Ayer, martes 20 de febrero, se cumplió un año desde la aprobación por el Parlamento de la ley 2/2023 destinada a proteger a los informantes de actos de corrupción, mediante la cual se llevaba a cabo la transposición de la Directiva "Whistleblowing". A pesar de haber sido un hito, la implementación de la ley no se ha llevado a cabo, puesto que en ella se establece la instauración de una Autoridad de Protección del Informate (AAI), que no ha sido aún establecida.
Las consecuencias directas de la falta de implementación de esta autoridad es que las personas denunciantes quedan en una situación de vacío legal, que es contrario a las normas europeas en la materia.
Consecuencias de no aplicar la ley
Desde la Fundación Hay Derecho denuncian esta situación, y apuntan, según recoge Confilegal, a la generación de una serie de problemas como:
- Los informantes de corrupción, quienes a menudo enfrentan represalias graves por su acto de integridad en beneficio del interés general, carecen de una autoridad que los proteja o brinde asesoramiento, excepto en las pocas regiones donde se ha establecido por ley propia.
- Existen dificultades para reportar actos de corrupción de forma anónima, tal como lo contempla la ley.
- Se observa una falta de equidad entre las exigencias impuestas a las empresas privadas con más de 50 empleados y las entidades públicas, que debían establecer canales internos de denuncia en un plazo obligatorio, y la falta de plazo y cumplimiento en la creación del canal externo, dependiente de la aún inexistente Autoridad.
- La ausencia de esta autoridad implica que no hay ninguna institución supervisando el cumplimiento de la ley, una función que estaba reservada para la A.A.I.
Nombramiento mediante Real Decreto
Desde Hay Derecho, su Directora General, Safira Cantos, señala que "No es admisible que se exija más a ciudadanos y empresas corrientes que al propio Gobierno, responsable legal de que llevemos un año sin Autoridad de Protección a denunciantes de corrupción".
"España está dejando pasar una oportunidad única para generar confianza ante potenciales denunciantes de corrupción. Traspuso la directiva europea tarde, y ahora ni siquiera se cumple la ley", subraya.
Para designar a la persona responsable como Autoridad de Protección es necesario un Real Decreto que ha de emitir el Consejo de Ministros.