Las grandes empresas están demostrando su codicia corporativa y su falta absoluta de responsabilidad social. La inflación que estamos sufriendo en la actualidad es, en parte producida por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Sin embargo, por otro lado y en mayor medida, está provocada por esa codicia corporativa a la hora de subir precios sin control y a pesar de las medidas que los gobiernos están implementando en los respectivos países.
Un ejemplo de esa codicia corporativa la hemos conocido hoy con el anuncio de la constructora Ferrovial de cambiar su domicilio fiscal a Países Bajos, un paraíso fiscal encubierto en el interior de la Unión Europea.
Ese cambio de sede se va a realizar a través de un movimiento corporativo de fusión de la matriz española con su filial en Países Bajos que es la que controla los activos internacionales de Ferrovial desde que su presidente, Rafael del Pino, realizó el traslado desde Londres a Amsterdam en el año 2018. El directivo, además, ya tiene sus sociedades patrimoniales domiciliadas en ese país.
Esta es una muestra más de cómo la codicia corporativa está llevando a la destrucción absoluta del estado del bienestar. Ferrovial ha afirmado que la decisión se adopta por una cuestión de seguridad jurídica. Sin embargo, la realidad es que no quieren pagar impuestos en España, no quieren aportar parte de sus beneficios para sostener los servicios públicos. Esta falta de patriotismo, evidentemente, no tiene que quedar ahí y el gobierno de Pedro Sánchez deberá tomar cartas en el asunto.
Ferrovial no puede irse de España sin pagar, no sólo los impuestos, sino lo que ha dejado de aportar a lo largo de todos los años. Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Economía están obligados, por patriotismo real, a aplicar las sanciones y a tomar, si se quiere llamar así, las represalias correspondientes a través de buscar la herramienta legal necesaria para impedir que la constructora presidida por Del Pino pueda optar a las obras de infraestructuras licitadas.
Además, sería necesaria realizar una auditoría y una inspección de Hacienda para verificar si en los últimos 3 años Ferrovial ha evadido impuestos o ha utilizado estrategias de «magia contable» para rebajar la factura impositiva.
Ferrovial no puede escaparse viva porque, de hacerlo, las grandes compañías estarían obligando al gobierno a implantar un régimen cercano al paraíso fiscal para evitar que estas empresas se domicilien en otros lugares con una fiscalidad más baja.
La decisión de la constructora no es más que el primer paso que los poderosos están dando para destruir el estado del bienestar y hacerse con los nichos de negocio que hasta ahora correspondían al Estado. No tardará mucho Isabel Díaz Ayuso en gritar a los cuatro vientos que la salida de Ferrovial es consecuencia de que no se aplican las políticas de «0 impuestos a los ricos» que ella pretende.
Sin embargo, las consecuencias de estas políticas ya se están viendo en la Comunidad de Madrid con una sanidad en estado de derribo mientras la gente muere esperando una operación o una consulta de especialista.
Pedro Sánchez no se puede quedar quieto. Ni libertad de mercado ni hostias. Primero está el pueblo español y luego todo lo demás. Ese es el interés público real, el interés de la ciudadanía, y no el de cuatro trileros con corbata (o pañuelo) y pulserita con la bandera de España que huyen en cuanto se les pide que arrimen el hombro. Señor Sánchez, si permite esto sin consecuencias graves para la constructora, entonces habrá creado un precedente muy peligroso que le obligará a hacer lo que no quiere hacer: convertirse en Isabel Díaz Ayuso.