La declaración de Ana Patricia Botín en la Audiencia Nacional abrió una caja de pandora que podría ser beneficiosa a los intereses de los afectados, además de descubrir muchos detalles hasta ahora ocultos bajo el manto de la opacidad.
En concreto, tuvieron que declarar varios de los directivos del Santander que, según su presidenta, fueron los encargados de realizar el Proyecto Neptuno. Además, solicitaron al magistrado José Luis Calama Teixeira que reclamara a la Junta Única de Resolución (JUR) la entrega de los documentos clave sobre la subasta que finalizó con la venta del Popular por un euro.
No obstante, durante los años que han pasado desde la resolución del Popular muchos afectados han reclamado esta documentación a la JUR. Diario16 ha tenido acceso a un documento del organismo europeo en el que reconoce que no puede hacer pública esa información porque el Santander se opone a ello.
«Con respecto a la oferta presentada por Banco Santander el 7 de junio de 2017, tenga en cuenta que se trata de un documento de un tercero. Se ha consultado tanto a Banco Santander como al FROB, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento 1049/2001. El Banco Santander se ha opuesto a la divulgación del texto completo de los documentos y ha justificado su posición de la siguiente manera:
- … [estos documentos] contienen intereses comerciales, ya que la oferta responde a una decisión estratégica y comercial de la entidad que se detalla en el acuerdo de compra; y
- el contenido sensible de los documentos se ha reconocido expresamente durante el proceso, ya que la oferta y el acuerdo de compra se han tratado como documentos confidenciales.
» En su respuesta, el FROB también se ha referido a las declaraciones del Banco Santander en relación con la no divulgación de este documento».
Opacidad e impunidad versus transparencia
Estos documentos que el banco presidido por Ana Patricia Botín se negó a que fueran entregados a los afectados son una muestra más de que en la opacidad se vive mejor porque se puede operar dentro de la impunidad. Eso es algo que la Administración de Justicia no puede tolerar porque se estaría incurriendo en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, en consecuencia, se está dejando a los 1,2 millones de personas afectadas en la más absoluta indefensión.
La subasta es clave para la nulidad
Todo lo relacionado con la subasta es clave, puesto que el hecho de que la oferta del Santander se presentara fuera de plazo, como el propio banco reconoció en un escrito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), supone una infracción grave de las normas que rigen cualquier acto administrativo y traería como consecuencia fundamental la nulidad de todo el proceso.
La anulación de la operación en base a la presentación fuera de plazo de la oferta es clave y Diario16 lleva años, con documentación, informando y reclamando la anulación de todo el procedimiento, del mismo modo en que afectados presentaron ante el Ministerio de Economía de Nadia Calviño una acción de nulidad y que fue archivada, a pesar de la evidencia de las pruebas, colocando, de este modo, a Pedro Sánchez en el mismo nivel de connivencia que el Gobierno de Mariano Rajoy y Luis de Guindos.
La aparición sorpresiva de esa ampliación formal de plazos, que ni siquiera el Santander había mencionado cuando quiso justificar la legalidad de haber presentado su oferta fuera de plazo, no es más que la consecuencia de que el banco presidido por Ana Patricia Botín puede ver peligrar toda la operación y contemplar seriamente la anulación de la misma por las diferentes justicias que están instruyendo el Caso Popular. Además, tal y como publicó en exclusiva Diario16, la JUR desmintió cualquier ampliación de los plazos.