Los hombres de negro regresan a Bruselas sin haber encontrado indicio de infracciones o fraude por parte de España en la gestión de los fondos europeos. Eso sí, la misión europea advierte de que los sistemas de control de estos recursos en España sufren “una serie de retrasos” y pide mejorar su transparencia. Así lo ha señalado la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier (del Grupo Popular europeo), durante una rueda de prensa ofrecida en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid al término de los trabajos de análisis realizados esta semana sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, informa Europa Press.
Hohlmeier ha criticado la dificultad para encontrar los datos relativos a los fondos europeos para la población y ha lamentado que no se les haya comunicado en detalle la ejecución real contable sobre los recursos desplegados, es decir, su impacto en la economía real. Recomiendan a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y más estructurada. Sin embargo, regresa a Bruselas sin haber encontrado nada raro o extraño. Todas las ayudas, de momento, se están destinando a los fines para los que fueron adjudicadas.
La misión de fondos europeos considera necesario “quitar las trabas burocráticas” de los fondos con el fin de dar más apoyo a los autónomos y a las pymes que desempeñan “un papel fundamental en la economía española”. “Hacemos un llamamiento para reforzar la cooperación público-privada como una manera de acelerar la aplicación de los fondos”, asegura Hohlmeier.
De momento el Gobierno ya ha movido ficha. Según informa El Mundo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recurrido ya a consultoras privadas para fiscalizar los fondos europeos. Según el rotativo madrileño, Díaz ha encargado una auditoría externa para justificar ante Bruselas que el dinero se está gastando de forma adecuada.
La visita de los hombres de negro coincide con el reciente visto bueno por parte de la Comisión Europea para el desembolso a España del tercer tramo del plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 6.000 millones de euros, al dar por cumplidos los hitos y reformas requeridos, por lo que el Estado deberá encarar ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones.
La misión a España ha estado formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos y de los cuales seis están adscritos a la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe al respecto. Sus conclusiones, no obstante, no serán vinculantes de cara a futuros desembolsos, ya que la aprobación de cada uno de ellos corresponde a la Comisión Europea.
Junto a la presidenta de la comisión europarlamentaria, Monika Hohlmeier, ha analizado estos días el Plan de Recuperación en Madrid un grupo de eurodiputados, en su mayoría españoles: Isabel Benjumea (PP), Isabel García Muñoz y Eider Gardiazabal (PSOE), Eva María Poptcheva y Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Jorge Buxadé (Vox).
En su visita, los eurodiputados se han reunido con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. También se han entrevistado con representantes de la patronal y los sindicatos, de la industria digital, consultoría y con periodistas de investigación.
