La Unión Europea ha regalado material militar a Marruecos por valor de 140 millones de euros para, en teoría, luchar contra la inmigración ilegal pero que el Reino alauí podría terminar utilizando para continuar con la represión salvaje contra el pueblo saharaui.El lote de material militar está compuesto por vehículos, carros de combate, drones, radares, escáners y lectores de huellas dactilares. Las licitaciones para la compra de este material las ha empezado a publicar el International Center for Migration Policy Development (ICMPD), una entidad con sede en Viena que tenía adjudicado el proyecto en sus fases iniciales.España también apoyará a MarruecosPor otro lado, el gobierno de Pedro Sánchez autorizó la compra de 384 vehículos para ser entregados, es decir, regalados a Marruecos. Las licitaciones irán a cargo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).En concreto, el Gobierno autorizó a la FIIAPP a licitar 7 lotes, incluyendo 230 vehículos 4x4 tropicalizados, por 13,8 millones de euros, y 100 vehículos 4x4 'pick up' por 5,5 millones, 10 vehículos 4x4 con configuración de ambulancia, por 520.000 euros; otros 10 camiones 4x4 cisterna para agua, por 1,65 millones; ocho camiones cisterna para gasolina, por 1,32 millones; 18 camiones 4x4 plataforma, por 2,61 millones y ocho camiones frigoríficos por 600.000 euros. En total, 26 millones de euros.La fundación también ha sacado a concurso un contrato menor, de 67.000 euros, para comprar cinco radares marítimos, 10 sistemas de identificación automática AIS, 10 GPS portátiles, radios y sistemas de cartografía.Por otro lado, el Gobierno español también se ha marcado como objetivo que en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE se incluya una partida estable para asistir a Marruecos en el control de la inmigración.
La actitud de Josep Borrell hacia el pueblo saharaui
El regalo de material militar a Marruecos por parte del Gobierno español no sorprende, sobre todo por la actitud de Josep Borrell. Desde que está al frente de Exteriores, ha protagonizado varios momentos de desprecio hacia el pueblo saharaui. Uno de los más sonados tuvo lugar en el Senado, el día 25 de octubre de 2018, cuando despachó en menos de dos minutos la batería de preguntas presentadas al Gobierno por parte cuatro senadores, entre los que se encontraba el canario Pablo Rodríguez Cejas. Entre las cuestiones planteadas a Borrell se encontraban el cumplimiento por parte de España de las sentencias del TJUE sobre la comercialización de recursos naturales del Sáhara Occidental —sentencias que establecen que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados—, «en las que se define esta comercialización como un expolio de los recursos de un país ocupado a la fuerza». El senador fue muy concreto al preguntar a Borrell lo siguiente: «Sé que usted se siente muy cómodo con sus aliados estratégicos como Marruecos, pero le pregunto: ¿Sabe que de forma flagrante se violan los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental por parte de las fuerzas militares marroquíes? ¿Sabe que en los territorios del Sáhara Occidental ocupados ilegalmente por Marruecos la población saharaui es torturada, perseguida y oprimida?».Borrell respondió lo siguiente: «Solamente puedo decirles que nosotros estamos alineados con las Naciones Unidas y apoyamos la posición de las Naciones Unidas, del Alto Representante, del negociador. El Secretario General nos ha pedido ayuda para que se puedan desarrollar las negociaciones entre las partes. España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de Territorios no Autónomos de Naciones Unidas. Eso es importante saberlo para saber cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ese territorio».Sin embargo, Borrell se olvidó de lo establecido en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2.014 cuando el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estableció en un auto que « las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los informes de su Secretario General, la Potencia Administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de iure pero no de facto hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas».La posición de Borrell de defensa de los intereses marroquíes frente a los legítimos derechos del pueblo saharaui, un pueblo hermano del español, se resumió en otra parte de su breve intervención en la que reconoció que se habían reunido con representantes marroquíes y argelinos y no citó a los saharauis, además de indicar que España no podía hacer más que apoyar los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas.Sin embargo, Borrell no se quedó en esto, sino que el mismo día en que se produjo su comparecencia en el Senado, su departamento entregó un informe en el Congreso de los Diputados en el que Exteriores era contrario a que se celebrara en sede parlamentaria una reunión de parlamentarios nacionales, autonómicos, europeos y de países africanos (“Sáhara Occidental: territorio pendiente de descolonización”), en el marco de la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), prevista para los días 16 y 17 de noviembre próximos en Madrid. La excusa fue que esta reunión afectaría a las relaciones de España con Marruecos. Este informe fue fundamental para que la Mesa del Congreso impidiera la celebración de esta reunión.Esta postura de Josep Borrell choca frontalmente con la de su partido y, sobre todo, con la del presidente Pedro Sánchez, quien en la Asamblea General de Naciones Unidas se pronunció a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
