El reciente informe de Oxfam Intermón es una auténtica radiografía de la miseria en España. En términos porcentuales, el incremento de la pobreza relativa en España será de 1,6 puntos, hasta alcanzar el 23,1 por ciento de la población (frente al 21,5 registrado antes de la propagación del coronavirus). El aumento proporcional más importante se producirá en regiones como Baleares y Castilla y León. En términos absolutos, Andalucía será la más castigada, ya que se prevé que alrededor de 200.000 personas pasen a engrosar las listas negras de la pobreza en mayor o menor grado. Obviamente, el impacto será más atenuado en las comunidades autónomas consideradas ricas: País Vasco, Navarra y Cataluña.
El covid-19 ha venido a agravar las políticas de duros recortes sociales implantadas por los gobiernos del Partido Popular en la última década. Hoy nuestro país figura entre las naciones con mayor índice de desigualdad entre pobres y ricos de toda la zona euro. La crisis de 2008 dejó seriamente tocado el Estado de Bienestar y el coronavirus ha sido la puntilla definitiva. Tras el crack financiero de hace doce años, la injusta ideología neoliberal puso en marcha su poderosa maquinaria de austeridad, erosionando pilares básicos como la Sanidad y la Educación. “Este tipo de políticas han colocado nuestro sistema sanitario en una situación de fragilidad y de dificultad a la hora de prevenir y responder ante las nuevas amenazas para la salud. Tristemente, las consecuencias se han hecho visibles a la hora de enfrentar la pandemia y han supuesto un importante coste en términos de vidas humanas”, asegura el informe de Oxfam.
El virus mata a todos por igual, aseguran los médicos, y eso es cierto, pero a menudo se olvida que a mayor nivel de pobreza mayor riesgo de contraer la enfermedad. Así, entre las familias que viven hacinadas en las pequeñas e insalubres viviendas de alquiler de los extrarradios de las grandes ciudades, la probabilidad de contagio se multiplica. Por supuesto, quienes no disponen de dinero suficiente para comprar mascarillas quirúrgicas (cuyo precio se ha disparado tras el estallido de la crisis epidémica) también están mucho más expuestos. En tiempos de pandemia, la pobreza mata más y más deprisa. Las personas con menos recursos económicos han vivido el confinamiento en peores condiciones vitales. Se han alimentado peor (perjudicando su sistema inmunitario) y su higiene no ha sido óptima, sin olvidar el coste psicológico brutal que para una persona supone afrontar una plaga contagiosa sin tener asegurado un plato de comida diaria. Ya hay estudios científicos que relacionan directamente la pobreza con enfermedades como el infarto o el ictus. El hambre es la consecuencia inmediata de toda epidemia desde que la humanidad existe y afecta en mayor medida a los más vulnerables de la sociedad, a los ancianos, niños y mujeres. Pero conviene no olvidar otros efectos secundarios tanto o más devastadores, los trastornos de tipo mental que pueden aparecer por el miedo permanente a la enfermedad: desequilibrios emocionales, ansiedad, depresión, melancolía, estrés, manías, fobias, hipocondrías o comportamientos agresivos o violentos derivados de la situación límite provocada por el confinamiento y la escasez.
Si algo nos ha enseñado el coronavirus es que el Estado (tan denostado por algunos) y los servicios públicos son esenciales en momentos de grave emergencia nacional. La contribución de médicos, enfermeras, asistentes sociales, celadores, transportistas sanitarios, reponedores de alimentos, dependientes de supermercados, personal de la limpieza y recogida de residuos y otros tantos que sería imposible enumerar aquí ha sido esencial a la hora de salvar vidas humanas. Ha quedado demostrado que dependemos de ellos, de manera que un país es más pobre cuanto menos cuida o dignifica estas profesiones que se encuentran en primera línea de batalla en la lucha contra el agente patógeno. El camino hacia la reconstrucción pasa necesariamente por políticas que permitan recuperar los derechos sociales de estas personas, muchas de las cuales se encuentran ahora en situación de “trabajadores pobres”, cuando no en riesgo de exclusión social. Cabe recordar que España también es campeona en este triste apartado de la crisis, ya que el 13 por ciento de su población activa, es decir, casi unos 2,5 millones de trabajadores, son pobres, lo que nos sitúa como el tercer país de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y Rumanía. No se trata ya de la pobreza del que no tiene nada y vive de la caridad, sino de personas y familias que trabajando de sol a sol apenas llegan a cobrar 500 o 600 euros al mes, un sueldo insuficiente con el que tienen que pagar un alquiler, comida, ropa y educación para sus hijos. Ahora se ve que los mileuristas de hace diez años eran unos privilegiados.
El hundimiento del Estado de Bienestar
Las colas del hambre son tan voraces como el coronavirus, trituran seres humanos y se propagan y crecen sin parar. La miseria que deja la pandemia se está cebando con millones de españoles en todo el país, principalmente los que viven en los extrarradios de las grandes ciudades, donde algunos barrios como los madrileños de Moratalaz o Vallecas corren serio peligro de convertirse en auténticos guetos urbanos. Los comedores de Cáritas y otras oenegés que se dedican a la beneficencia están desbordados y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿dónde están los servicios sociales municipales y autonómicos? ¿Dónde está la red asistencial pública que se debería haber fortalecido durante todos estos años, tras la gran depresión de 2008?
“La atención administrativa a la gente empobrecida ha dejado mucho que desear porque no ha llegado a todos; en Madrid, los servicios sociales creo que todavía no han abierto. Cada día nos siguen entrando más familias, cada día nos sigue llegando gente. Hay que donar alimentos pero hay que exigir a las autoridades que se hagan responsables de esto. Está reconocido el derecho a la alimentación y no nos podemos permitir vivir en una ciudad donde haya niños y niñas que pasan hambre”, asegura Roberto Borda.
