Cinco años de un Poder Judicial caducado en España. Diez años con los mismos veinte vocales apoltronados en la cúpula judicial de este país (todos menos cuatro que se han jubilado, han dimitido o han fallecido) y cuyos puestos no se han cubierto. Esto sí que es una “vergüenza”, y no la reunión del Gobierno con Junts en Ginebra denunciada por Aznar. El PP, tan constitucionalista como se proclama, lleva un lustro bloqueando la renovación de altos cargos. El proceso de renovación se inició el 3 de agosto de 2018. Ese día el presidente del CGJP, Carlos Lesmes, comunicó a las Cortes Generales la apertura del plazo para presentar candidaturas y remitía la lista con los 51 precandidatos de las asociaciones judiciales para ocupar los 12 asientos del turno judicial.
El 12 de noviembre, se hizo público el acuerdo entre PSOE y PP para designar al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores. Sin embargo, el acuerdo fracasó a última hora. Lesmes instó a renovar los puestos. Su última misiva al Congreso fue el 15 de julio de 2020. Pedro Sánchez ya había ganado las elecciones, y el bloqueo del PP se hizo aún más férreo. Era la misma estrategia de siempre de los conservadores: tanto Aznar, como Rajoy, Casado y Feijóo siempre bloquearon cuando estuvieron en la oposición. Es su forma de hacer el lawfare judicial o guerra sucia. Controlar el Estado desde las altas instancias y magistraturas de la Justicia.
En la apertura del año judicial Lesmes alertó de que la situación de interinidad del Consejo era una “grave anomalía” que podía contribuir al “descrédito” de la Justicia, aunque también se mostró esperanzado. Esa apelación no surtió efecto y durante años cada uno de sus discursos era calcado al anterior. No fue hasta el 7 de septiembre de 2022 cuando deslizó una amenaza de dimisión, que cumplió un mes después para forzar el acuerdo PSOE-PP.
Ya situados en la segunda mitad de 2020, las negociaciones PSOE-PP sobre el CGPJ estuvieron íntimamente ligadas al calendario electoral y otros hitos políticos que fueron acercando y alejando el acuerdo sucesivamente. Ese otoño, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los vocales judiciales y otra para prohibir que un CGPJ caducado haga nombramientos en la cúpula judicial. Ante las críticas de Bruselas, oposición y asociaciones judiciales, el Ejecutivo retiró la primera, pero mantuvo la segunda, que se aprobó en marzo de 2021, según informa Europa Press.
Las partes volvieron a la mesa de negociación. Félix Bolaños y Teodoro García Egea estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo, pero los magistrados Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar al Consejo y que el PP se negó a aceptar, impidieron al firma del documento.
Y así llegaron los indultos a los líderes soberanistas del procés y la renovación volvió a naufragar. El PP vio otra coartada perfecta y siguió pertrechado en el no. Fue entonces cuando Génova apostó por cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales para que sean elegidos por los propios jueces, en realidad por las asociaciones de juristas en su mayoría conservadoras. Otra vana excusa para seguir teniendo la sartén de la Justicia por el mango. La tesis de que los jueces voten a los jueces se ha repetido hoy mismo por Esperanza Aguirre. “Ya sabe lo que tiene que hacer Sánchez”, le ha dicho al presidente del Gobierno. Y mientras tanto la Justicia sigue secuestrada por el PP y la Constitución sin cumplir.
La defenestración de Pablo Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo no ayudó a salir del callejón sin salida, sino más bien al contrario. Entretanto, venció también el mandato de 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y Moncloa sugirió la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo. Otra guerra estaba en marcha y el PP, en otro montaje o performance, volvió a quejarse en Bruselas de que en España no existe la independencia judicial.
Bolaños y Esteban González Pons retomaron los contactos para renovar el CGPJ mientras Lesmes dimitía. Pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ratificó que pretendía reformar el delito de sedición. Una vez más, el PP rompía las conversaciones. La atención se centró en la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que se logró propiciando “un vuelco a una mayoría progresista que ha sido clave para validar la agenda legislativa del Gobierno”, según Europa Press. Tras ello, la situación se congeló, hasta que el pasado mes de marzo la vocal progresista Concepción Sáez dimitió, un movimiento que llevó a que su colega Álvaro Cuesta planteara la posibilidad de que el bloque progresista renunciara en bloque, si bien no contó con el respaldo de sus colegas. La amnistía no ha servido más que para que el PP endurezca su bloqueo.