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Las obras de la Comunidad de Madrid en San Fernando no respetan la salud mental de los afectados por la Línea 7B

La ampliación de las obras de consolidación a otra de las calles de la localidad madrileña está provocando graves consecuencias de salud mental a los afectados porque estas familias están viendo cómo otras ya tuvieron que abandonar sus hogares sin tiempo de reacción

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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La situación en San Fernando de Henares se está volviendo insostenible para las familias afectadas por las obras de la Línea 7b de Metro. Las obras de consolidación de la Comunidad de Madrid, además, pueden tener consecuencias muy peligrosas para la vida de las personas.

Por esta razón, Leticia Martín, concejala de Urbanismo de la localidad madrileña, ha remitido una carta al consejero de Transportes, David Pérez, con motivo de los trabajos de inyección de mortero que está desarrollando la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de octubre.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso informó al Ayuntamiento de San Fernando sobre la necesidad de ampliar estas actuaciones, «de manera urgente», hasta la calle Nazario Calonge, con especial relevancia a la altura del número 16, donde se ubica una Escuela Infantil de gestión privada.

Esto, tal y como publicamos en Diario16, supondrá el corte de la misma al tráfico y la instalación de unas elevadas vallas de chapa. En la carta se indica que «esta nueva circunstancia supone más problemas de movilidad y molestias en nuestro municipio y, además, se condena tanto vecinos/as como a los comercios a convivir con estas obras y chapones protectores».

En la misiva se indican al gobierno de Ayuso una serie de exigencias importantes.

Por un lado, se reclama el realojo temporal voluntario de aquellas familias que así lo soliciten y que residan en las zonas de actuación, incluida esta la calle Nazario Calonge. Además, se pide que la acera afectada de dicha vía sea iluminada.

En materia de circulación, el Ayuntamiento de San Fernando exige a la Comunidad de Madrid un plan de señalización completo acorde a las necesidades de Policía Local para que los efectivos puedan llevar a cabo un adecuado control y regulación de la circulación. En otro orden, se señala la necesidad de habilitar la parcela de calle Gustavo Adolfo Bécquer como estacionamiento alternativo para paliar la eliminación de plazas de aparcamiento que se va a generar.

Tal y como se señala, entre las zonas afectadas de esa calle se encuentra una Escuela Infantil privada. Por ello, el Consistorio sanfernandino reclama al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se realice un estudio de reubicación, previa conformidad con los propietarios de dicha Escuela Infantil, mientras se ejecutan estas intervenciones.

Por su parte, el alcalde de San Fernando, Javier Corpa, ha insistido que las obras para la consolidación del terreno están creando una «evidente pérdida de habitabilidad» en la zona, tal y como lo han constatado los servicios técnicos municipales.

«La Comunidad de Madrid tiene que atender las molestias derivadas de estos trabajos, que implican un día a día entre ruidos, vibraciones constantes, polvo, acerado y calzadas en muy mal estado… sin obviar el componente psicológico, porque estas familias están viendo como otras ya tuvieron que abandonar sus hogares sin tiempo de reacción y, en algunos casos, hoy son un solar; o cómo siguen apareciendo grietas, o puertas que no abren, con ventanas que se descuadran… En definitiva, con unas obras que no respetan ni su descanso, ni su salud física y mental», aseguró Corpa.

La grave problemática surgida por las obras de la Línea 7b del Metro de Madrid, una infraestructura que, de momento, ha dejado a su paso más de 600 viviendas con daños, 81 familias desalojadas y 27 inmuebles derribados y otros tantos pendientes de demolición, además de dotaciones públicas que ya no prestan servicio debido a la mala ejecución, en su momento, del suburbano, y que se prolonga desde hace 15 años.

Hay personas que han salido de sus casas hasta en cuatro ocasiones. Esto es cruel e inhumano. Los afectados ya no quieren más parches, sino soluciones definitivas, efectivas y reales.

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