Meritxell Batet sopesa dar la autorización a la Policía para que entre en el Congreso de los Diputados y registre el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, implicado en el caso Mediador. La Mesa del Congreso espera que la petición de los agentes llegue en cualquier momento. De confirmarse la noticia difundida por la periodista María Llapart, de La Sexta, estaríamos ante un hecho inédito en la historia de nuestra democracia. Nunca antes, ni siquiera en los peores años de la corrupción felipista de los años noventa ni del PP ya entrado este siglo, la Policía había accedido al Parlamento, considerado el sagrado templo de la democracia.
Sin embargo, hay razones suficientes para la redada policial. La primera de ellas es que existen indicios suficientes para pensar que la red corrupta canaria cerraba negocios y tratos comerciales con los empresarios que entraban y salían del Congreso como auténticos mediadores, intermediarios, conseguidores o lobistas. Precisamente esta semana la propia Mesa del Congreso ha ordenado que se adopten medidas mucho más severas y estrictas para que los diputados no puedan convertir la Cámara Baja en un zoco para sus negocios personales. A partir de ahora tendrán que ser anotadas todas las visitas a los despachos, con nombres, apellidos y número de DNI del visitante. Hace tiempo que se sospecha que los lobbies tienen demasiado protagonismo en la Cortes. Gente que va allí a pedir, a solicitar, a proponer proyectos y operaciones de todo tipo. El “qué hay de lo mío” de toda la vida. El caso Tito Berni ha supuesto un antes y un después. Pedro Sánchez se lo juega a todo o nada a las puertas de unas elecciones generales y quiere dar la imagen de máxima y total transparencia. Se acabaron las cenas de diputados con empresarios. Y por supuesto, las orgías no deben concertarse en una institución pública democrática que no solo debe ser limpia y honesta, sino parecerlo.
Fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja aseguran a La Sexta que después de que la Fiscalía recordara a los investigadores que, dada la “inviolabilidad del Congreso”, es la Presidencia la que tiene que autorizar la entrada en el despacho del conocido como Tito Berni. ¿Qué esperan encontrar allí los investigadores? Obviamente, el ordenador personal del diputado implicado. También sus cuadernos y quizá alguna agenda personal. Todos los documentos que puedan ser requisados y analizados ayudarán a esclarecer un turbio asunto que ha sacudido, como un auténtico terremoto, la política nacional.
De momento, la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ya ha reclamado el registro “sin restricciones” del despacho del exdiputado socialista en el Congreso a la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, que es la encargada de instruir el sumario. Sin embargo, el fiscal Jaime Serrano-Jover se había opuesto alegando que “el artículo 66.3 de la Constitución Española prevé que las Cortes Generales son inviolables”. Afirmaba así que “el Ministerio Público no puede pronunciarse en favor de lo solicitado en el oficio precedente”. En principio no habría mayor problema para que la Policía, mediante mandamiento judicial y autorización de la Mesa presidida por Batet, pudiese entrar en el recinto y en los despachos de la Cámara Baja. La imagen del Congreso quedaría por los suelos. Pero nada debe dejarse de hacer a la hora de hacer prevalecer la verdad y la transparencia.
