Un primer análisis de aproximación al estado actual de la educación pública en Andalucía, justo ahora que se cumplen cinco años en el Gobierno andaluz del Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, se solventa a bote pronto respondiendo a esta pregunta: ¿cómo es posible que una consejería decisiva, como es la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, haya incrementado un 40% su presupuesto en el último lustro, unos 2.500 millones más que en 2018 cuando abandonaron el poder los socialistas, y se hayan suprimido en este mismo tiempo un total de 1.943 aulas en los colegios públicos de la comunidad más poblada del país?
Más allá del descenso de la natalidad como excusa sempiterna en el equipo de gobierno de Moreno Bonilla para explicar esta política educativa se encuentra una minuciosa planificación de desmantelamiento progresivo de una de las ‘joyas de la corona’ de Andalucía: su sistema público de educación. Menos recursos para la pública y decisivo impulso de la enseñanza privada concertada, una regla de tres que redunda en menos profesorado y, por tanto, una educación pública más escuálida a grandes rasgos.
La supresión de unidades escolares es una constante en Andalucía en estos últimos años, a lo que se suman unas persistentes ratios por aula muy por encima de lo que estipula la legislación vigente, que paradójicamente en ningún momento han descendido pese al tan cacareado descenso de la natalidad en la comunidad. Así, solo en Infantil y Primaria, la Junta de Andalucía suprimió el pasado curso un total de 486 clases. El sindicato de la enseñanza Ustea ha elevado a casi 2.000 el número de aulas cerradas en los centros públicos de todos los niveles educativos, “mientras la enseñanza concertada mantiene su oferta intacta y el presupuesto en conciertos para 2024 superará los 1.000 millones por primera vez en la historia”, denuncian este sindicato.
Aquí está una de las claves de la política educativa de los gobiernos de Moreno Bonilla desde hace cinco años, que en su primera legislatura estuvo en manos del casi extinto Ciudadanos: el progresivo desmantelamiento de los recursos públicos y la potenciación de la enseñanza privada concertada, que se mantiene a todo trapo gracias al empuje que la propia Junta de Andalucía le insufla desde la llegada del PP al poder en 2018. De este modo, el descenso de la natalidad, que está ‘obligando’ a la Consejería de Desarrollo Educativo a cerrar aulas públicas, no está afectando en absoluto a los colegios privados concertados, cuya oferta educativa de plazas se mantiene inalterable pese a esta notable variable poblacional que sí afecta a los centros públicos de manera evidente. Ustea considera que “el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos”.
Andalucía se mantiene inalterable en los vagones de cola de la educación a nivel nacional desde hace 20 años, según el último informe PISA, mientras el presupuesto en conciertos para 2024 superará los 1.000 millones por primera vez en la historia
La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha insistido en una reciente comparecencia parlamentaria que una de las prioridades de su departamento es la apuesta por el profesorado, “el pilar del sistema educativo”. Para ello, se destinan 6.181 millones de euros para 2024, 434 más que para el anterior, lo que supone un crecimiento del 7,56%, según la Junta.
Los profesores no ven del mismo modo la situación que pinta el ejecutivo andaluz. Un estudio realizado por el sindicato Comisiones Obreras resalta “la dejadez y el deterioro al que el gobierno de Andalucía está sumiendo al sistema educativo público andaluz”, según la secretaria general de CCOO de enseñanza de Andalucía, Marina Vega. En este sentido, de los 6.565 docentes contratados después de la pandemia solo se han recuperado 3.900, lo que supone que se han eliminado 2.645. Lo que significa la supresión de un 40%, mientras que en el resto del estado se ha perdido solo el 33,09%.
Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional anunció el pasado septiembre la contratación de 1.235 docentes como “refuerzos pedagógicos”, algo que se traduce en realidad como el habitual ajuste de plantilla que se realiza cada año en septiembre. Ninguno de esos puestos anunciados ha sido codificado como de “refuerzo” o “apoyo”, señala la responsable de CCOO. Pero donde más está quedando en evidencia la política educativa de Moreno Bonilla es en el área de Atención a la Diversidad, cuyos docentes especializados han protagonizado numerosas movilizaciones y una huelga debido a su insostenible situación laboral. Los conocidos como PTIS (Personal Técnico de Integración Social) se encargan de la inclusión de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en los centros escolares. Son subcontratados habitualmente por empresas privadas y la falta de estos profesionales en los centros públicos es cubierta únicamente gracias al voluntariado de otros profesores no cualificados en la materia.
En este sentido, la consejera destaca especialmente la partida presupuestaria para 2024 destinada a los recursos para la atención a las necesidades educativas especiales, con un presupuesto de 566 millones, un aumento del 67,3% respecto a 2018 (228 millones más) y un 14% comparado con el 2023 (68,2 millones). Según Del Pozo, estas cuentas permitirán consolidar el crecimiento de la plantilla de profesionales y docentes especialistas que atienden al alumnado más vulnerable, que ha crecido un 25% desde 2018 hasta alcanzar los 10.750 entre Personal Técnico de Integración Social (PTIS), maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, en Audición y Lenguaje y Orientadores. La Junta asegura que también se incluye la ampliación en el crédito para la contratación de PTIS, (1,7 millones) a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y la consolidación de las 330 aulas específicas puestas en funcionamiento desde 2018.
La consejera saca pecho del incremento de un total de 6.800 profesores en los últimos cinco cursos escolares “a pesar de contar con 90.000 alumnos menos en las aulas andaluzas”, hasta sumar los 107.800 docentes existentes en la actualidad. Evidentemente, el esfuerzo no ha sido suficiente para bajar las ratios por aula pese al notable descenso de la natalidad, unos datos que evidencian que algo falla entre dos realidades tan dispares como la que dibuja, por un lado, el Gobierno de Moreno Bonilla, y por otro las centrales sindicales de educación.
Y todo esto se produce en una comunidad, la andaluza, que se mantiene inalterable en los vagones de cola de la educación a nivel nacional desde hace veinte años, según el último informe PISA elaborado por la OCDE, una tendencia que en absoluto han alterado para bien las políticas educativas de Moreno Bonilla. Curiosamente, los registros de los alumnos andaluces de centros públicos son bajos en las principales disciplinas académicas, mientras que en los centros privados sí se ha experimentado una mejoría. Mientras los colegios privados andaluces tienen una nota media de 483 puntos en matemáticas, 486 en lectura y 496 en ciencias, los centros públicos de la comunidad no pasan de 448 puntos en matemáticas, 453 en lectura y 465 en ciencias, valoraciones sensiblemente inferiores en los colegios de titularidad pública.