La problemática de las obras de la Línea 7B del Metro de Madrid en San Fernando de Henares tiene muchas ramificaciones que afectan directa y negativamente a las familias que han visto cómo, a lo largo de 15 años, sus viviendas o sus locales comerciales se han ido destruyendo poco a poco por la ineficacia de las supuesta soluciones aplicadas por la Comunidad de Madrid.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace bandera constantemente de que todos los afectados recibirán sus indemnizaciones porque hay un presupuesto de 122 millones de euros para ello.
Sin embargo, tal y como hemos publicado en Diario16, de ese total, sólo 12,2 millones estará destinado a las familias. El resto se gastará en reparaciones de la infraestructura de Metro.
Las cuentas no salen, dado que, utilizando el rango inferior de indemnización anunciado por Isabel Díaz Ayuso, 155.000 euros por vivienda, por el número de afectados (que ya supera los 600), la cifra necesaria para cubrir todas las indemnizaciones estaría cercana a los 90 millones.
Tal y como hemos publicado en Diario16, las tasaciones que utilizará la Comunidad de Madrid para calcular esas indemnizaciones están incompletas, porque se ha hecho tabla rasa y se ha destinada a cada vivienda el valor correspondiente a dividir el valor total del edificio entre el número de hogares.
En consecuencia, no se tienen en cuenta las mejoras o las reformas que, a lo largo de los años, se han realizado. Un afectado nos ponía un ejemplo muy sencillo: si en una vivienda se han estucado las paredes, algo que eleva el valor de la misma, no se tendrá en cuenta.
Sin embargo, existe un problema de carácter legal que también afectará a las familias víctimas de las obras de la Línea 7B de Metro: la responsabilidad civil que seguirán manteniendo durante años.
En un edificio derribado, lo que queda es un solar que será dividido en partes iguales entre cada uno de los propietarios de las viviendas derruidas. Cada «parcelita», en consecuencia, tendrá una responsabilidad civil que tendrán que asumir los vecinos hasta que ese solar cambie de propiedad.
Respecto a los edificios declarados en ruina pero que no han sido derribados, los propietarios mantienen la responsabilidad respecto a los daños que se puedan causar.
Esa responsabilidad, los gastos que supone, no están contemplados en las indemnizaciones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Hasta dónde va a llegar el castigo a estas familias?