El sector financiero español es, quizá, el que más litigiosidad genera, sobre todo por su obsesión por llevar hasta las últimas instancias cualquier reclamación, denuncia o querella que los ciudadanos presentan contra los bancos.
La razón por la que las entidades financieras mantienen esta actitud de llevar los procedimientos judiciales hasta las últimas instancias y no llegar a acuerdos extrajudiciales con las víctimas de sus cláusulas abusivas está en las influencias.
Los grandes despachos de abogados a los que los bancos pagan minutas multimillonarias son cada vez más eficaces a medida que se va subiendo de instancia. Esto no viene por la «profesionalidad» de sus letrados, que en algunos casos es tanta que llegan a ser como «abogadioses», sino por las influencias con las que cuentan en las altas instancias judiciales. También por el acceso directo que tienen a los magistrados y las presuntas prebendas que les puedan ofrecer, prebendas que no tienen por qué ser principalmente económicas.
Banco Santander ya fue condenado por temeridad por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Girona. En la sentencia se afirma claramente que «la postura mantenida por la demandada [Banco Santander] merece que sea declarada su expresa temeridad. En efecto, i) la demandada mantiene una postura de oposición frontal sin estar debidamente justificada; ii) se verifica y mantiene tanto en la previa reclamación como en vía judicial abocando a la prestataria consumidora a acudir al Juzgado, con el colapso que supone; iii) y teniendo muy presente que la STS de fecha 23/12/2015 declara la nulidad de cláusula semejante y por lo tanto la demandada ya debería haberla suprimido y devuelto cantidades conforme jurisprudencia imperante; y iv) es más, conforme a la STS de fecha 23/1/2019 la cuestión relativa a la nulidad de gastos y restitución de cantidades ha quedado plenamente zanjada, y pese a ello la entidad sigue mostrando oposición».
El impuesto a la banca
Esta estrategia de judicialización es la que van a aplicar los bancos respecto al nuevo impuesto aprobado por el Gobierno y el Congreso de los Diputados, por el que el Estado espera recaudar 3.000 millones de euros en dos años.
La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, ya dejó caer en una entrevista concedida al Financial Times una amenaza velada respecto a esta nueva tasa: «los impuestos más altos deberían ser iguales para todas las empresas y… los gobiernos tienen que averiguar cuál es el nivel correcto de impuestos que realmente permite un crecimiento y una inversión sostenibles […] Necesitamos… un crecimiento sostenible, un crecimiento no inflacionario, y los bancos son fundamentales en esa ecuación».
Además, la presidenta del Santander lanzó una amenaza velada al gobierno al señalar, citando datos de la Asociación Española de Banca, que si se obligara a las entidades financieras a pagar 3.000 millones por este impuesto, iban a reducir en 50.000 millones de euros su capacidad para la concesión de préstamos.
Sin embargo, los bancos han subido la apuesta y ya están anunciando que llevarán a los tribunales el impuesto del gobierno. Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ya ha amenazado con que lo harán «al día siguiente de pagarlo». Por su parte, Onur Genç, CEO de BBVA ha afirmado que «un impuesto sobre un sector específico se hace solo cuando se quiere restringir una actividad». El consejero delegado de Banco Santander, el portugués Antonio Simões, señaló que «nos parece una medida equivocada, no es la mejor forma de combatir la inflación. El sector en su conjunto podrá financiar 50.000 millones de euros menos por este coste adicional». Evidentemente, con lo afirmado por el CEO del Santander, ellos se llevarían su correspondiente beneficio.
Si los bancos ya han decidido llevar a los tribunales el impuesto del gobierno al sector financiero, entonces colocarán la pelota en el tejado de los jueces y, en ese terreno, las entidades financieras lo tienen ya prácticamente ganado.
Fuentes jurídicas consultadas por Diario16 han señalado que «Pedro Sánchez lo tendrá complicado si los bancos judicializan lo del impuesto porque los jueces de este país salvarán a los bancos de pagarlo porque cuando tenga que decidir el Supremo ya se sabe de antemano lo que va a suceder. Esta es la Justicia que hay en España y no es de extrañar que la gente desconfíe de los tribunales».
Así pagan los bancos la ayuda del gobierno
Su oposición al impuesto y su posible judicialización es un acto de extrema deslealtad, por no tratarla de traición. El gobierno español, ya sea del Partido Popular o del PSOE, ha apoyado a la banca en los tribunales europeos y no ha dudado en rescatar a las entidades financieras con dinero público que se podría haber utilizado en salvar familias.
Cada vez que un caso de banca llega a los tribunales europeos, la Abogacía del Estado se ha posicionado claramente en favor de las entidades financieras. Eso es dinero público gastado para posicionar a España en contra de su pueblo. Lo hemos visto en la cláusula suelo, en el IRPH o en el Caso Banco Popular.
En referencia con el Popular y su venta por un euro al Santander, una de las primeras decisiones de calado del gobierno de Pedro Sánchez fue la aprobación de la fusión por absorción sin esperar a que los tribunales de lo penal, civil y contencioso-administrativo tomaran una decisión sobre la legalidad de la operación.
El sector financiero español se benefició de un rescate que ya ha tenido un coste de más de 100.000 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los 35.000 millones de deuda de la Sareb que tuvo que asumir el Estado en enero de este año.
De ese rescate se han beneficiado directa o indirectamente todas las entidades y, sin embargo, ahora se oponen a un impuesto que les va a suponer, como mucho, 3.000 millones en dos años.
Para hacernos una idea, esa cantidad supone menos de la mitad de los beneficios obtenidos por Banco Santander en los primeros 9 meses o una cifra inferior al 20% de las ganancias obtenidas por los principales bancos en ese mismo periodo de 2022.
Por otro lado, las entidades financieras tienen otros privilegios como, por ejemplo, la exención de pagar el IVA en la mayor parte de su actividad y la carencia de fiscalidad en sus transacciones.
Sin embargo, la banca paga los favores del Estado con amenazas y con llevar a los tribunales un impuesto que está destinado a paliar las dificultades que están pasando las personas más vulnerables.
