La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se mostró muy clara al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno sobre el polémico fichaje de Juan Vicente Bonilla, un exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según las declaraciones de Ayuso, desconocía la identidad de este agente, a pesar de que el pasado mes de octubre fue precisamente su gobierno el que lo incorporó a la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, un organismo dependiente de la Consejería de Sanidad.
Este hecho se produce solo unas horas después de que ElPlural.com destapara una serie de chats privados que Bonilla, ahora al servicio de la Comunidad de Madrid, mantuvo con un confidente. En esos mensajes, Bonilla se refería a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como un “inútil” y “felón”, llegando incluso a sugerir su “destierro” de España. Pero lo que más ha llamado la atención de las declaraciones de la presidenta en la rueda de prensa es la forma en que trató de desvincularse de este controvertido fichaje.
Este fichaje ha generado serias interrogantes sobre la verdadera intención detrás de su incorporación al Gobierno madrileño. Según las filtraciones publicadas por ElPlural.com, Bonilla muestra una marcada inclinación política hacia la derecha radical, lo que ha alimentado las teorías sobre la existencia de una “UCO patriótica”, un grupo dentro de la Guardia Civil con intereses políticos que trascienden el cumplimiento de la ley y el orden. Con este tipo de nombramientos, Ayuso parece estar construyendo un equipo que responde más a intereses ideológicos que a la imparcialidad que debería caracterizar a los responsables de las fuerzas de seguridad.
La defensa de Ayuso: ¿justificación o estrategia de control?
En lugar de dar explicaciones claras sobre el fichaje de Bonilla, Ayuso se ha limitado a desmentir cualquier conocimiento de la naturaleza de los mensajes filtrados, lo que ha generado más dudas sobre su implicación en este proceso. En su última intervención, Ayuso cargó contra aquellos que cuestionan sus decisiones, acusando a sus detractores de formar parte de una “mafia” política que, según ella, está intentando destruir las instituciones democráticas. En este discurso, la presidenta madrileña defendió su estrategia de rodearse de personas leales, como Bonilla, argumentando que la persecución a la Guardia Civil por parte del Gobierno de Sánchez pone en peligro el Estado de Derecho.
Sin embargo, lo que Ayuso no menciona es que esta retórica defensiva no hace más que empañar aún más la transparencia y la objetividad que deberían prevalecer en la política. Al defender lo indefendible, Ayuso da la impresión de que está utilizando las instituciones del Estado como una herramienta para su beneficio político, lo que no solo erosiona la confianza de los ciudadanos, sino que también pone en entredicho la imparcialidad de las fuerzas de seguridad. Este tipo de tácticas, basadas en la división y el ataque constante al adversario, solo contribuyen a debilitar el sistema democrático, al restar legitimidad a los controles y contrapesos necesarios para evitar abusos de poder.
La estrategia de Ayuso: polarización y ataque a las instituciones
Ayuso ha adoptado una táctica que se basa en la deslegitimación de cualquier crítica, presentándose como la única defensora de la democracia frente a lo que ella considera un ataque sistemático desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Para la presidenta madrileña, cualquier intento de cuestionar su política es un acto de “persecución” y una tentativa de “manchar” la democracia. Sin embargo, esta estrategia de polarización es peligrosa, ya que lo que realmente está en juego es la credibilidad de las instituciones públicas y la confianza de los ciudadanos en un sistema que, al fin y al cabo, depende de la separación de poderes y la imparcialidad de los actores políticos.
Este tipo de discursos solo refuerzan la división, creando un clima de confrontación constante en lugar de fomentar el diálogo y la cooperación entre las distintas fuerzas políticas. Al acusar a sus oponentes de pertenecer a una “mafia” política, Ayuso no solo está atacando a la oposición, sino también a todas las instituciones que deberían estar fuera de la influencia política. En sus declaraciones, parece ignorar una lección fundamental de la historia reciente: que la manipulación de las instituciones, especialmente aquellas que deben velar por el cumplimiento de la ley y la protección de la democracia, puede tener consecuencias devastadoras.
Recordando el pasado: Tejero y el peligro de la instrumentalización de la Guardia Civil
Es imprescindible recordar que la Guardia Civil, una institución que tiene el mandato de proteger el orden público, no está exenta de controversias. En 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, miembro de la Guardia Civil, intentó dar un golpe de Estado durante el 23 de febrero. Este acto de traición a la democracia, protagonizado por un oficial de la misma institución que hoy Ayuso defiende sin cuestionamientos, debería servir como un recordatorio de que las instituciones pueden ser instrumentalizadas con fines políticos. Aunque la Guardia Civil, en su conjunto, trabaja para garantizar la seguridad y el Estado de Derecho, no todos sus miembros han actuado siempre de acuerdo con esos principios.
En este sentido, Ayuso debería reflexionar sobre las lecciones del pasado antes de defender de manera tan incondicional a figuras como Bonilla, cuya vinculación política y radicalización ideológica están más que documentadas. El historial de la Guardia Civil está marcado no solo por sus éxitos, sino también por sus fracasos y desvíos. La historia de Tejero, que intentó subvertir la democracia española, es una advertencia de que los agentes de la ley pueden convertirse en piezas manipuladas por intereses políticos si no se mantiene una estricta vigilancia sobre su imparcialidad.
¿Qué está en juego para la de mocracia?
La estrategia de Ayuso, basada en la polarización y la descalificación, es peligrosa porque socava las bases mismas de la democracia. Al rodearse de figuras políticamente afines y descalificar a quienes critican sus decisiones, Ayuso no solo está debilitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también está abriendo la puerta a la instrumentalización de las fuerzas de seguridad y otras entidades del Estado. Si esta tendencia continúa, podríamos estar ante el principio de un modelo de control político que, más que proteger la democracia, terminaría por minarla.
El caso de Bonilla es solo la punta del iceberg de una estrategia más amplia para consolidar el poder a través de la división, la manipulación y el uso de las instituciones del Estado. Mientras Ayuso defiende su visión de la democracia, lo cierto es que está arriesgando la estabilidad y la integridad del sistema democrático que, tanto ella como todos los ciudadanos, deberían proteger.