La JUR se ríe en la cara del pueblo español con la complicidad del Ministerio de Economía en el caso del Popular

En Diario16 ya publicamos y analizamos la respuesta que la Junta Única de Resolución, a través de Danièle Nouy, dio a las preguntas que le hicieron al respecto diferentes eurodiputados españoles respecto a las razones de la intervención del Popular. La respuesta fue la siguiente: «Los problemas estructurales de la entidad (elevado volumen de activos dudosos, bajo nivel de provisiones, baja rentabilidad) fueron detectados en la evaluación global llevada a cabo en 2014 cuando se estaba estableciendo el Mecanismo Único de Supervisión y se habían reflejado desde entonces en requisitos de capital acordes con dichos problemas en el marco del proceso de evaluación y revisión supervisora». En esa carta, además, se hacía referencia a los test de estrés, test que, como informamos en 2016, el Popular los pasó sin mayores problemas ya que tal y como rezan los propios datos del BCE, estaba un punto por encima del mínimo.En aquellas respuestas a europarlamentarios españoles o las dadas posteriormente a diferentes despachos de abogados que solicitaron acceder a la documentación, la JUR hizo hincapié en que el principal motivo era proteger la confidencialidad de los datos, puesto que podían afectar a las acciones comerciales del Santander. Exactamente decía lo siguiente: «la publicación de estos documentos podría socavar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas. Los datos financieros antes mencionados, en particular, la información sobre la posición de Popular en el mercado, además de información sobre sus activos y responsabilidades, constituyen información financiera sensible de Santander como comprador de Popular. La revelación de esta información, en este momento, podría socavar la protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a su posición competitiva en el mercado bancario».Sin embargo, la clase política española, tras los muchos llamamientos de Diario16 a su implicación en el caso del Banco Popular, ha reaccionado y desde la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera y el programa de asistencia se ha solicitado la comparecencia de Elke König, presidenta de la JUR y que este organismo dependiente del BCE remita la información al Congreso de los Diputados relacionada con la intervención y en base a la cual se tomó la decisión final de entregar el Popular al Santander. Entre esta documentación se encuentra el ya famoso informe de Deloitte. La respuesta ha sido negativa porque «la divulgación del informe de valoración podría tener efectos en los mercados financieros y los actores del mercado y socavaría la protección del interés público en lo que respecta a la estabilidad del sistema financiero de la Unión, su política financiera o económica y en particular, la política relativa a la resolución de las instituciones de crédito. El informe de valoración no sólo contiene información detallada sobre los datos financieros del Banco Popular Español SA, cuya divulgación socavaría sus intereses comerciales, la metodología empleada por el valorador independiente, así como otros aspectos del informe de valoración también son de gran importancia más allá del caso individual. Teniendo en cuenta su contenido, el informe de valoración socavaría también la protección del interés público en lo referente a la confidencialidad de la información». Entonces ¿es para proteger los intereses comerciales del Santander, tal y como se afirmó en la primera respuesta a los europarlamentarios o en el informe censurado publicado por el BCE o para proteger a todo el sistema financiero? Es una desfachatez y una falta de respeto hacia el propio pueblo español, puesto que el Congreso de los Diputados es donde se encuentran los representantes de ese pueblo elegidos democráticamente a través del sufragio libre.Sin embargo, lo más grave es que la respuesta al Parlamento es fruto de un pacto con el Ministerio de Economía quien estaría dispuesto a hacer público un informe realizado tras la intervención y, de este modo, no verse obligados a hacer público el informe de Deloitte.Los propios diputados confirman que para que la Comisión avance en sus trabajos es fundamental que tengan acceso a esa información. Exactamente igual que les ocurre a los diferentes despachos de abogados que defienden los intereses de los más de 300.000 afectados por esa decisión, sobre todo, teniendo en cuenta que son muchos los que defienden que la última crisis que terminó con la resolución e intervención del Popular fue provocada por las declaraciones nada inocentes de Elke König a la cadena Bloomberg.Los parlamentarios españoles inciden en un hecho fundamental: esa documentación se ha pagado con dinero público por lo que tiene que ser de libre acceso para todo aquel que lo solicite. Mucho más tratándose del Parlamento de un país miembro de la Unión Europea.Realmente, ¿qué oculta ese informe para que no se le haya dado acceso a ninguna institución nacional o europea? ¿Tal vez sea porque se certifique que lo que realmente se esconde en el informe de Deloitte es que se trató de un documento de liquidación, lo que llevaría a reconocer que se ha vulnerado la ley española? El informe de Deloitte va a pasar a la historia por el mismo nivel de secretismo que los documentos clasificados del asesinato de John Fitzgerald Kennedy o el aterrizaje extraterrestre de Roswell.