La investigación judicial sobre presuntas injerencias privadas en la elaboración de leyes tributarias ha puesto el foco en el Ministerio de Hacienda de la etapa de Cristóbal Montoro, concretamente en las decisiones adoptadas durante la fase administrativa previa al proceso legislativo. Documentos judiciales e informes técnicos, a los que Diario16+ ha tenido acceso, revelan que, lejos de tratarse de meros trámites formales, estas actuaciones administrativas tuvieron un impacto determinante en la configuración de textos legales que luego fueron aprobados por las Cortes.
El análisis judicial se centra exclusivamente en los órganos del Ministerio de Hacienda de Montoro, excluyendo a otros actores institucionales, dado que estos departamentos son los titulares de facultades normativas y capacidad decisoria en materia fiscal. Según los investigadores, estas decisiones técnicas previas no solo influyen directamente en la forma final del texto legal, sino que también pueden ser objeto de control jurisdiccional, ya que constituyen manifestaciones del ejercicio efectivo de competencias públicas. Montoro lo sabía y se aprovechó de ello.
La jurisprudencia citada en la documentación analizada por este medio diferencia de manera clara entre la actuación administrativa previa y la norma legal resultante. Esta distinción implica que no pueden integrarse ni confundirse ambos planos, lo que refuerza la necesidad de examinar con lupa los criterios, fundamentos y documentos que guiaron la acción del Ministerio antes de que la norma llegara al Congreso.
Criterio técnico vs intereses privados
Uno de los puntos clave de la documentación es la determinación respecto a si las decisiones administrativas adoptadas se sustentaron en criterios técnicos sólidos, objetivos e imparciales, o si, por el contrario, respondieron a intereses particulares disfrazados de argumentos técnicos.
En este contexto, los documentos y correos electrónicos internos que forman parte del sumario adquieren una relevancia capital: permiten rastrear el criterio seguido por los funcionarios responsables, la transparencia de los datos utilizados, y si los cambios en las decisiones fueron debidamente justificados o motivados.
“El análisis se debe centrar en si tales decisiones fueron adoptadas conforme a las normas procedimentales y competenciales aplicables”, subraya uno de los informes periciales de la Agencia Tributaria. De no ser así, se abrió la puerta a cuestionar la neutralidad del proceso de elaboración de normas, y por tanto, la legitimidad del marco legal resultante.
La documentación consultada recuerda que la intervención del Ministerio de Hacienda en esta fase inicial no es un simple apoyo técnico, sino una función altamente cualificada, sin la cual el legislador no podría tomar decisiones bien fundamentadas ni garantizar la adecuación normativa al interés general.
Lejos de lo que podría parecer, estos trámites administrativos no son neutros ni inocuos: constituyen la base técnica y legal sobre la que se construyen las leyes, y, por tanto, deben mantenerse al margen de cualquier conflicto de intereses.
“La Administración debe mantenerse a cubierto de toda colisión entre intereses particulares y el interés general”, advierte el informe, citando la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que establece los principios de imparcialidad, legalidad y transparencia que deben regir la actuación pública.
Normas bajo sospecha
Aunque uno de los informes periciales no menciona expresamente a empresas o consultoras concretas, se enmarca en una causa mayor en la que ya se ha señalado la intervención de la firma Equipo Económico, vinculada al exministro Cristóbal Montoro, como presunto instrumento para modificar leyes fiscales en beneficio de clientes privados.
La pieza técnica ahora analizada se limita a evaluar el proceso administrativo de creación de normas tributarias, pero su trascendencia es innegable: podría demostrar que decisiones clave en materia fiscal se tomaron fuera del marco legal o técnico debido, con consecuencias millonarias para las arcas públicas y beneficios concretos para determinados actores económicos.
Este caso revela la enorme importancia de las fases ocultas del proceso normativo y de cómo, quienes conocen el sistema y tienen poder, se pueden aprovechar y lucrarse con ello. Lo que ocurre antes de que un proyecto de ley llegue al Congreso puede marcar su contenido, su sesgo y su impacto. En consecuencia, la influencia en las leyes fiscales está menos en los escaños del Parlamento y más en los despachos técnicos del Ministerio de Hacienda.