Mientras tanto, los políticos siguen enfrascados en sus batallas absurdas y en sus rencillas personales. Pero sobre todos ellos destaca Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, una mujer que se ha caracterizado por su nefasta gestión en la crisis de las residencias de ancianos y que va camino de superarse a sí misma en el segundo capítulo del drama: el descontrol y el colapso de los Servicios Sociales dependientes de su Gobierno, tal como denuncia Borda. ¿Qué ha sido de las inversiones y de los presupuestos para asistencia social del Gobierno de Madrid? ¿Por qué las asociaciones vecinales están sustituyendo a los Servicios Sociales? ¿Dónde están los técnicos encargados de abastecer de alimentos, dónde están las viviendas de protección oficial para las personas que han perdido sus casas, los voluntarios, los psicólogos, los educadores que deberían atender a los ancianos, a las mujeres maltratadas, a los niños traumatizados por el confinamiento y la epidemia? Una vez más, nos encontramos ante el desmantelamiento total de lo público y ante una deficiente gestión derivada de años de gobiernos neoliberales que han dejado desasistido el Estado de Bienestar. Ahora que arrecia la plaga del covid-19, no pocos políticos tratan de convencer a sus ciudadanos de que los recursos son limitados, escasos, y de que no hay dinero para hacer frente a la emergencia nacional. En realidad, lo único cierto es que fueron demasiados años de corrupción institucionalizada, demasiadas tramas “púnicas” y “gurtelianas” más volcadas en las privatizaciones y en los negocios con los fondos buitre que en trabajar por el bien común y el bienestar de los ciudadanos. De aquellos polvos estos lodos que han dejado vacías y esquilmadas las arcas públicas.
Al desastre de los geriátricos de Madrid, vendidos al mejor postor por el Gobierno regional –con frecuencia a empresarios sin escrúpulos que solo se han preocupado de lucrarse mientras las residencias se convertían en aparca-abuelos sin unas mínimas condiciones sanitarias de seguridad− se une ahora el caos y la falta de músculo de los Servicios Sociales. Hablamos de cientos, de miles de personas abandonadas a su suerte y que dependen de forma dramática de la bolsa de comida diaria que proveen las oenegés privadas. La administración autonómica ha colapsado, no solo en Madrid, también en otros territorios de España, de modo que ha llegado el momento de que intervenga el Estado central. El ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez se antoja la única tabla de salvación para millones de hogares. Ese dinero esencial al que la extrema derecha de Vox ha calificado, despectivamente y de forma insultante, como “la paguita”, mientras para la Iglesia católica, en otro alarde de cruel inhumanidad, la ayuda es cosa de “subvencionados”, casi de vagos aprovechados. La animadversión de los sectores más reaccionarios ante cualquier medida social que ellos consideran “comunista” ha quedado también suficientemente probada en estos trágicos días de pandemia.
Mientras tanto, los economistas debaten sobre si la salida a la crisis será en forma de uve simétrica o asimétrica. Christine Lagarde, la polémica presidenta del Banco Central Europeo (BCE), da por superado “lo peor de la crisis” en un intento por tratar de animar a las decaídas Bolsas y a los languidecientes mercados internacionales. No obstante, su análisis un tanto apresurado no encaja con la realidad de los hechos. Con los niveles de desigualdad social disparados y el paro haciendo mella entre las clases trabajadoras, parece claro que, una vez más, serán los de abajo quienes pagarán la factura de una nueva crisis mundial. Si hay algo que va a ser “asimétrico” será el empleo, ya que el paro afectará sobre todo a las capas más empobrecidas de la sociedad, lo que se traducirá en una mayor pérdida relativa de renta entre aquellas personas con menores niveles de ingresos. Según Oxfam Intermón, los más pobres podrían llegar a perder, en términos proporcionales, más de ocho veces la renta que perderán los más ricos. Los primeros datos de ese injusto desequilibrio social ya se conocen. Entre el pasado 18 de marzo y principios de junio, los multimillonarios españoles de la lista Forbes han visto cómo aumentaba el valor de su riqueza en algo más de 19.200 millones de euros. Todos ellos sin excepción (apenas 18 hombres y 5 mujeres) han mejorado considerablemente el valor de su riqueza en tan solo 79 días. Está visto que la epidemia que han vivido los privilegiados no es la misma que ha castigado al pueblo llano.
El informe de Oxfam Intermón valora las medidas que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha para no dejar a nadie atrás en esta crisis. El impulso a los ERTE, las ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas, la moratoria en el pago de los alquileres o el subsidio para algunos colectivos muy castigados como las trabajadoras del hogar son iniciativas fundamentales. “También hemos celebrado la aprobación histórica del ‘ingreso mínimo vital’ que, sin duda, es una medida necesaria para reducir la pobreza en nuestro país. Pero aún queda mucho por hacer y hay colectivos que se han quedado fuera, como los migrantes en situación administrativa irregular”, destaca el informe. Los expertos de Oxfam estiman que una inversión de 6.400 millones de euros permitiría que cuatro millones de personas saliesen de la pobreza severa en España y que la desigualdad disminuyese en 2,96 puntos porcentuales. “Más allá de las medidas implementadas para mitigar este primer choque, resulta necesario evitar que la fase de reconstrucción se sustente en políticas que deriven en mayor precariedad laboral, más devaluación salarial o en el adelgazamiento de aquellas prestaciones públicas que se han mostrado imprescindibles”, añade el informe.
