Da igual el partido al que pertenezcan. Los políticos españoles tienen el síndrome de la patente de corso y piensan, de manera errónea, que una mayoría parlamentaria les ofrece un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. No se salva ni uno.
Hay que recordar cómo José María Aznar metió a España en una guerra injusta e ilegal gracias a su mayoría absoluta. Zapatero recurrió a un pacto con el PP, cerrado con nocturnidad y alevosía, para reformar el artículo 135 de la Constitución con las graves consecuencias sociales que esa decisión tuvo. Mariano Rajoy, gracias a su mayoría absoluta, perpetró unos recortes salvajes contrarios a los intereses de la ciudadanía de los que la sociedad aún no se ha recuperado.
El próximo atentado a la soberanía popular se ejecutará mañana con la más que probable aprobación de la Ley Sánchez de Amnistía, un texto legal que tiene evidentes causas de inconstitucionalidad (tal y como se recoge en un informe del Ministerio de Justicia, por no citar los últimos del Consejo General del Poder Judicial) y que, en base a lo indicado por la Comisión de Venecia, oculta una reforma constitucional.
Pedro Sánchez ha demostrado que es muy proclive a tener epifanías, eso sí, siempre en base a sus intereses personales y políticos, nunca para favorecer el bienestar de la ciudadanía. Además, esos cambios repentinos de opinión no son otra cosa que el perverso eufemismo que oculta la traición constante y permanente a lo prometido al pueblo.
No obstante, la Ley Sánchez de Amnistía debería ser refrendada por el pueblo español en referéndum. No es sólo una cuestión ética, sino que está recogido en el propio programa electoral del Partido Socialista Obrero Español con el que Pedro Sánchez se presentó a las últimas elecciones generales.
«Desarrollaremos de forma sistemática procesos de democracia deliberativa en las iniciativas de alto impacto en la acción de gobierno», afirma el programa del PSOE.
Una ley como la Sánchez de Amnistía se ajusta a la perfección a lo indicado en ese punto programático. En cambio, Pedro Sánchez tiene como norma vital que «prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido». ¡Qué veranos aquellos en Ibiza!
La propia Ley Sánchez de Amnistía es contraria a lo señalado en el programa electoral socialista. Es más, no estaba recogida en el programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones del pasado 23 de julio. Ni se menciona.
En el programa electoral del PSOE, en el Bloque VII, titulado de manera rimbombante como «La España de las libertades y la convivencia», se señala al procés de Cataluña como la causa de «la mayor crisis constitucional que ha sufrido nuestro país desde 1978».
En la página 222 del programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones se indica que «la derecha y la extrema derecha quieren hacernos olvidar que han sido gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas».
A partir de este momento, ni una palabra sobre Cataluña y, por supuesto, ni una mención sobre la Ley de Amnistía.
En el pacto de gobierno PSOE-Sumar tampoco aparece la amnistía en Cataluña por ningún lado. Es más, no hay ni un solo párrafo dedicado a la situación ni al conflicto catalán. Lo más cercano, pero que no tiene nada que ver, se encuentra en la página 40 del documento cuando se indica que «reforzaremos y extenderemos la cogobernanza desde el diálogo, la lealtad institucional y la colaboración territorial».
Otra de las razones para convocar al pueblo español a las urnas son las propias conclusiones de la Comisión de Venecia que, directamente, señala que «el Congreso de los Diputados, a la hora de decidir si, con qué contenido y por qué mayoría aprobar el proyecto de ley de amnistía, tendrá que abordar la cuestión de si se puede lograr la normalización de Cataluña a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha profundizado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad española». Esta reflexión no avala mucho la Ley Sánchez de Amnistía.
Incluso, pone en duda que si la finalidad que persigue el gobierno se está buscando a través de los mecanismos adecuados. «Por lo general, las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política: estos objetivos legítimos deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes, a fin de no frustrar ese propósito. El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusión, la participación, el calendario adecuado y los debates públicos. En particular, las consultas significativas, junto con un calendario adecuado, deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista. Por lo tanto, los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la aprobación de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de tales leyes», afirma el dictamen. Esto es un palo en toda regla a las prisas con las que tanto Pedro Sánchez como los independentistas catalanes pretenden que se apruebe, sin tener en cuenta la mayoritaria oposición popular.
Sánchez no se diferencia mucho con José María Aznar o con Mariano Rajoy en lo referente a creer que la mayoría parlamentaria es un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana o lo que cubra sus intereses. Sánchez es como todos y lo único en lo que se diferencia es en los centímetros de altura, en que le quedan mejor los trajes que a sus antecesores y en que sabe llevar las canas con un estilo que en nada envidia a una campaña de Hugo Boss. Lástima que el presidente del Gobierno de España haya quedado para una valla publicitaria. Ese es el nivel.