Mientras se investiga hasta dónde llegó la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia en las residencias de la tercera edad, estalla un nuevo caso de supuesta corrupción que en este caso podría salpicar al Gobierno, acorralado por las protestas de los agricultores, la polémica a cuenta de la ley de amnistía y los malos resultados electorales. La Guardia Civil ha detenido a una veintena de personas, incluido Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y ha practicado unos 26 registros o requerimientos en una operación desplegada por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en pandemia, informa Efe. Otra carga de dinamita en la línea de flotación de Moncloa que llega en el peor momento.
Una operación llevada a cabo el martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que está dirigida por la Audiencia Nacional, en la que también ha sido arrestado Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol.
La Fiscalía Anticorrupción investiga, según informa este miércoles en una nota de prensa, “presuntos hechos delictivos” asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, que podrían haberse cometido en la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que esta semana está de guardia, está a cargo de la investigación, que se encuentra secreta. Los investigadores han practicado actuaciones en diversas provincias de España. Fue concretamente en Alicante donde, fuentes próximas la investigación, Koldo García fue detenido este martes. El montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
Koldo García Izaguirre fue asesor de José Luis Ábalos en la etapa de este último como secretario de Organización del PSOE y ministro deTransportes. Su papel como persona cercana a Ábalos fue objeto de varias polémicas, entre ellas su participación en el encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, motivo por el que la oposición pidió explicaciones en el Congreso. Este asesor fue nombrado por Ábalos consejero de Renfe Mercancías, entre otros cargos, una de las empresas que dependen del Ministerio de Transportes y cuyos contratos durante la pandemia son objeto ahora de investigaciones por las presuntas mordidas que habrían cobrado algunos intermediarios.
José Luis Ábalos fue ministro de Fomento entre 2018 y 2021, etapa en la que compaginó el cargo con el de secretario de Organización del PSOE, con Pedro Sánchez como secretario general del partido. Actualmente es diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso. Por su parte, el exministro José Luis Ábalos se ha declarado “estupefacto” y “muy decepcionado” por la detención de su asesor y en todo caso ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Transportes. En los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la detención de quien fue su colaborador en el Ministerio, ha asegurado no tener más información que la aparecida en la prensa y en todo caso ha reconocido sentirse «estupefacto» y «muy decepcionado» con su excolaborador, con el que dice haber perdido relación con el paso de los años.
No es el primer escándalo que salpica a Ábalos. En 2020 se dio a conocer un encuentro del entonces ministro con una delegación venezolana en el aeropuerto de Barajas, en el que además del ministro de Turismo venezolano Félix Plasencia –asistente a FITUR– coincidió con la vicepresidenta de dicho país, Delcy Rodríguez, quien tiene prohibición de entrada al espacio Schengen. Tras negarlo inicialmente, Ábalos admitió haber mantenido una conversación con Rodríguez, añadiendo que solicitó a esta que procurara no bajar del avión. Posteriormente, se hizo público que ese mismo día se produjo una segunda reunión de 20 minutos en una sala VIP del aeropuerto. A pesar de que el asunto acabó en los tribunales, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Madrid archivaron el asunto entre 2020 y 2021 al no encontrar indicios de delito. El 10 de julio de 2021 se anunció su salida del equipo de gobierno de Pedro Sánchez, siendo sustituido por Raquel Sánchez Jiménez.
La justicia les salvará el trasero, como siempre hace con los políticos, ahora, a los currelas que defienden sus derechos, con esos se ceban los HDLGPTA.