La Fiscalía Anticorrupción ha abierto unas diligencias de investigación por presuntas irregularidades en la gestión de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las cuales incluirían el contrato para que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
La apertura de estas pesquisas implica que el Ministerio Público comenzará a indagar para decidir posteriormente si archiva el asunto o lo judicializa para que la investigación continúe en los tribunales.
El caso partiría de la denuncia presentada el pasado 18 de abril por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, a raíz de los audios y documentos publicados por El Confidencial.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirigía contra Rubiales y la RFEF pero también contra el futbolista del Barça Gerard Piqué y su empresa de organización de eventos deportivos, Kosmos Global Holding, si bien las fuentes subrayan que en esta fase no se investiga a personas sino hechos.
Galán vislumbraba posibles delitos de corrupción entre particulares y en los negocios, administración desleal, prevaricación administrativa y cohecho al considerar que los denunciados habrían perjudicado el patrimonio de la RFEF, de la que es afiliado, así como al "interés general".
De acuerdo con su relato, basado en dichos archivos, Rubiales y Piqué habrían maniobrado para "dar un pelotazo con la venta de la Supercopa" al reino árabe. El futbolista habría mediado a través de su empresa para cerrar el contrato a cambio de una "comisión multimillonaria" de 24 de millones de euros.
Las gestiones de Rubiales y Piqué habrían comenzado a finales de 2018, detallaba Galán. Hasta entonces "la competición consistía en una eliminatoria de ida y vuelta en la que se enfrentaban el campeón de Liga y el de la Copa del Rey", pero el jugador "propuso convertir el torneo en una 'final-four' de tres partidos (...) en la que participarían los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey, para aumentar así el valor de sus derechos televisivos".
"Rubiales, que tiene un salario variable ligado a los ingresos que recibe la Federación, dio su visto bueno al nuevo formato y autorizó al futbolista a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores", exponía el denunciante.
Se habrían barajado tanto el Santiago Bernabeu como el Camp Nou pero "Piqué ya había informado a la Federación de que Arabia Saudí, un país con el que había colaborado en el pasado, tenía interés en acogerlo a cambio de una importante suma de dinero", y esa fue la vía elegida.
Finalmente, el 11 se septiembre de 2019 se firmó el contrato para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí durante los próximos seis años. La RFEF "se garantizó 40 millones de euros libres de impuestos por ejercicio, una cifra que disparó el salario variable de Rubiales", mientras que "la empresa de Piqué cobraría a Sela, la compañía pública saudí, otros 4 millones por cada uno de los seis ejercicios del acuerdo, 24 millones en total, en concepto de 'comisión de éxito'".
Para Galán, el proceso de negociación y otros detalles del pacto con Arabia Saudí "arrojan dudas", apuntando a presuntas "maniobras para silenciar las investigaciones y críticas internas" en el seno de la RFEF y a una supuesta intención de "ocultar el acuerdo" para "evitar que trascendiera el posible conflicto de interés, por el doble rol de empresario y jugador en activo desempeñado por Piqué en las conversaciones".
El denunciante aludía a violaciones del Código Ético de la RFEF, donde se dice, entre otras cosas, que las personas sujetas al mismo, entre las que se contarían Rubiales y Piqué, "no aceptarán, entregarán, ofrecerán, prometerán, recibirán, pedirán o solicitarán comisiones en su beneficio o en el de terceros por negociar o cerrar acuerdos u otras transacciones en relación con sus funciones, salvo que así esté establecido en un contrato legítimo".
Posteriormente, Galán amplió la denuncia al entender que Rubiales también habría incurrido en una conducta delictiva al disfrutar de una vivienda en Madrid cuyo alquiler habría soportado la RFEF a pesar de que estaría censado en la capital, lo cual vulneraría la normativa interna.
Según esta denuncia ampliatoria, la RFEF habría estado "pagando durante meses de forma presuntamente irregular el alquiler de la vivienda de Rubiales, un piso de lujo en la Plaza de España de la capital".
El arrendamiento del domicilio se habría firmado el 20 de enero de 2020 por una renta mensual de 3.100 euros. "Pero el dinero no salió de su bolsillo, a pesar de que en 2021 cobró 634.518,19 euros brutos", subrayaba Galán en alusión a Rubiales. Al parecer, el contrato estipulaba que la Federación se encargaría de pagarlo.
A juicio de Galán, "el pago de la vivienda con dinero de la RFEF, que recibe fondos públicos de Loterías y Apuestas del Estado por La Quiniela y del Consejo Superior de Deportes para financiar el fútbol femenino, categorías base y otros proyectos de inclusión, puede tener consecuencias legales".