Marchena y la revisión del juicio al Procés (ll)

La semana acaba con una nueva decisión que refuerza la idea que España es irreformable y que el poder del Estado está infiltrado de una capa de alquitrán qué sea la decisión de la mayoría parlamentaria que representa la voluntad popular. Si vuelven a entrar políticos y ciudadanos independentistas en la prisión por los hechos del 1-O no habrá un descalabro porque la sociedad ahora no está al nivel de movilización del año 2017, pero la ciudadanía tomará buena nota. Es solo una cuestión de tiempo.

No será una buena noticia para el gobierno de Sánchez, aunque el PSOE piense que así demuestra al PP y VOX que la reforma no garantiza la protección de los independentistas. El equilibrio con Cataluña continuará siendo inestable, y que el independentismo esté desmovilizado y dividido no significa que haya desaparecido. Concentrada en la gestión, ERC no puede desatender los resultados de la estrategia del pragmatismo y unos nuevos encarcelamientos complicarían su política actual.

El Estado siempre ha tendido a humillar y ningunear los pragmáticos. Sería una gran ingenuidad que el gobierno de Sánchez creyera que nuevos encarcelamientos son una buena noticia para gestionar las elecciones en España. A finales de año no podrán gobernar en solitario en caso de que ganen las elecciones y en caso de que los socios de Podemos no hayan reventado.

El Tribunal Supremo, con Manuel Marchena presidiéndolo, ha vuelto a demostrar que en el caso de la justicia española no hay terreno de juego favorable que valga cuando se trata del independentismo. Marchena ha ejercido de líder absoluto para anular el acuerdo político entre el PSOE y ERC que buscaba minimizar las consecuencias jurídicas del 1 de octubre del 2017. Una decisión polémica con que el Poder Judicial trastoca una vez más el escenario político por todas partes.

La más perjudicada por la decisión de Marchena es ERC, que ve como su triunfo más importante hasta ahora en la negociación con el PSOE –indultos a banda– queda en papel mojado. Las elevadas peticiones de prisión de la Fiscalía este viernes para Jové y Salvadó así lo demuestran. Los republicanos, que ven como la justicia le da munición a los que, como Junts per Cataluña, habían criticado el acuerdo para reformar el Código Penal, tienen que tragarse además como el PSOE saca pecho de la decisión del Supremo porque demuestra que no se han despenalizado los hechos del otoño del 2017.

Pero, más allá de la cuestión, el PSOE también ha salido derrotado por Marchena. La prueba es que la Abogacía del Estado -que depende directamente del gobierno español- pedía rebajar sustancialmente las penas a través de la nueva malversación. Por más que ahora Félix Bolaños intente llevar el agua a su molino, la lectura del Supremo desarticula el plan de «desinflamación» en Cataluña defendido por la Moncloa. Si nada se para, habrá más condenas altas, más prisión y más indignación en las calles.

¿Cómo y de qué forma ha actuado Marchena ahora? El periodista Josep Mª Brunet, en su artículo en el diario ara, ha manifestado lo siguiente: Ha llamado mucho la atención que el Supremo -como otras veces ha hecho la Fiscalía- entre en el debate político sobre los efectos de las reformas legales. Pero hay que recordar que tiene un apoyo legal para hacerlo. Se trata del artículo 4.2 del mismo Código Penal. Este precepto dice que en caso de que un juez o tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la ley, considere digna de represión, se dirigirá al gobierno para exponer las razones que tiene para creer que tendría que ser objeto de sanción penal.

Es lo que, indirectamente, ha hecho el tribunal. Ahora bien, es muy claro que detrás de esta decisión no hay solo la aplicación de un artículo. Lo que ha hecho el Supremo es apoyarse en este precepto para llamar la atención sobre el hecho que la integridad territorial de un país, de un estado, es un bien jurídico que se tiene que preservar por encima de todo.

Dos ultimas consideraciones. Esta resolución hace que el objetivo de la desjudicialización de las consecuencias del Proceso no se haya conseguido, pero la revisión de condenas ha tenido beneficiarios, para los cuales la inhabilitación se considera extinguida. Por otro lado, aunque en el futuro no haya contrarreforma del Código Penal, lo que continúa vigente es el artículo 155 de la Constitución. Este precepto es el arma legal de potencia nuclear que queda en manos de cualquier gobierno. El PSOE y el PP, que ya lo aplicaron, son muy conscientes, incluso cuando discuten enconadamente si el Estado se ha quedado inerme ante el independentismo.

Delante a esta situación mi pregunta es muy clara: ¿Existe de verdad la separación de poderes en España, tal y como la definió Montesquieu? Mi respuesta es que No. ¿Y la de ustedes, queridos lectores?