En política, como en la vida, los gestos revelan prioridades. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, sus decisiones presupuestarias no solo dibujan una hoja de ruta ideológica, sino también un mapa de afinidades que escandaliza a quien aún crea en la transparencia y en el interés general. La última muestra de ello ha sido la generosa concesión de 3,3 millones de euros en subvenciones a la Fundación Altius España, brazo social de los Legionarios de Cristo, una congregación ultracatólica marcada por los abusos sexuales de su fundador, Marcial Maciel, y por un modelo educativo elitista y excluyente.
Y lo más alarmante: esa millonaria ayuda pública llega apenas unos meses después de que esta misma fundación fuera sancionada por incumplir un contrato financiado con dinero de la Unión Europea para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, una entidad penalizada por no cumplir con su deber ha sido premiada por el mismo Gobierno que la multó. La incongruencia es tan evidente que apenas requiere subrayado, pero sí exige reflexión.
De la penalización al privilegio
En abril de 2024, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales impuso a Altius una penalidad de 15.712 euros por haber incumplido de forma grave un contrato público: de las 534 personas vulnerables que debía insertar en el mercado laboral, solo atendió a 445. Ese contrato estaba financiado con fondos europeos. En lugar de limitar las futuras ayudas o, al menos, reforzar los mecanismos de control, el Ejecutivo madrileño ha optado por disparar la financiación a esta entidad.
En solo seis meses, Altius ha recibido más dinero público que en los tres años anteriores. La mayor parte procede de tres consejerías clave: Familia y Asuntos Sociales, Economía y Empleo, y Digitalización. Tres frentes del Gobierno de Ayuso han coincidido en beneficiar a una fundación que no solo ha incumplido sus compromisos, sino que representa un modelo social opuesto a los valores de equidad e inclusión que deberían guiar la acción pública.
Legionarios de Cristo: el pasado que no se supera
Recordar quiénes son los Legionarios de Cristo es indispensable. Fundada por Marcial Maciel en los años cuarenta, esta congregación ha sido protagonista de algunos de los peores escándalos de abusos sexuales cometidos por clérigos en el siglo XX. El propio Maciel fue acusado y finalmente apartado por el Vaticano tras múltiples denuncias de pederastia, encubrimiento y enriquecimiento personal con dinero de sus fieles.
Aun así, el grupo ha sabido reinventarse como proveedor de servicios sociales y educativos. Pero lo hace bajo un prisma profundamente conservador: universidades privadas con matrículas de más de 20.000 euros, colegios que cobran casi 1.000 euros al mes por alumno y segregan por sexo a su alumnado, todo bajo el barniz de una caridad de clase alta que recibe suculentas inyecciones públicas.
La Fundación Altius, creada por ellos en 2002, es la punta de lanza de ese intento de legitimación social. Sin embargo, sus estatutos y proyectos no pueden borrar la sombra de su origen ni el elitismo que impregna cada una de sus estructuras. Que sea precisamente esta fundación la que reciba el mayor apoyo económico de la Comunidad de Madrid en el ámbito de lo social, por encima de Cáritas o el Banco de Alimentos, debería ser motivo de alarma.
Más dinero que Cáritas o los salesianos
La comparación resulta demoledora. En el mismo semestre en que Altius ha recibido 3,3 millones de euros del Gobierno de Ayuso, las cuatro entidades de Cáritas en la región han percibido un millón menos: 2,39 millones de euros. El Banco de Alimentos, cuya labor es ampliamente reconocida, ha recibido 1,6 millones. Y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi, vinculada a los salesianos, 2,56 millones.
La pregunta es inevitable: ¿por qué una entidad sancionada, con vínculos tan problemáticos y un historial tan discutible, recibe más apoyo que organizaciones con una larga trayectoria de servicio a los más pobres y sin mácula ética? La respuesta no puede estar solo en los procedimientos técnicos. Hay aquí una decisión política que refleja claramente una apuesta por determinados valores y actores sociales.
El doble rasero de Ayuso
Lo más grave es la hipocresía que se desprende de este caso. Díaz Ayuso no ha dudado en arremeter contra los “aprovechados de última generación” que, según ella, viven del dinero público sin merecerlo. Ha acusado a migrantes, jóvenes y movimientos sociales de aprovecharse del sistema y ha pedido cortar las ayudas a quien “no quiere trabajar”. Pero parece que este discurso no se aplica cuando los beneficiarios son fundaciones amigas del poder, que comparten con su Gobierno una misma visión reaccionaria del mundo.
Es muy revelador que el Ejecutivo madrileño, lejos de exigir más rigor o rendición de cuentas a Altius, se haya limitado a justificar las subvenciones con un lacónico “cumplió casi al 85%”. ¿Desde cuándo ese porcentaje se considera satisfactorio en la gestión de fondos europeos para personas vulnerables? ¿Dónde queda la exigencia y la responsabilidad en el uso del dinero público?
¿Caridad o negocio?
La política social no puede convertirse en un canal para financiar intereses privados, mucho menos si están ligados a grupos ultraconservadores con un historial de abusos. La caridad no debe sustituir a los derechos. Y cuando el Estado —en este caso, la Comunidad de Madrid— opta por premiar a quienes incumplen y por ignorar el trabajo silencioso y riguroso de otras entidades, lo que hace es degradar la política pública y pervertir el sentido de la solidaridad.
Frente al relato de la “eficiencia” de Ayuso, esta nueva muestra de favoritismo revela cómo opera realmente su modelo: castigo para quien protesta, premio para quien obedece; desdén hacia lo público, privilegios para los de siempre.
El caso de Altius no es una anécdota. Es un síntoma. Un síntoma de que en Madrid se subvenciona la ideología, no la necesidad. Se premia la red clientelar, no el mérito ni la honestidad. Y, lo peor, se hace a plena luz del día. Porque ya ni se molestan en disimular.