Los últimos acontecimientos sociopolíticos en España han popularizado el término ‘lawfare’, que define una campaña de guerra jurídica mediante la instrumentalización de la justicia con acoso y persecución judicial, con apariencia de legalidad, para tratar de perjudicar y desprestigiar al adversario y con la finalidad coactiva de que desista de alguna actuación molesta.
La proliferación de acciones judiciales formuladas por bancos, grandes empresas y el establishment contra periodistas, abogados, activistas y denunciantes de corrupción por sus críticas públicas y denuncias de actuaciones irregulares se ha generalizado de tal forma que la Unión Europea se ha visto obligada a redactar una propuesta de Directiva contra lasDemandas Estratégicas Contra la Participación Pública (DECPP).
El año pasado infinidad de periodistas, abogados y denunciantes de corrupción han denunciado públicamente que han sido presuntamente represaliados, perseguidos judicialmente o coaccionados por denunciar actividades ilícitas de grandes empresas, políticos, jueces o empresarios.
Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes, entre ellos a su presidenta Ana Patricia Botín, por presunta manipulación de la junta de accionistas, intervención en la estafa piramidal de Madoff y otras actuaciones presuntamente ilícitas de los directivos del banco cántabro y miembros de la familia Botín que, supuestamente, habrían acarreado perjuicios a la entidad, a sus accionistas y clientes del banco.
El abogado ejerce la defensa de su cliente y de los intereses de los accionistas minoritarios ante los tribunales y en las juntas del Banco Santander, haciendo mención a esas presuntas actuaciones irregulares de la entidad financiera.
Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que, según fuentes consultadas por este medio, han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias por haber presentado varios escritos de recusación en los que se aportaba información en la que se expresaba el indicio de la supuesta existencia de cuentas bancarias que presuntamente podrían ser de miembros de la judicatura.
El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción que ya ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español.
Según ha podido saber este medio, el letrado habría solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid y a juzgados de lo Mercantil y de Instrucción de Madrid que llevasen a cabo una averiguación de esos presuntos hechos a través de la petición por parte de los magistrados de comisiones rogatorias a las autoridades y bancos extranjeros que permitiesen confirmar o negar la existencia de las cuentas bancarias. Los organismos judiciales se han negado a reclamar esa información.
Según el abogado, ante el presunto intento de represalia mediante ‘lawfare’ desencadenado por Banco Santander contra su propio accionista, éste se ha visto obligado a solicitar al Gobierno que proceda a aprobar una ley orgánica para amnistiar a todos los periodistas, abogados, comunicadores o denunciantes de corrupción que, como él, se ven a diario perseguidos por ejercitar el derecho de información o defensa con libertad de expresión en los medios de comunicación o en los tribunales.
En dicha petición, el abogado hace referencia a las distintas recomendaciones de organizaciones internacionales e iniciativas legislativas de los parlamentos español y europeo para la despenalización de los delitos de difamación y para la protección contra las demandas abusivas que las grandes empresas, poderosos y grupos de presión vienen instrumentalizando en los últimos años para acallar a informadores, alertadores, abogados y activistas denunciantes de corrupción que alzan la voz para denunciar actos irregulares y defender los derechos de los consumidores y los ciudadanos en general.
Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha absuelto a un abogado que acusó a un juez de prevaricar dentro de una causa por estafa procesal. La sentencia del Supremo mantiene que el abogado, en el contexto forense y del derecho de defensa de un escrito en un proceso penal que no trascendió fuera del procedimiento, estaba amparado por la libertad de expresión para poder hacer criticas contundentes sobre la labor jurisdiccional del togado. Además, se declara que los jueces, por razón de las responsabilidades de su función pública, están obligados a soportar el escrutinio social y tolerar críticas más duras que los ciudadanos que no ostentan cargos públicos.
Por otro lado, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pondría de manifiesto la inconsistencia de la acusación del Santander contra el abogado y de otras muchas que se producen a diario en los juzgados españoles de distinta instancia y la pertinencia de que el juzgado ordenase su sobreseimiento al ser un ejemplo más del ‘lawfare’ contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución.
Se espera que esta iniciativa tenga eco entre los grupos parlamentarios y se proceda a proteger a los que se atreven a criticar de forma pública las actuaciones irregulares de aquellos que se creen impunes ante la Justicia por la protección que se les facilita, en ocasiones, mediante ‘lawfare’.