La Plataforma Caracol nació en febrero de 2017, como señala en su página web, "fruto del hastío en general y de la desesperación en particular provocada por la parada ilegal que la organización de la feria internacional ARCO puso a los vehículos VTC dentro del recinto de IFEMA".
Desde entonces, este colectivo de taxistas ha venido denunciando la situación que están sufriendo ante las políticas que les desprotegen y abren las puertas del servicio VTC sin cuidar del sector del taxi.
Hoy, desde la Plataforma Caracol, informan de la presentación ante la Comisión Europea de la denuncia contra la conocida como "ley Uber" del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (ley 5/2022 de 27 de septiembre, que modifica la ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Terrestres Urbanos de la Comunidad de Madrid y la ley 11/2023 de la Comunidad de Madrid, que modificaba a su vez, los cambios hechos en la versión anterior, contraria a los artículos 107.1 y 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
Motivos de la denuncia
Según el escrito público que presenta la Plataforma Caracol, se señala que los motivos de la denuncia son los siguientes:
1. Las vtcs que hay en España son autorizaciones estatales concedidas por el estado Español, que únicamente habilitan para realizar servicios que discurran entre diferentes comunidades autónomas. Para que un vehículo VTC pueda realizar transporte dentro de una Comunidad Autónoma, deberían haber creado unas nuevas autorizaciones autonómicas y municipales, las cuales deberían someterse a la contigentación del 1/30 que aún hoy viene redactada en la ley española (1 vtc por cada 30 Taxis). Haciéndolo así, en Madrid habría 590 VTCs y no las 8.000 que actualmente están operando. Lo que hizo la Comunidad de Madrid es regular unas autorizaciones sobre las que no tiene competencias al ser estatales, y permitirles operar en un suelo en el que tampoco tiene competencias como es el transporte urbano municipal. De esta manera, no solo les regalaba un mercado en el que operar (violando así el principio de igualdad), sino también los millones de euros que deberían haber ingresado las arcas públicas en concepto de tasas autonómicas por todas las autorizaciones que debería haber creado y no creó, para que hubiese VTCs operando en la Comunidad de Madrid. Esta ayuda de estado la regalaba introduciendo la Disposición Adicional Cuarta de la le Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.
2. Regalo también de las tasas municipales que no han tenido que pagar en cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid (179), al permitirles operar en todos ellos. (600 euros × 8.000 vtcs)
3. EXENCIÓN SANCIONATORIA: Lo que ha permitido a las VTCs operar como Taxis sin ninguna consecuencia y por tanto ejercer como Taxis sin pagar ninguna tasa ni licencia. (600 euros multiplicados por las 8.000 vtcs estatales domiciliadas en la Comunidad de Madrid)
4. BLINDAJE DE LAS VTCs nacionales domiciliadas en la Comunidad de Madrid: cerrando el mercado para que nadie más pueda solicitarlas. Lo que supone unas Ayuda de Estado estimadas en decenas de millones de euros.
5. Con la Ley 11/2023, la Comunidad de Madrid le quita las competencias en Transporte Discreciomal de Viajeros en vehículos de menos de 9 plazas, a todos los municipios que conforman la Comunidad de Madrid (incluida la Ciudad de Madrid). Y con esta acción, después de haberles regalado la autorización autonómica, sin pagar las tasas correspondientes, a determinadas personas y empresas ya señaladas a dedo, regala también así, definitivamente, todas las autorizaciones municipales de cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid (179 municipios). Por tanto, les regala así los 51.552.000 euros que aproximadamente costarían las 170 autorizaciones municipales (36 euros cada una), multiplicadas por las 8.000 vtcs estatales domiciliadas en la Comunidad de Madrid, beneficiados de estas Ayudas de Estado.
6. A través de esta misma Ley 11/2023, se introduce un supuesto régimen sancionador que no se puede aplicar por ser ilegal, al vulnerar el artículo 25.1 de la Constitución Española, con la clara intención de contentar a los Taxistas haciéndoles creer la redacción de una ley para protegerles que posteriormente nunca podrá ser efectiva por ser inconstitucional. Regalándoles así los 4.800.000 euros que costarían las licencias de Taxi para todos las vtcs estatales domiciliadas en la Comunidad de Madrid y beneficiadas por esta ayuda. (600 euros por cada una)
7. A sabiendas de que la contingentación entre Taxis y vtcs del 1/30, estaba ya a punto de caer en Europa, en la ley 11/2023, modificando el artículo 14.2, dejándolo redactado así: «No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones, a los efectos de preservar el desarrollo equilibrado de las distintas formas de transporte de viajeros en vehículo turismo, denegará el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, en atención al número de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor otorgadas por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, junto con las estatales habilitadas para prestar servicios urbanos existentes, al número de autorizaciones para realizar transporte de viajeros en automóviles de turismo domiciliadas en la Comunidad de Madrid y al conjunto de la población cuyas necesidades de movilidad debe garantizar, constando esta motivación en el procedimiento». ”Estancando así de nuevo el mercado e impidiendo la entrada de nuevos operadores Europeos.”De esta manera, aunque la contingentación de 1 vtc por cada 30 taxis ha sido declarada ilegal según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece exactamente la misma contingentación, pero con base en lo que a la Comunidad de Madrid le da la gana, sin haber realizado un estudio previo con su correspondiente informe, para explicar y demostrar que se trata de una cuestión de interés general. La cuestión aquí es que todas las ayudas de Estado siempre son en el beneficio de las mismas empresas y no solo cerrándoles el mercado para evitar la entrada de nuevos competidores europeos, sino haciendo que las administraciones dejen de ingresar decenas y decenas de millones de euros, en perjuicio, una vez más, de Europa.
Denuncia abierta a la participación ciudadana
Desde la Plataforma Caracol,explican a diario16.com que durante los próximos días, se facilitará toda la documentación necesaria y las herramientas pertinentes para conocer cómo se pueden ejercitar los derechos como ciudadanos europeos ante esta situación. Y en este sentido, se podrán presentar más denuncias como la que acaba de presentar la Plataforma, por parte de cualquier ciudadano europeo.