Si alguien quiere ver un corazón de piedra, no tiene más que hacerle un electrocardiograma a un banquero español. A los bancos no les importa la situación socioeconómica que viven las clases medias y trabajadoras de España tras concatenar tres crisis económicas globales. De estas crisis se han aprovechado unos cuantos, entre ellos, la banca, evidentemente. Lo más cruel para la ciudadanía es que esto se está produciendo bajo el amparo del Estado.
Ahora se ha vuelto a ver una vez más esa actitud antipatriótica del sector financiero español. Sí, antipatriótica, porque en una democracia la patria es el pueblo y así está reconocido por la Constitución Española.
El gobierno de Pedro Sánchez anunció un impuesto especial y temporal para las grandes fortunas y para los bancos. El impuesto a las entidades bancarias está basado en el modelo aplicado en Francia en el año 2011, en plena crisis financiera global. La nueva tasa, que estará en vigor hasta 2024, espera recaudar 1.500 millones de euros al año.
Esa cantidad está calculada sobre tres parámetros: ingresos de la banca por márgenes, intereses y comisiones bancarias. Afectará a los bancos que ingresen más de 800 millones de euros en intereses y comisiones, es decir, el 80% del sector financiero español.
El nuevo impuesto gravará al 4,8% el margen de intereses y las comisiones que cobran los bancos a los usuarios. Sin embargo, los beneficios de las entidades financieras quedan fuera, algo sorprendente dado que sí se aplica en otros países de la Unión Europea.
Nunca un impuesto fue más justo que este. Los bancos se han beneficiado, y se siguen beneficiando, del dinero público sin que hayan aportado demasiado a la sociedad, más allá de determinadas acciones sociales que no son otra cosa que una herramienta de blanqueo de imagen.
Guerra contra Sánchez
Sin embargo, el sector financiero ya anunció una guerra contra el gobierno, guerra que se desarrollará en el campo de batalla favorito de los bancos: los tribunales, el lugar donde, en España, tienen absoluta impunidad en los asuntos que realmente les importan.
Esta estrategia de judicialización es la que van a aplicar los bancos respecto al nuevo impuesto aprobado por el Gobierno y el Congreso de los Diputados, por el que el Estado espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años.
La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, ya dejó caer en una entrevista concedida al Financial Times una amenaza velada respecto a esta nueva tasa: «los impuestos más altos deberían ser iguales para todas las empresas y… los gobiernos tienen que averiguar cuál es el nivel correcto de impuestos que realmente permite un crecimiento y una inversión sostenibles […] Necesitamos… un crecimiento sostenible, un crecimiento no inflacionario, y los bancos son fundamentales en esa ecuación».
Además, la presidenta del Santander lanzó una amenaza velada al gobierno al señalar, citando datos de la Asociación Española de Banca, que si se obligara a las entidades financieras a pagar 3.000 millones por este impuesto, iban a reducir en 50.000 millones de euros su capacidad para la concesión de préstamos.
Sin embargo, los bancos han subido la apuesta y ya están anunciando que llevarán a los tribunales el impuesto del gobierno. Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ya ha amenazado con que lo harán «al día siguiente de pagarlo». Por su parte, Onur Genç, CEO de BBVA ha afirmado que «un impuesto sobre un sector específico se hace solo cuando se quiere restringir una actividad». El consejero delegado de Banco Santander, el portugués Antonio Simões, señaló que «nos parece una medida equivocada, no es la mejor forma de combatir la inflación. El sector en su conjunto podrá financiar 50.000 millones de euros menos por este coste adicional». Evidentemente, con lo afirmado por el CEO del Santander, ellos se llevarían su correspondiente beneficio.
Los bancos «trincan» 4.000 millones de dinero público
Mientras la banca patalea por el impuesto del gobierno, durante el año 2022 varias entidades españolas se han deducido más de 4.000 millones de euros del impuesto de Sociedades a través de los activos fiscales diferidos (DTA).
Este es uno de los beneficios a la banca que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis y que forma parte del rescate bancario de 2012. En concreto, el Ejecutivo del Partido Popular puso en manos de los bancos una cifra de 40.000 millones de euros. Esta herramienta contable para la banca da la posibilidad de que aplicarse deducciones por las pérdidas de otros.
Según datos de la Agencia Tributaria, los bancos se dedujeron 4.031 millones de euros sólo en 2022 a cuenta de los DTA, mientras que el impuesto del gobierno supone 3.000 millones en 2 años.
La Justicia hará ganar esta batalla a los bancos
Cuando la banca inicie su batalla judicial contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar pagar el nuevo impuesto, colocará la pelota en el tejado de los jueces y, en ese terreno, las entidades financieras lo tienen ya prácticamente ganado.
Fuentes jurídicas consultadas por Diario16 han señalado que «Pedro Sánchez lo tendrá complicado si los bancos judicializan lo del impuesto porque los jueces de este país salvarán a los bancos de pagarlo porque cuando tenga que decidir el Supremo ya se sabe de antemano lo que va a suceder. Esta es la Justicia que hay en España y no es de extrañar que la gente desconfíe de los tribunales».