El Instituto Juan de Mariana, que ha otorgado al presidente de Argentina, Javier Milei, el «Premio Juan de Mariana 2024 a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad», fue identificado en el estudio del proyecto THINKClima de la Universitat Pompeu Fabra, realizado en 2020, como uno de los ocho think tanks más importantes de Europa dedicados a promover la negación del cambio climático. Para conocer los argumentos que estos laboratorios de ideas utilizan de forma habitual se analizaron todos los textos sobre cambio climático publicados en sus webs entre 1994 y 2018 (1.669 textos durante un periodo de 24 años). El estudio decía que hasta 2007 no fueron publicados informes negacionistas relevantes, y la mayoría se difundieron entre 2014 y 2018. Según el historiador de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachussets, Geoffrey Supran, el Instituto Juan de Mariana forma parte de una red «bien financiada y engrasada dedicada a promover el negacionismo climático conectando compañías de combustibles fósiles, fundaciones, think tanks, empresas de relaciones públicas y empresas fachada para alimentar una burbuja de propaganda de políticos, falsos activistas, medios de comunicación y blogs». Supran alertó también sobre un estudio publicado por el Instituto Juan de Mariana en 2009, firmado por los economistas Gabriel Calzada (fundador y presidente del Instituto), Juan Ramón Rallo y Raquel Merino, que no estaba revisado por pares, en el que se analizaba el efecto de los subsidios a las energías renovables y se decía que «por cada empleo verde creado se destruyeron otros 2,2 puestos de trabajo». «Esta absoluta falsedad se convirtió en uno de los argumentos favoritos de ciertos políticos», afirmaba Supran.
Ese informe recibió duras críticas por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y España, así como de numerosas ONG, y no fue elaborado por iniciativa del Instituto Juan de Mariana, sino que fue encargado por el Instituto para la Investigación en Energía (IER, por sus siglas en inglés), un think tank estadounidense que en su web publica estudios y documentos que califican la energía renovable como «un mito» y critican los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los argumentos habitualmente defendidos en la web del IER choca de lleno con el consenso científico al afirmar que «el resultado de la concentración de CO2 tendría un efecto virtualmente insignificante sobre la temperatura de la tierra». El IER mantiene vínculos con miembros de la familia Koch, los grandes financiadores de los movimientos reaccionarios estadounidenses como Freedom Partners, Libre Initiative y, por encima de todo, la poderosa asociación Americans for Prosperity, el punto de partida de la revuelta ultraconservadora del Tea Party.
Neoliberalismo y negacionismo del cambio climático suelen ir de la mano. Tal vez por ello la fundación FAES de José María Aznar, a través de su editorial Gota a Gota, publica obras de negacionistas como Nigel Lawson, uno de los arquitectos de la privatización del sector público de Reino Unido con Margaret Thatcher, que tuvo importantes vínculos económicos con algunas de las empresas más contaminantes del mundo, y Vaclav Klaus, expresidente de la República Checa, antieuropeísta, homófobo, neoliberal y cercano a la ultraderecha. Los ocho laboratorios de pensamiento europeos identificados como negacionistas se localizan en seis países diferentes: en Reino Unido operan tres, el Centre For Policy Studies (CPS), la Global Warming Policy Foundation (GWPF) y el Institute of Economic Affairs (IEA); en Francia, el Institut Économique Molinari (IEM); en Alemania, el Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE); en Austria, el Austrian Economic Center (AEC); en Suiza, el Liberales Institut (LI); y en España, el Instituto Juan de Mariana (IJM).
Una de las características del trumpismo es la creación de un relato delirante, elaborado para que prevalezca sobre la realidad en el alma del electorado. Los políticos de extrema derecha como Ayuso, Esperanza Aguirre, Abascal, Milei o Bolsonaro utilizan esta práctica para evitar hablar de su gestión, pero también porque reciben votos cuando inventan una imagen estereotipada de un adversario político. Por eso Milei habla de «socialismo» asemejándolo al estalinismo o al totalitarismo y la corrupción de la Nicaragua de Daniel Ortega, pero nunca a las socialdemocracias del norte de Europa, que han llevado a ese reducido conjunto de países a los niveles de desarrollo humano, bienestar y transparencia más altos de la historia, y a los más bajos de corrupción. Otra de las características del trumpismo es que sus líderes, antes que asumir responsabilidades individuales por su gestión política, son capaces de deslegitimar las instituciones, tensionar el sistema democrático y poner en peligro la convivencia. Afirmar como hace la presidenta de Madrid que «el sanchismo es chavismo» es caer en el desvarío. Entre otras cosas porque lo hace para ocultar la corrupción de su pareja, uno de esos empresarios nada ejemplares, a juzgar por cómo ha admitido ante la Fiscalía los delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos para engañar a la Justicia. Sánchez es derecha dura en política económica, exactamente igual que lo eran Felipe González, Aznar o el propio Zapatero. Sobre Zapatero diré que una cosa es la percepción que uno tiene de sí mismo y otra son los hechos, que es lo que realmente define lo que somos, por eso es tan importante que los más cercanos nos abran los ojos de vez en cuando. Pero sucede que los políticos españoles no siguen la tradición anglosajona de rodearse de compañeros críticos, sino más bien de aduladores. Por eso Zapatero cree a pies juntillas ser la reencarnación del Che Guevara en el siglo XXI, incluso cuando no tocó una sola de las estructuras neoliberales y neoconservadoras heredadas de González y Aznar y aumentó, además, los privilegios de la Iglesia Católica con un incremento de la asignación del IRPF, que pasó del 0,5239 al 0,7%.
