La Asociación de Directores y Gerentes Sociales alerta de la situación que viven 270.000 personas que siguen sin recibir la ayuda a la dependencia que les corresponde. Muchos de ellos morirán antes de que llegue su ayuda, según alerta José Manuel Ramírez Navarro, presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Las prórrogas de los presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema
Hasta el momento, tan solo se ha dado cumplimiento a dos de los compromisos del Pacto de Estado por la Dependencia: la recuperación del derecho de las cuidadoras a cotizar en el convenio especial de cuidadores no profesionales y la mayor transparencia del sistema, a la espera de la aprobación e implantación de la nueva estadística oficial.
Sin embargo, las prórrogas de los presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema durante el año 2019 que ha derivado en un muy preocupante empeoramiento de las cifras de manera que por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar, confirma Ramírez.
Al incremento de personas en espera hay que añadir lo escandaloso de los plazos de tramitación; 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión.
En Extremadura y en Asturias, durante 2019, ha disminuido el número de personas atendidas (-966 y -952 respectivamente). En la mitad de las comunidades autónomas la lista de espera ha aumentado: Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Región de Murcia (3,9%); Islas Baleares (3,3%); C. Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).
Deber del Gobierno de España
Para estos profesionales, “el Gobierno de España debe cumplir urgentemente el Pacto por la Dependencia” y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas.
Reducir la lista de espera en un 75%, es decir, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros (equivalente a la actual aportación estatal al sistema) y “requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas”, explica Ramírez.
