Lorena Roldan tomó presencia en la escena política catalana desde el momento en que Inés Arrimadas decidió marcharse a Madrid. Fue en el mes de agosto cuando asumió su papel como líder del partido naranja y se ha caracterizado por su tono normalmente agresivo.
Ha sido a través de sus redes sociales como Lorena Roldan ha informado de su decisión: salta de Ciudadanos al Partido Popular. "Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto del PP"
El Partido Popular, por su parte, ha anunciado ya que Lorena Roldán será la número dos de su candidatura en Cataluña.
En el escrito que ha publicado Roldán, señala que desde hace unos meses "le cuesta reconocer ciertas decisiones adoptadas por la Ejecutiva permanente del partido, muchas de ellas tomadas de forma unilateral, apartándose de la esencia del partido." En su despedida, llena de dardos a su ya ex partido, agradece a Albert Rivera la confianza que depositó en ella.
El cambio de chaqueta es algo muy habitual en la formación naranja.
Se muestra así, una vez más, a Ciudadanos como una formación meramente instrumental. Desde salidas como la de Toni Roldán -que procedía del ámbito del PSOE y luego regresó al mismo- , o Girauta -que venía de estar en el PSC, para después dar el salto al PP, llegando a Ciudadanos, de donde se marchó-.
Pero Girauta y Toni Roldán no fueron los únicos, pues fue sonado cómo el cabeza de lista de Ciudadanos en Torremolinos, Nicolás de Miguel, dejó la formación para sumar apoyos en el consistorio reforzando al PSOE: pero el puesto que ocupaba en el Ayuntamiento le duró poco, pues tuvo que dimitir al declarar el Tribunal Supremo la prohibición de que los concejales tránsfugas pudieran asumir puestos de gobierno o tener mejoras económicas al saltar de partido. El caso de Nicolás fue muy sonado porque empezó en política en Izquierda Unida, saltó a UPyD, después a Ciudadanos y finalmente, se trasladó del País Vasco a Málaga para dar el último giro y abandonar a su formación para apoyar al PSOE.
A principios de año, dos concejales de Ciudadanos de Móstoles (Madrid),César Ballesteros y Sara Isabel Pinodieron el salto. Meses antes, ya había sido conocido lo sucedido en las localidades de Algemesí y Carcaixent, donde se incumplían ya los estatutos de Ciudadanos, donde se establecía que los concejales debían dejar el acta de concejal desde el momento en que abandonasen la formación política. Algo que no sólo no ocurrió, sino que estos concejales tránsfugas sirvieron para gestionar las mayorías en los consistorios.
En Santa Cruz de Tenerife los dos votos tránsfugas de Ciudadanos al PSOE le quitaron la alcaldía a Coalición Canaria. La dirección del partido en ese momento anunció que se abriría expediente de expulsión a los dos concejales - Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano- que rompieron su disciplina de voto para cambiar el gobierno del consistorio. Zambudio fue expulsada.
Otro de los casos llamativos tuvo que capearlo el humorista, hoy político de la formación naranja, Félix Alvarez, "Felisuco". Declaró a Francisco Javier Fuentes tránsfuga al anunciar que dejaba Ciudadanos pero no su acta de concejal en Cantabria. Finalmente el concejal de Cudeyo fue expulsado de Ciudadanos "por tránsfuga".
En Benicàssim, Domingo Lorenzo era concejal de Ciudadanos. Los resultados igualaban a la formación naranja con la del PP: las dos tenían ocho ediles-. Dejó de estar en el partido, pero tampoco soltó su acta de concejal, permitiéndose así el "baile" entre las formaciones para hacer valer su voto.
En la alcaldía de Málaga, el PP fichó a otro tránsfuga de Ciudadanos por 90.000 euros anuales. El pasado mes de junio, "el PP se hizo con el concejal que le daba la mayoría en el Ayuntamiento de Málaga a cambio de convertir a Juan Cassá en el edil mejor pagado de Andalucía, dinamitar Ciudadanos en Málaga y hacer inestable el Consistorio con tal de Mantener el poder", señalaban fuentes del entorno en el momento. El tránsfuga Cassá abandonó la formación naranja en el mes de junio, ingresando en el grupo de los no adscritos dejando al PP en minoría. La jugada que orquestó le supuso ingresar al año 90.000 euros.
En Guadalajara, Alejandro Ruiz, cara visible de Ciudadanos, denunció públicamente que el Partido Popular se dedicaba a buscar posibles tránsfugas entre los concejales de Ciudadanos.
El Supremo condenó a una tránsfuga de Ciudadanos, Puirifación Lluch, que hizo con su voto alcalde a Vicent Muñoz, de Compromís en Font de la Figuera. El Supremo condenó a la tránsfuga a devolver 18.000 euros que había percibido durante la legislatura anterior.
En 2017, cuatro de los 13 diputados que Ciudadanos había conseguido en las Corts Valencianas dejaron el partido pero no sus escaños. La dirección del partido acusó entonces a Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García de haber robado el escaño a la formación naranja y les exigió que devolvieran sus actas.
En Talavera, ese mismo año, Ciudadanos expulsó a dos concejales que se pasaron al equipo de gobierno del PP. Jonatan Bermejo y Montaña Palacios entraron en el gobierno popular de Jaime Ramos sin consultar con su formación. Rivera exigió entonces la aplicación del pacto antitransfuguismo.
Aunque en la mayoría de los casos, salen de Ciudadanos para hacer "apaños" con otras formaciones, el caso de Ángel Garrido fue al revés: se marchó del Partido Popular para entrar en Ciudadanos. En ese momento, Albert Rivera defendía a Garrido de los ataques que estaba recibiendo, señalando que "este es un país libre", "no he visto a nadie del PP tildar de tránsfugas a quienes se pasaron de UCD al PP" diciendo que estas situaciones "son normales cuando un partido se agota". Díaz Ayuso estaba muy molesta por este paso de Garrido pero no fue problema para pactar con ellos, con "el partido de tránsfugas", según lo denominó.
No es de extrañar que con este panorama, la formación naranja haya elaborado posicionamientos como este, en Castilla y León, contra el transfuguismo, estableciendo que los que salten de su partido se queden en el grupo de los no inscritos, y no se pueda, por ley, tener mejoras económicas al dar el salto.