La pareja de Ayuso aceptaba 8 meses de  cárcel y una multa de medio millón de euros para evitar el juicio por fraude fiscal

Se ha hecho público que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ofreció a la Fiscalía asumir una condena de ocho meses de prisión y pagar una multa de 525.000 euros para eludir un juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Esta información, divulgada por la Cadena SER, arroja nueva luz sobre las complicaciones legales que enfrenta González Amador y contradice varias afirmaciones previas de Ayuso sobre la situación fiscal de su pareja.

El abogado de González Amador presentó el pasado 2 de febrero un documento de ocho páginas en el que su cliente admite haber cometido dos delitos de fraude fiscal, aceptando una pena de cuatro meses de prisión por cada delito. Además de la pena carcelaria, el documento revela que González Amador estaba dispuesto a pagar la cuota defraudada más intereses, que asciende a 375.000 euros, y añadir un 40% adicional en concepto de multa, lo que totaliza los 525.000 euros.

Además de las sanciones económicas, el acuerdo propuesto incluía condiciones severas como la prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas y la incapacidad de beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses. Sin embargo, la Fiscalía no aceptó este acuerdo preliminar, insistiendo en que González Amador también debería responder por el delito de falsedad documental, dado que se utilizó un sistema de facturación falsa para cometer el fraude.

Este giro en los acontecimientos es especialmente significativo en el contexto de las repetidas declaraciones de Ayuso, quien ha defendido la integridad fiscal de su pareja y ha denunciado lo que ella describe como una «cacería política» en su contra. La discrepancia entre las afirmaciones de Ayuso y los hechos ahora conocidos pone en entredicho su credibilidad y aumenta la presión sobre su administración para que dé explicaciones detalladas y transparentes sobre las actividades fiscales de su pareja.

La situación se complica aún más con la revelación anterior de que la Hacienda Pública debería devolver más de medio millón de euros a González Amador por un supuesto sobrepago en el Impuesto de Sociedades de 2022, una afirmación que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo desconocer, aportando, supuestamente, más dudas sobre la veracidad de las informaciones manejadas por la Comunidad de Madrid.

Esta serie de eventos no solo ha generado un clima de escepticismo y crítica entre los ciudadanos y los partidos de oposición, sino que también ha alimentado un debate más amplio sobre la transparencia y la honestidad en la administración pública. Las explicaciones de Ayuso, que en ocasiones anteriores intentaron minimizar o desviar la gravedad de las acusaciones, ahora parecen insuficientes ante las evidencias emergentes.

La presión aumenta para que la presidenta de la Comunidad de Madrid aclare su posición y la de su pareja ante estos graves señalamientos. La necesidad de rendir cuentas es imperativa, no solo para mantener la confianza pública sino para asegurar que los estándares de conducta y legalidad se mantienen sin importar el estatus o la posición política de los involucrados.

Mientras la Fiscalía sigue adelante con su investigación, y con rechazos a los intentos de acuerdo de conformidad por parte de González Amador, la expectativa de un juicio se mantiene, prometiendo más revelaciones y posiblemente más desafíos para Ayuso y su gobierno. Este caso resalta la importancia crítica de la transparencia y la integridad en el manejo de los asuntos públicos y personales de los políticos, cuyas acciones y decisiones están, justificadamente, bajo el microscopio público.