El acto de consumo, ha sido y sigue siendo, la piedra filosofal de la sociedad actual, una sociedad obsesionada con la capacidad de consumir y clasificada socialmente por los bienes de consumo que cada quien pueda llegar a adquirir.
Podemos entender este modelo de sociedad, como la otra cara de la moneda de una redistribución del capital, que en una primera fase se debe enfocar en cómo obtener suficiente capacidad adquisitiva para acceder a los bienes necesarios y una segunda fase en las que el propio mercado busca tentar hacia el gasto del individuo devolviendo la ganancia al propio capital.
Si la primera fase se identifica con el intento de ganar la máxima cantidad de capacidad adquisitiva, la segunda de ellas se va a caracterizar por el enfoque contrario, que sería en, cómo conseguir que el mercado junto a su marketing centrado en el deseo inmediato e insaciable nos merme lo menos posible nuestra renta.
Con una sociedad de consumo, más que adulta, y que año tras año va agotando más temprano los recursos que el planeta genera anualmente, nos encontramos con la ilusionante noticia que en nuestro país un gobierno decide poner en primera línea de su estructura, una materia tan central y fundamental para la ciudadanía, como la materia de consumo.
Pues bienvenido sea, y a celebrar toca, que se haya dado el referido paso. Ahora bien… ¿qué podemos y qué debemos exigir a esta nueva estructura ministerial liderada por el Sr. Garzón?
En primer lugar, debemos exigir que la apuesta sea seria, ya que sólo así se facilitará que se produzcan los cambios absolutamente necesarios en nuestro sistema, el cual viene lastrado por una dejación de funciones que ha permitido en muchas ocasiones que las grandes empresas del mercado campen a sus anchas aprovechándose de una situación de absoluta desigualdad frente al consumidor.
En este aspecto, observamos como año tras año las empresas de telecomunicación lideran los rankings de reclamaciones, sin que suceda absolutamente nada; también como cada cierto tiempo desde Europa nos sacan las castañas del fuego con los abusos de la banca o como las energéticas nos engañan con sus contratos de dudosa legalidad, y todo con el mismo resultado… nada de nada y sensación de desprotección absoluta para el consumidor.
La apuesta fuerte y valiente, deberá pasar por dotar al ministerio de unos recursos materiales y humanos suficientes para llevar a cabo una real acción de equilibrio entre consumidor y empresario.
Una acción que requiere de valentía y de comprensión por el resto del ejecutivo, ya que uno de los déficits de nuestras políticas de consumo ha sido el progresivo vaciado de competencias, hasta el punto de que gran parte de las materias que afectan a los consumidores, no dependen directamente de las administraciones de consumo.
Ahí nos encontraremos el primer obstáculo, que tal como hemos indicado, va más allá del propio ministerio, así que esperemos que el nuevo ministro sea capaz de implementar y liderar estrategias transversales con otras áreas de gobierno que van a afectar de forma directa a los consumidores. Sin duda, sería una gran noticia, que a final de legislatura, se hayan realizado las modificaciones legislativas oportunas para permitir que desde el ministerio se puedan condicionar -siempre desde el enfoque de la protección a la persona consumidora- las acciones que hasta ahora se nos vienen escapando, y que nos afectan de forma directa (energía, banca, comercio…).
Para ello, valentía para el señor Garzón, y empatía hacia el ciudadano para el resto del gobierno.
Entendemos que es el momento -de una vez por todas- de profundizar en el papel del Estado con respecto a la potestad sancionadora en materia de Consumo, un papel que se ha venido jugando desde la segunda fila al ser una competencia propia de las comunidades autónomas.
Dado el marco general en materia sancionadora, con un Gobierno que no se le permite sancionar y unas competencias que se ejercitan de las comunidades autónomas, es necesario reformar el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y dotar de competencias sancionadoras al ministerio, las cuales por supuesto le vamos a pedir que ejerza con valentía y determinación, de forma que jueguen el papel que les compete que no es otro que disuadir a las grandes empresas de cometer los fraudes masivos que venimos soportando.
Se deben sentar las bases, para compartir las competencias sancionadoras y en aquellos casos en los que las irregularidades se produzcan en varias comunidades sea el Ministerio el que las ejercite.
Es necesario que nuestro gobierno sea capaz de ejercer acciones judiciales frente a las empresas que cometan fraudes masivos, una oportunidad que nos facilita la norma actual y que jamás ha sido asumida desde los distintos gobiernos de España. Ahora es el momento de ponerse en la piel de los españoles y pelear a su lado contra las prácticas abusivas.
En un mercado como el actual se debe garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras que han sido víctimas de un fraude o abuso, siendo una forma clara de disuadir este tipo de prácticas y, por otro lado, que el enriquecimiento injustamente obtenido revierta de forma directa en la persona perjudicada.
El incremento de las casas de apuestas, y de la consiguiente saturación publicitaria, en los barrios más humildes supone, en muchos casos, auténticas tragedias en las economías domesticas y revelan graves problemas de adicción al juego entre los más jóvenes. Es necesario regular, es necesario proteger.
Sin duda una batería de necesidades que deben ser abordadas desde la rigurosidad y la valentía, por parte del Ministerio de Consumo, para iniciar el camino que coloque la economía de las personas consumidoras en el centro del panel político de nuestro país. Así que… enhorabuena y ahora a arremangarse y a trabajar por ello.. ¡muchísima suerte¡
