipoteca o el alquiler o comer.

El artículo 35 de la Constitución afirma que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Este derecho es vulnerado día sí y día también en España. Las propias cifras oficiales de desempleo muestran cómo las condiciones laborales impiden que la ciudadanía pueda trabajar, como es su deber y su derecho, pero el mercado de trabajo impide la libre elección de profesión. España cimenta su mercado laboral en la precariedad y en la temporalidad más absoluta y las distintas reformas laborales, incluida la de Pedro Sánchez, no hace nada para modificar la situación. Más bien, se genera un escenario que favorece claramente a la clase empresarial con el beneplácito de unos sindicatos mayoritarios entregados, sometidos y rendidos.

Por otro lado, la clase empresarial, con los salarios de miseria que se pagan en España, vulnera el derecho a una «remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Según distintos informes independientes, en España se está disparando la figura del trabajador que se encuentra por debajo de los umbrales de la pobreza. Las llamadas colas del hambre se engrosan cada vez más con personas que, aunque tengan un trabajo, el salario que cobran no les da ni para satisfacer las necesidades más básicas. ¿De verdad que no hay que reformar la Constitución?

La Constitución Española señala en su artículo 43: «Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto».

La Comunidad de Madrid se ha convertido en el paradigma de cómo incumplir la Constitución y vulnerar un derecho fundamental como es el de la salud. Sin embargo, esto es extensible al resto de comunidades autónomas. Los poderes públicos no están prestando «las prestaciones y servicios necesarios» porque, en realidad, lo que están poniendo en riesgo es la vida de millones de personas.

Hay una carencia sistémica de recursos. Faltan médicos, enfermeras y profesionales sanitarios de todas las ramas. No hay suficientes camas de hospital y la atención primaria se está abandonando. Ya ha habido muertos por falta de atención o por carencias de personal. Las listas de espera en la sanidad pública superan varios meses para que los ciudadanos sean atendidos por un especialista.

A esto hay que sumar las políticas neoliberales encubiertas bajo el eufemismo de «colaboración público-privada» que, en realidad, es una privatización encubierta para que unas pocas empresas de la sanidad privada hagan negocio.

El artículo 24 de la Constitución Española afirma que «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

Sin embargo, la Justicia es la única administración del Estado que no ha pasado por un proceso de transición y, además, está conquistada por los poderosos. En España, la ciudadanía tiene todas las de perder cuando se enfrenta en los tribunales a los poderes económicos, financieros o empresariales. No hay tutela judicial efectiva porque se permite que los grandes despachos de abogados actúen con total impunidad gracias a sus influencias en los altos órganos de la Justicia. Por eso llevan los litigios hasta las últimas instancias, precisamente, las que tienen controladas de un modo u otro.

Los ciudadanos españoles son los que más denuncias presentan ante las instituciones europeas por corrupción judicial porque aquí se dictan sentencias favorables o se archivan procedimientos dependiendo de quién es el acusado.

Por otro lado, cuando alguien poderoso, sea una persona o una gran empresa, está contra las cuerdas porque no hay forma legal de absolverlos, en vez de hacer justicia, se retuerce la ley o se crean doctrinas ad hoc para salvar a los poderosos. Además de esto, en los tribunales españoles se llegan a vulnerar preceptos procesales o se deja sin posibilidad de recurso a los ciudadanos que se enfrentan a las élites.

Además, cuando los litigios de esas élites se dirimen en los tribunales de la Unión Europea, ahí está la Abogacía del Estado para defender los intereses de los poderes financieros, empresariales y económicos. Incluso, quien debería estar al servicio del pueblo, ha llegado a justificar la vulneración de derechos fundamentales para que los beneficios de las élites no se vean afectadas por la aplicación de la justicia.

Han pasado 45 años de constantes vulneraciones de la Constitución Española, violaciones que tienen como únicos responsables a la clase política que han convertido a la Carta Magna en papel mojado.