Las migajas sociales que han disfrutado los ciudadanos españoles desde que triunfó la moción de censura a Rajoy (aumento del salario mínimo, creación del Ingreso Mínimo Vital o disminución temporal del precio de la energía) vienen dadas por los partidos de izquierdas de la coalición de gobierno (Unidas-Podemos, Sumar, ERC y Bildu), y no gracias al Partido «Socialista». Pedro Sánchez tiene problemas claros con ciertas convenciones de las democracias, por eso nombró a Magdalena Valerio presidenta del Consejo de Estado, a Dolores Delgado fiscal general del Estado y a Juan Carlos Campo Moreno magistrado del Tribunal Constitucional. Estos nombramientos chocan con los principios de imparcialidad e independencia y aumentan la sensación de degradación política e institucional porque los tres fueron ministros del Gobierno de Sánchez, pero eso no convierte a España en Nicaragua. Lo mismo podemos decir ante el hecho de que Sánchez mantenga a Tezanos al frente del CIS o al bronco Óscar Puente en el Ministerio de Transportes.
Sánchez parece más feliz en el barro de la confrontación con el PP y VOX que en la gestión, y esa es la razón por la que no ha cesado a Óscar Puente. Pero además es un demagogo de manual. Decía Quevedo que «Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir», por eso afirmó en decenas de entrevistas a lo largo de los cinco años anteriores a alcanzar la presidencia del gobierno que derogaría la ley mordaza (ahí está, intacta), que derogaría la reforma laboral de Rajoy (apenas un retoque) y en cuanto empieza una campaña electoral habla de construir una vivienda pública a la que no destinará un solo euro. Que Sánchez obtenga un cero rotundo como demócrata no hace bueno a Feijóo, del mismo modo que el Partido «Socialista» no se convierte en izquierda porque esté enfrentado al PP. Y tampoco es mucho mejor que VOX, por ejemplo en materia migratoria. VOX ladra contra los inmigrantes, pero este gobierno no lleva a cabo políticas de acogida ni hace pedagogía sobre esta cuestión, de manera que no hay tanta diferencia entre unos y otros. Dicho esto: comparar a Sánchez con Hugo Chávez es no conocer el chavismo, y lo mismo decir que «todo lo que hacen es violento», un delirio más de la presidenta Ayuso, una política enajenada e irresponsable solo posible en un sistema que premia la lealtad y no la idoneidad. Si a todo esto unimos que las políticas de izquierdas por parte del Gobierno de Sánchez son prácticamente inexistentes, ya tenemos los porqués de la próxima victoria de Feijóo.
Pero, ¿De qué libertad hablan Milei o Ayuso cuando dicen defenderla? El lenguaje jurídico de la Ley de Bases, aprobada la pasada semana por el Senado argentino (la norma pasará ahora a la Cámara de Diputados), habla de «modernización laboral», pero la nueva disposición ha eliminado las multas a las empresas que tengan trabajadores no registrados en el equivalente a nuestra Seguridad Social. Es decir, se facilita el trabajo ilegal, que por lo general es más precario y se desarrolla en peores condiciones respecto al legal. La ley establece penas de 5 años de cárcel por organizar manifestaciones que afecten al transporte público, algo muy vago que, por otro lado, contradice la idea de libertad que Milei dice defender. También se han eliminado las ayudas a los enfermos de enfermedades graves como el cáncer (Programa Dadse), y se han suspendido los envíos de alimentos a los comedores comunitarios para personas en situación de pobreza y pobreza extrema. El llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los capítulos centrales de la Ley de Bases y está pensado principalmente para inversores del sector primario exportador de litio, gas y petróleo, por lo que la medida ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con el objetivo de «atraer proyectos de inversión extranjera». Una de las críticas que hace la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) es que los grandes fondos de inversión pagarán pocos impuestos, lo que creará competencia desleal. Como el mínimo de inversión es de 200 millones de dólares, quedarían fuera las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país. Además, la ley exime a los grandes capitales de pagar algunos tipos de aranceles por un lapso de 30 años. Si gana las elecciones un partido que quiera revertir esta disposición del RIGI, cualquier grupo extranjero que haya iniciado un proyecto de inversión podrá denunciar al Estado argentino ante un tribunal de arbitraje internacional, en virtud de las cláusulas ISDS presentes en los Tratados Bilaterales de Inversión (en este caso el CIADI del Banco Mundial, porque así lo dispone la propia ley). Hay que señalar que alrededor del 80% de las demandas entre el Estado argentino y un inversor revisadas por el CIADI tuvieron como ganador al inversor.
