En el día de hoy se ha sabido la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se investigue tanto a Emilio Saracho como a Ángel Ron, en su calidad de ex presidentes del banco incautado, por la quiebra y posterior incautación del Banco Popular. Esta medida del Ministerio Público la llevamos
reclamando desde Diario16 prácticamente desde el día en que la Junta Única de Resolución decidió intervenir al Popular y entregarlo al Santander por un euro dejando en la ruina a los más de 300.000 pequeños accionistas de la entidad. Lo que no pidió ningún medio de comunicación, ningún partido político (sobre todo los de la izquierda), ninguna organización de la sociedad civil —más allá de las que integran las demandas de los perjudicados—, lo hizo Diario16 desde su independencia y libertad. Es lo que tiene no tener facturas pendientes con nadie, que no traicionamos ni a nuestro ideario ni a los miles de lectores/afectados que cada día se ponen en contacto con nosotros para recalcar esa independencia.Un escándalo así no podía pasar desapercibido para la Fiscalía. Ya anunciamos en este medio que desde la propia institución se aconsejaba la admisión a trámite de las demandas, querellas y recursos que presentaran los afectados por la incautación. Y ahora ha dado el paso que llevábamos reclamando, por justicia hacia la ciudanía, desde hace meses.Investigar a Emilio Saracho y a Ángel Ron, además de a sus respectivos consejos de administración, es un paso correcto para comenzar el camino hacia la restitución del patrimonio y de la dignidad que una decisión injusta tomada para rescatar al Banco de Santander, una restitución que sólo puede pasar por la anulación de toda la operación y la devolución del banco a sus verdaderos dueños: sus accionistas y sus clientes.La investigación a Saracho es fundamental porque él fue el que ejecutó todos los procedimientos necesarios para llevar al Popular a una situación límite en la que los mercados le castigaban día sí y día también. Saracho, con su gestión, perjudicó a sabiendas a la entidad que presidía porque tenía otros jefes a los que presentar cuentas. Eso es cometer un presunto delito. Por otro lado, Emilio Saracho hizo movimientos encaminados a perjudicar al Popular como, por citar algunos ejemplos, dar informaciones confusas que generaron una pérdida del valor y una fuga de depósitos tanto personales como institucionales, provisionar activos no tóxicos, no acceder a la vía de liquidez de emergencia porque no presentó todas las garantías, tal y como confirmó el vicegobernador del Banco de España y comunicar que el banco no tenía esa liquidez a la que él mismo había rehusado o su colaboración para que se perdiera esa liquidez. Emilio Saracho hizo mucho para ser investigado, sabiendo que estaba presuntamente violando la ley, pero la pregunta que surge es esta, ¿qué protección puede tener una persona para obrar como obró sin importarle las consecuencias? Alguien que tiene poco que perder o alguien que sabe que es impune.Respecto a Ángel Ron, tiene la posibilidad de demostrar en la Audiencia Nacional que la gestión que hizo de la ampliación de capital fue correcta y que los movimientos posteriores que llevaron al Popular a donde lo han llevado fueron responsabilidad de quienes le obligaron a dimitir —Antonio del Valle y Reyes Calderón— y de los consejos de administración que le sucedieron. Si no lo puede demostrar entonces será responsable aunque tiene la tranquilidad de que todas sus cuentas fueron aprobadas en una Junta de Accionistas presidida por Saracho.
Por otro lado, ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía Anticorrupción pueden quedarse parados en investigar sólo a las cúpulas del Banco Popular Español. Hay otros muchos responsables de la ruina de más de 300.000 familias. En primer lugar, Luis de Guindos tendría que comparecer en calidad de investigado (imputado), previo suplicatorio por su condición de aforado, porque fue él quien diseñó toda la operación para que el Popular fuera adquirido por el Santander al menor coste posible. Todos los movimientos que se realizaron, ya fuera a través del mercado por las argucias y conocimientos del mismo de Emilio Saracho y de las posiciones bajistas dependientes de JP Morgan, ya fuera a través de la influencia en las instituciones europeas a través de su amigo, casi hermano, Antonio Carrascosa, ya fuera por el juego de distracción durante las semanas previas a la intervención poniendo a bancos respetables dentro del plató cuando la realidad era que el destino del Popular ya estaba dictaminado, ya fuera por el mero hecho de que un miembro del gobierno conspirara para beneficiar a una entidad privada, ya fuera por obligar a las entidades supervisoras (BdE y CNMV) a mirar para otro lado y, en definitiva, incumplir con su cometido y con la ley. Por todo ello, De Guindos debiera ser imputado o llamado a declarar porque eso es un tipo distinto de corrupción ya que, poner a los aparatos del Estado en manos de una entidad financiera privada, son comportamientos espurios, corruptos y pudiera llegar a ser prevaricación. Las entidades reguladoras dependientes de economía también deben ser llamadas a declarar por la inacción.Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción también tendría que investigar a Elke König porque, gracias a sus declaraciones, provocó un pánico total tanto a nivel de valor accionarial como a pérdida de depósitos, que fueron la puntilla para el Popular. Apenas una semana después de que esta mujer dijera que el banco estaba en vigilancia, el Popular fue intervenido.
La Fiscalía Anticorrupción tiene la obligación de investigar, además de a Saracho y a Ron, las filtraciones interesadas por parte de quien tenía toda la información y tenía acceso directo hacia los responsables financieros de las instituciones públicas que retiraron sus depósitos del Banco Popular, cosa que ocurrió y que supuso una pérdida de más de 14.000 millones de euros de liquidez.Los culpables son muchos y todos, uno a uno, tienen que ser investigados por Anticorrupción ya que lo que se ha hecho con el Popular es un modo de corrupción muy grave dado que el enriquecimiento no ha sido particular sino poner al servicio del Santander los aparatos estatales y europeos para rescatarle. En Diario16 hemos definido estos comportamientos como el tercer golpe de Estado a la democracia del poder económico del Gobierno. Por esta razón, el Santander, como beneficiario máximo, tiene que ser también investigado porque, gracias a un proceso presuntamente delictivo y corrupto, está arreglando su situación y ya está generando beneficios provocando, a su vez, el deterioro del patrimonio del Banco Popular, además de la ruina de 300.000 familias. La entidad cántabra, además, aceptó un bien que sabía a la perfección que le llegaba de manera no muy clara. Compró por un euro un banco incautado. Aunque, siempre tiene la oportunidad de reconocer su no participación en esta operación anulando la compra por un euro y devolviendo al Popular a sus legítimos dueños y, de este modo, hacer justicia.En otro orden de cosas, la justicia tiene que abrir otros caminos. Diario16 tiene constancia de una plataforma de afectados que va a ir por otra vía en la que también se infringió la ley, tal y como hemos publicado en este medio a través de análisis realizados por expertos en derecho mercantil: la vía concursal que, con la jurisprudencia existente y con las evidencias claras de que se violó ese procedimiento fundamental para la liquidación de una empresa, en este caso el Popular, paralizará de inmediato la operación y evitará que el Santander continúe beneficiándose del banco incautado.Por otro lado, además de empezar a intervenir en el caso del Popular, la Fiscalía tendrá mucho trabajo en los próximos meses puesto que por estas páginas aparecerán empresarios venezolanos que están haciendo negocios en España a través del Banco Activo, presidido por José Antonio Oliveros Febres Cordero, cuñado del asesor jurídico de Rafael Ramírez y, casualmente, muy vinculado a la entidad financiera cántabra.
