Hay ocasiones en que suceden cosas inexplicables y hoy ha sido una de ellas. De todo el mundo es conocida la "buena relación" que mantienen Banco Santander y la Justicia. Nadie puede olvidar que para salvar los intereses de la entidad cántabra se han llegado a crear doctrinas legales ad hoc, los jueces no han aplicado artículos del Código Penal a propósito o se han archivado causas sin tener en cuenta las pruebas o los informes periciales para no tener que condenar o procesar al banco.
Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado de hoy publica algo extraordinario que en un país democrático no debería serlo tanto: una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto en su sitio al Santander.
En concreto, se ha desestimado el recurso interpuesto por la entidad presidida por Ana Patricia Botín contra la multa de un millón de euros que el gobierno de Pedro Sánchez le impuso porque durante la época de la Presidencia de Emilio Saracho de Banco Popular el Sepblac detectó ciertas deficiencias en la comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Tras la resolución de Popular y ser comprado por un euro por el Santander, el gobierno entendió que la responsabilidad administrativa por estas irregularidades eran exigibles a la entidad cántabra.
El Santander recurrió porque, siguiendo la misma estrategia que han mantenido en otros litigios, afirman que no se les puede responsabilizar de actos previos a la compra del Popular. Es decir, el Santander pretende, como Diario16 lleva denunciando desde hace años, quedarse con los beneficios pero no pagar nada de lo que es responsable.
Sin embargo, el Constitucional ha considerado que admitir que la disolución de una persona jurídica conlleva la eliminación de todas las responsabilidades equivaldría a la elusión de las mismas. Además, insiste en que la transmisión del negocio del Popular al Santander derivó en la transmisión de todas las relaciones y, en consecuencia, todas las operaciones y su responsabilidad correspondiente.
Esta decisión coloca a Banco Santander en una situación difícil de cara a la apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional, puesto que la entidad podría ser procesada en el Caso Popular o declarada responsable universal en caso del pago de indemnizaciones.