El ingente sumario del Caso Montoro, al que Diario16+ ha tenido acceso, muestra documentos que señalan la participación directa del exministro de Hacienda y de su equipo más cercano. Una serie de correos electrónicos muestran que la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Electricidad (LIE) aprobada en 2014 fue impulsada en contra de los criterios técnicos de la propia Agencia Tributaria. La documentación apunta a un presunto trato de favor hacia el sector gasista, que habría contado con el respaldo de Cristóbal Montoro.
El material, contenido en correos intercambiados entre altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, asesores externos y representantes del sector energético, plantea dudas sobre el proceso de tramitación legal, la selectividad del beneficio fiscal concedido y la influencia de intereses particulares en decisiones de carácter supuestamente técnico.
Los correos analizados revelan que la reforma de 2014 contradijo abiertamente los informes técnicos elaborados por la Dirección General de Tributos (DGT) apenas un año antes. Un documento interno de agosto de 2013, dirigido a Diego Martín-Abril (director de la DGT en aquel momento) y remitido a Miguel Ferre Navarrete (secretario de Estado de Hacienda) y a José María Buenaventura Zabala (jefe del Gabinete del Secretario de Estado), desaconsejaba expresamente incluir como beneficiarios fiscales a empresas con un coste energético superior al 50% de su producción, por su escaso número y por la complejidad de control administrativo que ello implicaría.
Otro informe fechado en marzo de 2014 reiteraba la misma postura, argumentando que incluir a determinadas empresas (como las del sector gasista) en el régimen fiscal favorable supondría un “considerable y costoso esfuerzo administrativo y de control”, además de generar un impacto recaudatorio significativo.
Sin embargo, apenas unas semanas después, el texto aprobado de la reforma de la LIE incluía justamente a estas empresas, sin que en el expediente administrativo conste un cambio de criterio formal, ni una justificación técnica clara, ni una remisión completa del texto legal a los órganos consultivos pertinentes o al resto de Secretarías de Estado, decisión esta última que fue tomada (según uno de los correos) por “razones de confidencialidad”.
La empresa de Montoro y los contactos con el gobierno
Otro elemento clave que emerge del análisis de los correos es el papel desempeñado por la consultora Equipo Económico, empresa de Cristóbal Montoro. A partir de su contratación por parte de las empresas gasísticas, se intensificaron las reuniones y contactos entre representantes del sector, altos cargos del Ministerio de Hacienda y miembros de la DGT y la Agencia Tributaria.
En un correo del 28 de mayo de 2014, los representantes de las empresas energéticas investigadas vinculan el éxito de su inclusión en la reforma legal y reglamentaria directamente a esas reuniones. "Lo logramos por las reuniones con el Secretario de Estado y con Equipo Económico", se lee en uno de los mensajes.
Además, los correos señalados en el sumario apuntan a que la decisión de incluir exclusivamente a las gasísticas en el beneficio fiscal (y no a otros sectores que también lo solicitaron, como el automovilístico o la industria papelera) fue una decisión estratégica consciente, asumida por el propio Montoro con el respaldo de su secretario de Estado.
Una reforma a medida
La memoria económica que acompañó al anteproyecto de ley intentó justificar la selectividad de la medida destacando que el número de empresas beneficiadas sería reducido. Los correos revelan que esta “limitación” no fue una consecuencia técnica, sino una directriz política: se pretendía evitar un “coladero” de beneficiarios, según declaraciones de las propias empresas recogidas en diferentes informes.
De hecho, durante abril y mayo de 2014 se intercambiaron varios mensajes entre altos funcionarios sobre la posibilidad de incluir también a empresas del automóvil y del papel. Finalmente, estas no fueron incorporadas, lo que refuerza la sospecha de que existió un “factor externo decisivo” que favoreció únicamente al sector gasista.
Uno de los correos más reveladores menciona expresamente que se optó por no compartir el borrador del texto legal con otras Secretarías de Estado, por tratarse de una cuestión “confidencial”. Esta omisión contradice los principios de transparencia y consulta interdepartamental habituales en la tramitación normativa y alimenta las dudas sobre la legitimidad del procedimiento.
Responsabilidades políticas
Los correos sugieren que Cristóbal Montoro estaba al tanto, y habría supuestamente aprobado, tanto la inclusión de las gasísticas como la exclusión de otros sectores desde, al menos, marzo de 2014.
La gravedad de estas revelaciones se magnifica al revisar los antecedentes inmediatos. En la reforma de la LIE de 2013, una propuesta similar fue descartada precisamente por su elevado coste y por requerir autorización de la Comisión Europea. Según se indica en el sumario, el 25 de septiembre de 2013 la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) remitió una carta al secretario de Estado Ferre Navarrete solicitando la inclusión de determinadas empresas como beneficiarias de una enmienda al proyecto de ley 16/2013.
La respuesta de Ferre Navarrete, fechada el 16 de octubre de 2013, fue negativa, y citaba como motivo las restricciones presupuestarias y la necesidad de aprobación por parte de Bruselas. Esta postura fue compartida por la Dirección General de Tributos, que también se opuso a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) para extender los beneficios fiscales a otros sectores, como la industria papelera.
Lo que en 2013 fue rechazado por razones económicas y técnicas, fue aprobado en 2014 sin que la Agencia Tributaria haya encontrado justificación documental coherente en los expedientes oficiales. De hecho, varios correos ponen de manifiesto que ni siquiera se trasladó el análisis completo a otros órganos de la Administración, alimentando la sospecha de que se optó por ocultar deliberadamente el impacto real de la medida.