Tras el acuerdo con el Gobierno, se deroga la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del ministerio de Economía y Hacienda, donde se regulaba la exención del impuesto de contribuciones especiales y el de construcciones, obras e instalaciones, lo que supondrá al año más de 16 millones de euros para los ayuntamientos.
El nuncio de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, llegaron este miércoles un acuerdo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por el que la Iglesia Católica renuncia a partir de ahora a las exenciones fiscales derivadas de los acuerdos de 1979 de dos impuestos: el de contribuciones especiales y el de del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno
El acuerdo no afecta al IBI, del que seguirá exento. El ministro Bolaños ha explicado que el pago de estos dos impuestos supondrá al año más de 16 millones de euros para los ayuntamientos: “Desde hoy, que entra en vigor el acuerdo, el trato fiscal de la Iglesia Católica es absolutamente equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”.
En un comunicado conjunto, fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad, el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española, con el asenso de la Santa Sede, han alcanzado un acuerdo por el cual se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
“Con este fin, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos”, termina el comunicado conjunto.
Régimen fiscal de la Iglesia católica
El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación.
Dicha exención, regulada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se deriva del contexto fiscal que la institución eclesial tiene en base a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado (de 1976 y 1979, posteriores a la muerte de Franco), y era uno de los puntos en los que los obispos españoles estaban más dispuestos a ceder. El compromiso para pagar el ICIO, responde a que la Iglesia quiere pagar los impuestos que le corresponden, sin privilegios, pero tampoco sin discriminación.
