La Justicia no puede permitir que el Santander siga haciendo negocio con el Popular

Se van a cumplir cuatro meses desde que la JUR intervino al Banco Popular Español y se lo entregó al Banco de Santander por un euro y, a medida que va pasando el tiempo, los indicios de que la operación no fue transparente son más obvios, tal y como hemos publicado en estas páginas.Ya hemos dicho que el objetivo de toda la estrategia que fue denominada como «Operación Washington» por sus inductores no era otro que el rescate del Santander, y para ello necesitaban de una entidad solvente, seria y de prestigio que pudiera hacer frente con su patrimonio y su cartera de negocio a los importantes agujeros que tendrían las cuentas de la entidad cántabra tras los malos resultados en Latinoamérica y los efectos del Brexit, además del incremento significativo de los costes operativos de algunos de sus productos estrella.Esa falta de transparencia en la operación ha llevado a los más de 300.000 afectados por la intervención a presentar diferentes querellas y, ante la más que probable admisión a trámite por parte de los diferentes órganos judiciales tanto de demandas como de recursos, el Santander quiere evitar por todos los medios que la operación se anule o, simplemente, que se paralice cautelarmente. De ahí que esté implementando estrategias de rentabilización rápidas o movimientos legales que presenten ante la Justicia un escenario de tierra quemada o de hechos consumados por la cual se muestre que todo lo realizado es irreversible, dejando, de este modo, a los afectados sin posibilidad de recuperar lo que se les incautó en la noche del 6 al 7 de junio.Según ha podido saber Diario16 de fuentes de extrema solvencia, el próximo movimiento del Santander va encaminado, precisamente, a dejar sin naturaleza jurídica al Popular y, por tanto, eliminar la marca. Esto provocaría que las actuaciones judiciales se archivaran o se dirigieran hacia el propio Santander. Esta es una de las razones por las que a los afectados que están contratando los bonos convertibles de fidelización se les exige una renuncia expresa a interponer cualquier tipo de demanda contra la entidad cántabra. Es decir, el Santander pretende hacer lo mismo que hizo Escipión Emiliano al llenar de sal las tierras de Cartago para que nada volviera a crecer allí.La Justicia tiene la obligación de paralizar de oficio cualquier operación del Santander respecto al patrimonio o la cartera del Popular. El último ejemplo de ello lo tenemos en la reapertura de la venta del banco americano del Popular, TotalBank, al chileno BCI, propiedad de la familia Yarur. El precio de la operación podría estar en el entorno de los 500 millones de euros. Según el Santander, la entidad norteamericana no encaja en los planes de los cántabros. La realidad es otra y nuestros lectores ya saben cuál es después de comprobar cómo ya se ha vendido un 51% de la cartera inmobiliaria del Popular por 5.000 euros al fondo BlackStone apenas unas horas después de que la Comisión Europea diera la autorización a la operación por la que el Popular pasó a ser propiedad del Santander por un euro. El banco cántabro necesita dinero para arreglar sus cuentas y lo está captando a través de los activos, del patrimonio y de la cartera de negocio del Popular, un modo de paliar las pérdidas de beneficios, así como a regularizar los riesgos de miles de millones de euros que presuntamente tiene el Santander con Abengoa en Brasil y México y que no fueron declarados en España. Esta cuestión tiene que conocerla perfectamente el Director General Adjunto y experto en liquidaciones Javier Garcia-Carranza, en primer lugar por ser quien se encargó de la gestión de la deuda de Abengoa y, en segundo lugar, por su relación familiar con los Benjumea,a pesar de la evidente mala relación existente.El Santander está actuando de un modo amoral. En casos como el de Duro Felguera, del que está informando nuestra compañera y corresponsal en Asturias Claudia Moreno, está llegando a acuerdos con personas o familias que desde un punto de vista moral o ético son bastante cuestionables. En el caso de TotalBank se lo quieren vender al BCI chileno, dirigido por la familia Yarur, una familia que ha estado envuelta en escándalos de corrupción como, por ejemplo, las aportaciones a Golborne, y que aparecía en los Papeles de Panamá. En el caso de Duro Felguera, impusieron a Miguel Zorita, con su largo curriculum de negocios poco limpios, mientras están pidiendo la dimisión del presidente de la compañía asturiana por una querella que aún no ha sido admitida a trámite por un juez.Por todo ello, la Justicia tiene que actuar rápidamente y paralizar cautelarmente cualquier operación que pueda hacer el Santander con el patrimonio, los activos y la cartera de negocio del Popular, lo mismo que la posibilidad de que apliquen un plan de reestructuración que dejará en la calle a un 70% de la plantilla actual del banco intervenido. Hay demasiado en juego como para que se mire hacia otro lado: la dignidad y el patrimonio de los 300.000 afectados arruinados y los puestos de trabajo de los empleados del Popular.Finalmente, Diario16 ofrecerá el próximo lunes a nuestros lectores los oscuros movimientos que llevaron al Popular a ser intervenido.