El sumario del Caso Montoro, al que Diario16+ ha tenido acceso, es una muestra de cómo se puede ejecutar una acción de lobby no autorizada desde el poder. En concreto, los documentos aportan indicios sobre el papel del despacho Equipo Económico (EE) y su red de contactos en el diseño de enmiendas y estrategias para modificar el Impuesto sobre la Electricidad en favor de sectores industriales. La documentación analizada por este medio incluye correos electrónicos, actas de reuniones y propuestas de enmienda legislativa elaboradas en 2013 por asociaciones empresariales como AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía) y AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales).
El sumario recoge intercambios de mensajes entre directivos de AEGE, AFGIM y consultores externos vinculados a EE, la consultora de Cristóbal Montoro.
El 25 de abril de 2013, Francesco Maione (entonces relacionado con el sector energético) recibe la invitación de Fernando Soto, director general de AEGE, para asistir al Foro AEGE 2013, un evento patrocinado por elEconomista donde se debatiría la “reforma del sector eléctrico” en presencia del Secretario de Estado de Energía. El programa incluía como ponente a Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico. “En este foro los principales líderes de la industria básica de España van a exponer sus puntos de vista sobre el presente y el futuro de los costes de electricidad (...). El Secretario de Estado de Energía nos ha comunicado que asistirá al almuerzo”, señala el correo.
Por otro lado, entre el 24 y el 26 de septiembre de 2013, varios correos internos de AFGIM y AEGE, encabezados por Carlos Romero (secretario general de AFGIM) y Eduardo Gil Elejoste (presidente de AEGE), detallan la presentación de propuestas de enmienda al artículo 6 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales. El objetivo era incluir a los fabricantes de gases industriales y a otros sectores intensivos en electricidad en la bonificación del 85% del impuesto eléctrico prevista en el proyecto de ley de fiscalidad medioambiental.
"En base a las recomendaciones formuladas por el Gabinete Externo que ha estado asesorando en estos últimos días a AFGIM (...), se han hecho las gestiones precisas de cara a que, con fecha de ayer, se presentaran las siguientes propuestas de enmiendas dirigidas al Secretario de Estado de Hacienda, Excmo. Sr. D. Miguel Ferre", señala el correo.
Los correos mencionan expresamente el “gabinete externo” que asesora a AFGIM en la estrategia legislativa. Entre los destinatarios y participantes figuran responsables de grandes grupos del sector energético (Air Liquide, Linde, Praxair, Carburos Metálicos) y consultores de confianza.
Esas enmiendas pedían incluir dos nuevos supuestos. Por un lado, los procesos de fabricación y separación del aire y, por otro, los procesos industriales electrointensivos cuyo coste energético superara el 50% de los costes totales. El 26 de septiembre, según se indica en la documentación, un directivo de AFGIM, Rubén Folgado, respondía: "Esta acción a nivel político es necesaria para no quedar discriminados".
Las propuestas se formalizaron en enmiendas de modificación registradas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado en otoño de 2013. Entre ellas, la Enmienda 80 proponía que la bonificación del impuesto se extendiera a los procesos industriales en los que “la electricidad represente más del 50% del coste del producto”, un criterio que beneficiaba directamente al sector de las gasistas que eran clientes de la consultora de Montoro.
Los documentos incluidos en el sumario señalan cómo, el 25 de septiembre de 2013, AEGE envió una carta formal al Secretario de Estado, donde celebraba la bonificación incluida en el Proyecto de Ley pero reclamaba no dejar fuera al sector de gases industriales: "Hemos recibido con gran satisfacción la incorporación (...) de una bonificación del 85% del Impuesto Especial sobre Electricidad a determinados procesos industriales intensivos en consumo de energía eléctrica".
Las actas de la junta directiva de AFGIM del 15 de octubre de 2013, celebrada en el Club Financiero Génova de Madrid, reflejan el contexto. Por un lado, se reconoce que el sector de gases industriales había quedado fuera de la exención inicial. Además, se acordó contratar los servicios de Equipo Económico, a través de su socio Manuel de Vicente-Tutor, para elaborar un estudio técnico y jurídico que respaldara la inclusión del sector en futuras reformas. Finalmente, el proyecto se financiaría de forma individual por cada compañía para proteger la confidencialidad de los datos.
Las reuniones con De Vicente-Tutor se mantuvieron, tal y como recogen otras actas de AFGIM
El contenido del sumario confirma las sospechas de que la consultora de Montoro ejerció influencia normativa en favor de empresas energéticas y electrointensivas a cambio de contraprestaciones.
Por su parte, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción consideran que la secuencia de correos, enmiendas y contratos con asociaciones empresariales sugiere un patrón de lobby no declarado, en el que el despacho habría articulado propuestas legislativas adaptadas a los intereses de sus clientes.