El Gobierno de España guarda silencio sobre la relación con el rey de Bahréin, Hamad bin Isa bin Salman al Jalifa, quien cuenta con un histórico de turbios intereses en nuestro país. El vínculo entre España y el monarca árabe parece un secreto de Estado. Al menos, en lo vinculado a la venta de armas, la compra del equipo de fútbol del Córdoba CF realizada por la familia real bahreiní para blanquear violaciones de los derechos humanos en el país o a la sonada transferencia de 1,7 millones de euros por parte del monarca bahreiní al rey emérito, en la misma cuenta suiza donde recibió presuntamente la donación de 65 millones de euros del rey saudí, Abdelaziz al Saud.
Juan Carlos I y el rey de Bahréin, Hamad bin Isa bin Salman al Jalifa, mantienen una estrecha amistad desde que el Emérito comenzara a viajar al país bahreiní en 2010, al mismo tiempo que se daban las revueltas pacíficas por la democratización del reino contra la represión perpetrada por los Jalifa. Desde entonces, el Estado soberano de Bahréin, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional, ha perseguido con dureza al movimiento prodemocrático y miles de activistas de los derechos humanos han sido detenidos y reprimidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
En vista de las últimas noticias sobre el rey emérito, la organización Americans for Democracy & Human Rights in Bahrein (ADHRB) presentó tres solicitudes al Portal de Transparencia del Gobierno de España, que versaban sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Bahréin y la todavía estrecha relación entre Juan Carlos I y el monarca de Bahréin. Dichas solicitudes, a las que ha tenido acceso Diario16, han sido contestadas por el subdirector de Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Pablo Barbará Gómez.
Violaciones de derechos humanos
Sobre los abusos de los derechos humanos, Barbará declaró que “son una prioridad de la política exterior española y por ello se siguen de cerca los asuntos que afectan a la situación de los derechos humanos, tanto en Bahréin como en el mundo”, matizando que “siempre desde el pleno respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los terceros estados”. Y recordó que España expresó su preocupación por la pena capital aplicada en los años 2010 y 2017. ADHRB critica la falta de explicación de la forma en que se manifestó dicha preocupación “ni por qué España dejó de pronunciarse al respecto a partir de 2017, cuando todavía la pena de muerte siguió estando vigente”.
El diputado por Compromís, Joan Baldoví, presentó por segunda vez, el 24 de mayo, una serie de preguntas al Gobierno relativas al estado de los presos políticos y los informes sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por el reino de Bahréin. Las respuestas del ejecutivo resultaron nuevamente “muy generales” y aunque reconocieron la importancia de los derechos humanos, también reseñaron el límite de implicación con los “asuntos internos de un tercer país”. Conviene destacar que Bahréin se ha convertido en los últimos años en el país con más presos políticos per cápita, según revelan diferentes organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que ya informaba en 2011 del trato inhumano que estaban dando las autoridades bahreiníes a los activistas pacíficos encarcelados injustamente, llegando incluso a negarles la atención médica o el contacto con sus familiares.
Ambigüedades en la relación con el emérito
Acerca de la solicitud de información detallada sobre la relación del emérito con el rey de Bahréin, especialmente el año pasado, en la que se pedían datos concretos sobre las reuniones y si estas se celebraron en el marco de la Unión Europa, el Consejo de Cooperación del Golfo o la Liga Árabe, o en el contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países, Barbará respondió que entre 2019 y 2020 se habían producido siete reuniones entre las autoridades españoles y las bahreiníes. Sin embargo, no se pronunció en ningún momento sobre el ex jefe de Estado de España, el cual huyó recientemente al país vecino, Emiratos Árabes.
En este sentido, Husain Abdulla, director ejecutivo de la ONG Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB), ha declarado a Diario16 que “es desafortunado constatar que los escándalos de corrupción y soborno en los que se han visto involucrados los reyes de España y de Bahréin han terminado por afectar al sistema político en Madrid por completo. A pesar de formar parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, España ha decidido no abordar las graves y frecuentes violaciones de derechos humanos en Bahréin, ya sea la tortura, la imposición de la pena de muerte a activistas políticos, violaciones o ataques sexuales a las defensoras de los derechos humanos u otras violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de los Al Jalifa en Bahréin”.
ADHRB ha facilitado información a Diario16 sobre la estrecha amistad del Juan Carlos I con Bahréin, más allá de la supuesta donación millonaria hace diez años. La primera de ellas está relacionada con las seis visitas en los últimos seis años, una cantidad que consideran elevada, “pues Bahréin no es un país prioritario para la política exterior española”. Por otro lado, ADHRB advierte que ninguna visita se hizo durante el periodo de la Primavera Árabe, lo cual hace pensar que “había conocimiento sobre las brutalidades dentro del país”. Las visitas comenzaron en 2010, unos días antes de que Arturo Fasana ingresara los 1,9 millones de dólares (1,7 en euros) en la cuenta del banco Mirabaud en Suiza, cuando Juan Carlos I fue a Bahréin con motivo de la celebración del Gran Premio de Bahréin de Formula 1. En 2014 pasó una temporada en la capital Manama, un año después acudió de nuevo al Gran Premio de Fórmula 1. Entre marzo y abril de 2016 viajó al país y en 2017 viajó dos veces “por motivos culturales”, informa ADHRB. Y hace tan solo un año volvió para asistir al Gran Premio de Fórmula 1.
Todo esto lleva a la organización a tener sus sospechas, ya que al no ser Bahréin un país prioritario en las políticas exteriores, “Juan Carlos I no tenía la obligación de visitar tantas veces este país”. Además de llamarle la atención que “el Rey no se haya pronunciado sobre las violaciones de derechos humanos que existen en el país”.
