El magistrado José Luis Calama Teixeira había reclamado una importante documentación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre la que se encontraba la exigencia de entregar todos los correos relacionados con el Caso Popular.
En un primer momento, el FROB afirmó no encontrar dicha documentación. Sin embargo, parece que han encontrado una parte de ellos y la han entregado a la Audiencia Nacional. Diario16 ha tenido acceso a esa documentación.
El cruce de correos entre Jaime Ponce, expresidente del FROB y Elke König, presidenta de la Junta Única de la Resolución (JUR), es lo más curioso.
BCE y JUR no quieren entregar documentación a Calama
Por otro lado, las comunicaciones de la JUR y del Banco Central Europeo (BCE) (amablemente traducidas por el FROB) ponen de manifiesto que ambas instituciones están en desacuerdo en remitir información sobre la resolución y entregar correos con opiniones personales «que no reflejan la posición institucional de la JUR o del BCE».
En consecuencia, se han eliminado las identidades de los que intervienen en las comunicaciones, algo que es incomprensible y que sólo podría esconder la intención de ocultar a las personas que tuvieron una relación directa en la resolución del Banco Popular. Salvo los correos König/Ponce, que son muy duros para con la presidenta de la JUR, los demás son emails que tienen que ver con el acceso al Virtual Data Room (VDR).
Los correos están desordenados, se remiten cadenas de emails sin orden, repetitivamente, en las que se relacionan informaciones nada relevantes. Por cierto, entre los que tuvieron acceso a la VDR está Uria y Menéndez, el despacho de cabecera de Banco Santander y el bufete que contrató Emilio Saracho cuando aún no tenía poderes para hacerlo.
Otra cosa que sorprende es que, por una omisión del censor, se descubre que uno de los abogados de Uría que accedió a la VDR fue Juan Miguel Goenechea, la persona que remitió a Saracho, a través de Joaquín Hervada, los documentos en los que se dan instrucciones de cara a la inviabilidad y el plan del día después de la resolución, el «Día R». A este socio de Uría y Menéndez se refería Hervada como «Juanmi».
La JUR y el BCE cuestionan la competencia de los juzgados españoles
Por otro lado, es muy grave el hecho de que, según se expone en la documentación, tanto la JUR como el BCE cuestionan la competencia de los tribunales españoles sobre la resolución y restringen el acceso a documentos concretos con argumentos absolutamente vanos.
Ante una situación de desprecio absoluto por parte de los diferentes organismos implicados en la resolución, tanto públicos como privados, el magistrado Calama Teixeira tiene dos caminos a seguir. Seguir reclamando los documentos de manera «cordial y amistosa» a través de providencias o, la que sería más efectiva, ordenar registros en las diferentes sedes, tanto nacionales como internacionales, de dichos organismos públicos y de las empresas que se beneficiaron, de un modo u otro, de la resolución y de la ruina de 1,2 millones de personas.