El Puerto de Alicante es un puerto urbano, situado en el eje central de la ciudad, lindante y próximo a barrios muy poblados como San Gabriel, Gran Vía Sur, Benalúa, Ensanche y Centro Histórico, y en el que, por tanto, «no caben actividades peligrosas ni contaminantes que puedan suponer un grave peligro para la población o alto riesgo de contaminación para las personas y el medio ambiente», denuncian desde Ecologistas en Acción.
Se encuentra además situado entre dos espacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, por su condición de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): el LIC marino del Cabo de la Huerta y el LIC Y ZEPA marino de Tabarca, que se extiende desde el entorno de la desembocadura del Barranco de las Ovejas hasta la isla de Tabarca. La numerosa normativa legal en materia medioambiental dicen que hace inviable la autorización de este tipo de instalaciones peligrosas y contaminantes, «puesto que su objetivo es impedir la contaminación procedente de las mismas y que podría afectar también a las playas urbanas de El Postiguet, San Gabriel, Albufereta, Almadraba, Urbanova y San Juan».
El litoral de la ciudad, sus playas, su puerto, son fundamentales para el desarrollo de actividades económicas y por tanto de su desarrollo en general. A su juicio, «este tipo de instalaciones son incompatibles con nuestro modelo de ciudad, beneficia a muy pocos y perjudica los intereses sociales, ambientales y económicos generales. Además, van en la línea contraria a la lucha contra el cambio climático, al fomentar el uso de combustibles fósiles, principales causantes del efecto invernadero».
El muelle 17
El Consejo de la Autoridad Portuaria de Alicante aprobó el 25 de julio de 2019 la modificación de la concesión en el muelle 17 en favor del proyecto promovido por la empresa XC Business 90 SL. Según la organización ecologista, «esto se llevó a cabo sin tener en cuenta ni ajustarse a derecho respecto a circunstancias como el descarado e irregular fraccionamiento del proyecto en dos fases para evitar los mayores controles exigibles, una primera con 6 macrodepósitos que almacenarían 100.000 toneladas de combustible y una segunda con otros 12, hasta un total de 700.000 toneladas».
También denuncia el incumplimiento del Convenio firmado en marzo 1995 entre el Gobierno Central, la Autoridad Portuaria de Alicante, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y la compañía logística de hidrocarburos CLH, por el que, con un «claro interés social» como objetivo, se trasladaban los depósitos de combustible entonces existentes en el Puerto lejos del núcleo urbano, y las instituciones públicas intervinientes se comprometían a que «en el futuro no debía haber instalaciones de estas características, para evitar las repercusiones negativas de posibles accidentes y su impacto ambiental”.
Tampoco se cumple la «distancia mínima de 1.000 metros a núcleos urbanos» de este tipo de instalaciones recogida en la ley de 6/2014 de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana o «la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio de Medio Ambiente (MITECO)».
«Falta de solvencia de la empresa promotora»
Otro de los aspectos que pone de relieve Ecologistas en Acción es «la falta de solvencia económica, técnica y profesional de la empresa promotora para hacer frente a las obligaciones de la concesión. La memoria económica no recoge ingresos, ni gastos ni recursos financieros. Además, no está inscrita en el ROLECE, registro de licitadores del sector público, ni figura en el Registro de operadores de comercialización de productos petrolíferos».
Seguridad en entredicho
Asimismo, una de las preocupaciones de la organización es «la ausencia de retén de bomberos y de Plan de Emergencia en el Puerto, así como la imposibilidad de atender una posible catástrofe por parte del cuerpo de bomberos de la ciudad», junto a la «falta del informe de seguridad exterior y emergencias que tiene que emitir obligatoriamente la Subdirección General de Emergencias de la Conselleria de Justicia e Interior», dada la magnitud del almacenamiento de una sustancias peligrosa y explosiva como son los combustibles planteada en el proyecto, «en el que no están acreditadas las medidas para abordar el peligro por explosión y accidente grave». A todo esto, añaden «el enorme tránsito de camiones cisterna que circularían por las inmediaciones de los densamente poblados barrios del sur, y concretamente a menos de 100 m de varios centros escolares de primaria e institutos».
A la existencia en el muelle 19, a 60 metros de donde está prevista la instalación de los 6 macrodepósitos de la primera fase, de dos fábricas «que manipulan también sustancias peligrosas y explosivas, como el nitrato amónico de la planta de fertilizantes químicos (que provocó el gravísimo accidente en el Puerto de Beirut en 2020) y el proceso de fabricación de betunes modificados y emulsiones bituminosas que requieren de combustión continua de gasoil y fueloil en la planta petroquímica de betún asfáltico», se une el atraque de grandes petroleros (hasta 80.000 toneladas de combustible), a menos de 1.000 m de barrios densamente poblados, lo que, en palabras de los ecologistas, «implicará un riesgo inasumible para esta ciudad, y conllevará además continuos e inevitables derrames por el mero funcionamiento habitual de la instalación, el trasiego y fondeo de petroleros en nuestra bahía y la operación de bunkering o traspaso de combustible, todo ello en pleno LIC marino Tabarca; y una altísima probabilidad de un accidente como el del Prestige en 2002».
Las exigencias de los ecologistas
Por ello han exigido al Ayuntamiento de Alicante la presentación del recurso de casación contra la sentencia del TSJCV del pasado 23 de abril de 2024 que avala la concesión de licencia ambiental por silencio positivo a la empresa promotora.
A la Autoridad Portuaria de Alicante y al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana la revocación, rescate o procedimiento que se considere de la modificación de la concesión otorgada a la empresa XC Business 90 SL el 25 de julio de 2019 por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, «para descartar de forma definitiva esta aberrante instalación, que convertiría nuestra ciudad en un apéndice de una gran planta petrolífera».
Al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) le piden la preceptiva emisión de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) «que la APA debió requerirle antes de aprobar la modificación de la concesión en julio de 2019, por afectar gravemente este proyecto a los LIC/ZEPA marinos protegidos, a las 6 playas urbanas y a todo el litoral de la ciudad».
En el caso de la Conselleria de Medio Ambiente solicitan «la emisión del correspondiente informe ambiental desfavorable sobre este proyecto por las graves afecciones medioambientales que conlleva sobre nuestro medio marino» y a la Conselleria de Justicia e Interior «la emisión del correspondiente informe de seguridad y emergencias desfavorable».
Asimismo, reclaman a todas estas administraciones la firma de un nuevo Convenio que, de acuerdo al interés social y ambiental «de una ciudad europea mediterránea del siglo XXI como es Alicante», rechace de forma inequívoca y categórica en el momento presente y en el futuro la existencia en el Puerto de Alicante de cualquier instalación o actividad contaminante o peligrosa, que incluya el compromiso para el traslado de las dos plantas industriales, la de fertilizantes químicos y la petroquímica de betún asfáltico, a un polígono industrial, y que establezca la obligación de que el resto de actividades se realicen cumpliendo las leyes de protección del medio ambiente y la salud humana aplicando las mejores técnicas disponibles.
