El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado tanto la precampaña como la campaña para aprobar medidas electoralistas en la que se comprometían partidas presupuestarias sin tener la seguridad de que la ciudadanía iba a revalidar el mandato de Ayuso.
La comunicación de la Comunidad de Madrid se ha preocupado mucho de no hacer públicas medidas aprobadas que podían generar polémica hasta después de las elecciones. Tal y como publicamos en Diario16, el gobierno de Díaz Ayuso ocultó una subida del 12,7% del comedor escolar, lo que supone un incremento que para muchas familias será inasumible.
Sin embargo, las medidas ocultas de Isabel Díaz Ayuso van más allá. El último Consejo de Gobierno antes de las elecciones se celebró el 24 de mayo y, en el mismo, según ha comunicado la Comunidad de Madrid, se aprobó la licitación, es decir, la externalización a una empresa privada, del nuevo contrato de gestión de la unidad especializada en atención a mujeres adolescentes víctimas de violencia contra la mujer. El valor de la licitación es de 644.217 euros. Además, el anuncio de este contrato no aparece publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en los números posteriores a la reunión del Consejo de Gobierno.
En concreto, la CAM señaló en un comunicado de prensa que «el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó en su última reunión la licitación del nuevo contrato de gestión de la Unidad de Atención Integral especializada para adolescentes víctimas de violencia contra la mujer en sus relaciones de pareja. Este acuerdo permitirá mantener el servicio durante dos años por un importe de 644.217 euros. El Gobierno regional garantiza así la continuidad de un recurso que proporciona orientación psicosocial y terapias individuales y grupales para favorecer la recuperación psicológica de estas menores y apoyar a sus familias. Igualmente, les ayuda a identificar situaciones de maltrato que no suelen iniciarse normalmente con agresiones físicas».
Razones políticas y electoralistas
Una medida de este calibre fue ocultada por razones puramente electoralistas porque, aunque los resultados del 28M le dieran la mayoría absoluta, en Génova no lo tenían tan claro como lo han querido pintar. No se podía meter la pata más de lo que ya lo hace Isabel Díaz Ayuso.
De haberse hecho público en tiempo y forma, un acuerdo de este calibre hubiera encalabrinado a votantes de extrema derecha, de derechas, liberales, socialdemócratas y de extrema izquierda.
El votante ultra o más conservador posiblemente habría penalizado que se destine dinero público para la violencia contra la mujer, un elemento que niegan que exista. Además, hubieran mimetizado esta medida más propia de Irene Montero que de Ayuso.
Por otro lado, el ciudadano más progresista, pero que vota a la actual presidenta de Madrid, no habría estado de acuerdo con un asunto tan delicado esté gestionado por una empresa privada, con las graves consecuencias que tiene eso si ese servicio no es rentable.