En cualquier contexto, y eso incluye crisis graves, la obligación de un gobierno es proteger la cultura, en ningún caso atacarla. En el proyecto inicial de la Ley de Bases se contemplaba el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA); y la retirada de la financiación al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Finalmente, tanto el INT como el FNA no serán clausurados, pero, como el resto de las instituciones pertenecientes al ámbito cultural verán como sus fondos se recortan de manera extraordinaria. El nuevo texto elaborado y aprobado por el Gobierno dice, no obstante, mantener «las bases fundamentales de ampliación de libertades y fortalecimiento de la educación y la cultura», neolengua y eufemismos propios de mediocres demagogos sin otro proyecto que el de destruir el Estado y crear un orden aún más injusto en una sociedad como la argentina, ya de por sí desigual y empobrecida. Una de claves más importantes de la Ley Bases es que otorga al presidente argentino competencias extraordinarias por un año, al declarar «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética». Esto permitirá a Milei contar, hasta mediados de 2025, con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo. Es decir, evita por completo el control del Congreso, sin embargo, viaja a España a decirle a Sánchez que su proyecto es bolivariano y totalitario, y que así empezó Maduro. ¿Recuerdan el principio trumpista de crear un relato delirante para que se convierta en el marco de discusión, con el fin de que no se hable de la gestión de sus líderes? Pues eso.
El camino que Milei ha emprendido es incluso peor que el que inició Pinochet en 1973, con desastrosas consecuencias sociales para el pueblo chileno. Todo esto forma parte también de la estrategia neoliberal de desplazar la línea ideológica hacia la derecha, de tal forma que las medidas socialdemócratas propuestas por partidos como Unidas-Podemos o Sumar sean vistas como políticas estalinistas y desestabilizadoras por buena parte de la sociedad. Así es como se difuminan muchos conceptos ideológicos con el objetivo de que los márgenes se estrechen cada vez más y solo quepa una manera de hacer política porque el resto será percibido como extremismo. No recuerdo quién calificaba hace unos meses al PNV de «comunista». Lo que hoy se llama comunismo son medidas sociales de tan poco alcance que habrían avergonzado a cualquier partido socialdemócrata o democristiano europeo de los años 70, que luchaban por erradicar la pobreza y corregir la desigualdad, y lo hacían sin complejos (recuerden que en Alemania, durante los Gobiernos del conservador Adenauer, los que más ganaban pagaban un 75% en impuestos, y el propio canciller creó un tributo del 95% para cada marco que superase un ingreso de 250.000 marcos al año). Lo que ocurre hoy es que las derechas reaccionan con enorme virulencia ante cualquier medida que defienda la igualdad o la regulación porque son insaciables en su codicia y no quieren controles de ninguna clase. Lo peor es que ese discurso que sataniza la protección social está ya en la médula de la sociedad, e incluso lo defienden aquellos que están más expuestos a la precariedad.
Históricamente, la socialdemocracia y la democracia cristiana han sido pilares básicos de la Europa democrática, de la construcción de la Unión Europea y de los distintos modelos de Estado de Bienestar que existen en el continente. Por el contrario, lo que ofrece Milei es otra cosa, un paso más hacia el abismo: la desaparición del Estado como ente con capacidad de regular la economía y corregir las desigualdades. Otros políticos de ultraderecha como Ayuso o Aguirre defienden un modelo en el que el Estado no desaparece porque se constituye en un suministrador de fondos públicos para la empresa privada. Pero ambos sistemas tienen consecuencias sociales desastrosas, no solo porque crean desigualdad y pobreza, sino porque ensalzan la insolidaridad y el individualismo. Lo que Milei y Ayuso promueven es la impunidad de los más fuertes, y eso no tiene nada que ver con la libertad, por mucho que ambos se erijan como valedores de este concepto. Lo único que se está intentando hacer en Argentina es aprobar un plan ultra neoliberal apelando a nobles pretextos.
