El parricida de Sueca dejó que su hijo hablase por teléfono con su madre para que la madre oyera la muerte del niño. La mujer escuchó el desgarrador grito del niño clamando “¡mamáaaaa! y después la llamada se cortó. La madre corrió por la calle repitiendo la llamada pero el niño no le contestó. El padre ya lo había degollado.
El asesino tenía orden de alejamiento desde agosto de 2021 y no podía acercarse ni comunicar con ella, porque el 13 de marzo de 2021, el marido intentó estrangularla y le colocó en el cuello un cuchillo de mesa, la misma arma que empleó para matar a su hijo, porque ella le había anunciado que quería el divorcio tras soportar toda una vida de maltrato de todo tipo. La mujer se fue con el niño, Jordi, a casa de sus padres, en Cullera, pero el marido no dejó de acosarla durante meses hasta ese 3 de abril en que cedió para que el niño comiera con su padre porque era su cumpleaños, que el progenitor celebró asestándole 24 cuchilladas en el tórax y otras partes del cuerpo.
Este parricidio se verá en juicio próximamente y el fiscal solicita la pena de prisión permanente revisable. Uno más en prisión perpetua, un niño asesinado y una madre destrozada para toda la vida. Pero en este juicio no se juzgará a los policías ni a los funcionarios de la Administración de Justicia: juez, fiscal, secretario, oficiales, que habían intervenido en varias ocasiones anteriores para conocer de los malos tratos que sufría la mujer, y protegerla dictando la orden de alejamiento. No se les juzgará por no haber cumplido con el deber de prestar socorro ni el abandono de sus responsabilidades. Ni a ellos ni a los 420 cargos más de la Administración de Justicia y de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que intervinieron en los 1.400 feminicidios que se han cometido en España desde la aprobación de la Ley de violencia de género de 2004. Porque, según estadísticas oficiales, en el 30% de los asesinatos machistas las víctimas habían presentado denuncia, en un caso hasta tres veces, y muchas tenían orden de alejamiento de sus maltratadores.
En un programa de Radio Nacional del 6 de diciembre de 2023, la locutora entrevista a una abogada especializada en violencia “de género” para preguntarle cómo es posible que con antecedentes de violencia en varias ocasiones los jueces hayan absuelto al maltratador que acabó asesinando a la mujer. Y la “experta” estuvo muchos minutos explicando que las mujres no presentan denuncia y que cuando lo hacen, llevadas por su debilidad genética los perdonan o no declaran en su contra. Puso el ejemplo de una que declaró que se le había olvidado lo que pasó, y naturalmente el juez tuvo que absolver al maltratador, que dejó de serlo poco después porque se convirtió en asesino.
En cada gabinete de crisis que las ilustres ministras de Igualdad convocan cuando se produce un asesinato machista, sacan la conclusión de que las mujeres deben denunciar más. Al fin y al cabo la culpa de que los maltratadores no estén en la cárcel la tienen las mujeres.
Y la conclusión que se dedujo de la entrevista de radio con la “experta” es que también las culpables de su propia muerte son las mujeres. Si no se hubiesen casado o ajuntado con un maltratador, si no hubiesen aguantado años las vejaciones y golpes, si hubiesen denunciado antes, si después hubieran ratificado la denuncia con un relato bien construido y convincente, con contundencia, se habría podido condenar al acusado. Pero dadas todas esas condiciones, ¿cómo va a poder acusar el fiscal y condenar el juez y vigilar la policía el cumplimiento de condena? El final esperable e inevitable es que el maltratador acabe matando a la mujer, y en muchos casos, como el de Sueca, a su hijo.
La última estadística nos dice que el 80% de las condenas por maltrato machista no se cumplen. En 2022 de 7.600 condenas a prisión sólo se cumplieron 2.300. Las otras se eludieron porque no alcanzaban los más de 2 años, porque se sustituyeron por “servicios a la comunidad”, porque se tardó en ejecutar el cumplimiento de condena, porque el expediente se extravió…
Tampoco hay que esperar la protección legal a las víctimas de maltrato machista porque la tan citada y alabada ley de Violencia de Género de 28 de diciembre de 2004 no contempla -y ese verbo siempre me sugiere la imagen de Buda sentado debajo del árbol durante 2.000 años, contemplando y pensando su teoría transcendente- la prisión preventiva sin fianza para los maltratadores. En casos de evidente peligro el juzgado protege a la víctima encerrándola en una casa de acogida.
Tampoco se plantea -¡Vade retro!- invertir la carga de la prueba para que la primera denuncia sirva de prueba, porque la garantía, inamovible como las Tablas de la Ley, de que “todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario” lo impide. Y no hay medios para vigilar el cumplimiento de las órdenes alejamiento- las de protección he confesar que después de 50 años de ejercicio profesional de la abogacía no sé en qué consisten. Me explicaron, muy amablemente, en el Ministerio del Interior, el Sistema Viogen, mediante el cual, en una enorme pantalla, se visualizan todas las denuncias, los alejamientos, las protecciones, los cambios de domicilio de las víctimas y de los verdugos. Y ya no sé nada más, porque la pantalla está en la Dirección general de Seguridad en el centro de Madrid y los malos tratos las persecuciones y los asesinatos se cometen en todas partes de España.
Lo más inexplicable es que, después de 18 años exponiendo la crítica razonada de la Ley de Violencia, que he publicado, difundido, y enviado a todos los partidos políticos y grupos parlamentarios, solicitando una reforma, no ya que ninguno de ellos haya tenido ni aún la cortesía de contestarme, sino que tampoco los miles de grupos que forman el “Movimiento Feminista” se hayan unido a mi demanda y la hayan apoyado
Hasta el próximo feminicidio y o parricidio.
