Los niños secuestrados o la pobreza penalizada

El afán privatizador que domina a la Presidenta de la Comunidad y al Alcalde de la ciudad de Madrid no tiene freno. Cumpliendo la doctrina de la derecha la sanidad, la educación, los servicios sociales, y no digamos las obras públicas, han de ser servidas y realizadas por la empresa privada…con dinero público. Algunas veces, después de un tiempo, se sabe que esas empresas pertenecían a los gobernantes y ejecutivos del Partido Popular, pero eso es un detalle sin importancia. Lo importante es que sean eficaces y cumplan su cometido con prontitud y perfección. A eso se han dedicado una serie de empresas creadas  para dirigir las casas de acogida de los menores declarados “desprotegidos”.

Desprotegidos de quién, se preguntarán, pues de aquellos que precisamente existen para cuidarlos y educarlos: sus padres. De tal modo, en su afán por proteger a los menores, las funcionarias o empleadas de los servicios sociales de estas dos instituciones, cuando una familia requiere de las ayudas que nuestro Estado del Bienestar ha dispuesto para ello, investigan con mucho interés y detalle cómo viven los niños que en ella moran. Y cuando encuentran algún motivo que les hace sospechar de violencia, abandono o descuido en el trato a los menores no pierden tiempo en declararlos desprotegidos, suspender la patria potestad para los progenitores y llevárselos celéricamente a un centro de acogida.

Estos expedientes, que no procesos porque en adoptar tal decisión no ha participado ningún juzgado, se tramitan a una velocidad que ya quisiéramos para cualquier otro asunto de la Administración. Y así en unos días, sin haber tratado los problemas de la familia con detalle, ni haber pedido el asesoramiento de profesionales cualificados en psicología, ni infantil ni adulta, ni por supuesto haber intentado remediar sus males económicos y sociales, se llevan a los menores secuestrados.

Este relato de terror miserable lo contaba en Radio Nacional de España, Consuelo García, que dirige una ONG llamada “Las Hijas de Eva” para ayudar a los desolados padres y madres que necesitan asesoramiento social y jurídico para recuperar a sus hijos. En este momento tenemos 40.000 niños en régimen de acogida, por su supuesto abandono, lo que da una cifra de país subdesarrollado. No crean que se trata de desdichados que viven en la calle a los que sus padres obligan a mendigar. Solamente son hijos de familias pobres, a las que los escasos sueldos que perciben no les permiten pagar la hipoteca o el alquiler algunos meses, o que el montante de la factura de la luz los deja sin nevera ni calefacción. Porque ya se sabe que en este sistema se penaliza la pobreza.

Consuelo explicaba la desesperación de madres y padres que tienen que buscar a sus hijos una tarde cuando no regresan del colegio, porque la policía ha ido a detenerlos al colegio en plena clase y ni siquiera los han advertido. Contra este infame expediente administrativo cabe presentar un proceso judicial. Si no tienen dinero para pagar abogado y procurador se les asigna uno de oficio, que bastante trabajo tiene con cobrar sus propios emolumentos, como estamos sabiendo últimamente. Y si esos padres despojados de sus hijos se deciden heroicamente, a pesar de todo, a patalear en el fango de un procedimiento judicial, pasarán separados de ellos uno, dos o tres años, mientras los niños caerán en diversas patologías psicológicas preguntándose desesperados que mal han hecho para sufrir castigo tan atroz.  

Algunas veces se consigue, como yo misma logré para una familia, liberar a los menores de tal secuestro y devolvérselos a los padres, eso sí al cabo de dos años de haber sido separados de ellos. Y como varias veces el Partido Feminista ha asistido a madres desesperadas ante esa situación. Pero no siempre. Porque la Administración de Justicia no sólo es lenta sino también tendenciosa y el Estado protege a sus funcionarios, que, en contra del sacro santo principio de la “presunción de inocencia” tienen el privilegio de que sus declaraciones son consideraras “in vero veritas”, es decir que siempre dicen la verdad, y para contradecirla las víctimas tienen que ser quienes prueben lo contrario. En consecuencia las declaraciones de las funcionarias que han intervenido en tan siniestra operación se consideran por sí mismas pruebas irrefutables.

Tan complicado y siniestro sistema no se entendería si no fuera fuente de beneficios continuos para esa red de centros de acogida, que pertenecen a algún consorcio multinacional. Quizá los lectores se pregunten, sorprendidos, por esta conducta tanto de la Administración municipal como autonómica, ya que los centros están contratados por ambas, a la que no le encuentren motivo, pero eso es porque no saben que el mantenimiento y educación de esos niños cuestan al erario público de 4.000 a 6.000 euros mensuales, que se embolsan las empresas creadas precisamente para ello.

Tanto Ayuso como Almeida ponen en práctica la indiscutible doctrina de la derecha de que utilizar la economía privada es mucho más eficaz para realizar los servicios que se requieren y sale más barato para el erario público. Falacia absoluta, según pueden ustedes comprobar con el desembolso que debemos hacer para “proteger” a esos niños. Cualquiera puede entender que ayudar a las familias con unas subvenciones para que pudieran resolver sus problemas sería mucho más barato, y mucho menos traumático para los padres y los hijos que han sido desarraigados de su casa, de la relación con sus padres y su entorno familiar, su colegio habitual, sus amigos, sus vecinos.

Estas son algunas de las víctimas de la política de la señora Isabel Díaz Ayuso y del alcalde José Luis Martínez Almeida, que llevan varios años torturando a la ciudadanía madrileña. De la sanidad he hablado en otro artículo anterior.

Si en las próximas elecciones del 28 de mayo los madrileños y madrileñas no toman conciencia de cómo esos mandatarios están destrozando los servicios públicos y hundiendo en la desesperación y la enfermedad a las familias con dificultades económicas, y modifican su voto para que no sigan gobernando, la ciudad de Madrid y su provincia tendrá pronto los niveles de abandono y miseria de las clases más desfavorecidas de los años de la postguerra. Eso sí, habrá muchos consorcios importantes que seguirán obteniendo buenos beneficios.