El Caso Montoro ha puesto el foco nuevamente en la corrupción en el Partido Popular, en un momento en el que toda la atención estaba colocada en el Caso Koldo, presunta trama nacida dentro del gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE. El actual presidente del gobierno, al igual que Franco, tiene baraka.
El contenido del sumario del Caso Montoro, al que Diario16+ ha tenido acceso, es demoledor. Y así se puede comprobar en un auto fechado en el mes de octubre de 2022 en el que el juez Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, libra mandamientos a varios bancos tanto españoles como extranjeros para que entreguen información sobre más de dos centenares de cuentas donde los titulares, apoderados o autorizados son personas presuntamente relacionadas con la trama.
Tras el análisis de diferentes correos electrónicos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) pidió al juez que dictara mandamientos judiciales a varias entidades como BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank o ING para obtener información de cuentas bancarias de los imputados en la trama que afecta al exministro de Hacienda de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.
Los hechos se centran en la sospecha de que empresas gasistas como Messer, Praxair, Air Liquide, Abelló Linde y Carburos Metálicos, agrupadas en AFGIM y AEGE, contrataron los servicios de la consultora de Cristóbal Montoro, EE/GA, para lograr reformas legislativas favorables, específicamente un beneficio fiscal del 85% en el impuesto eléctrico. En uno de los correos electrónicos que se encuentran en el sumario, se indica que "la vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro...". El uso de la expresión "como siempre" sugiere que el pago a EE para obtener reformas era una práctica habitual.
Según se indica en el sumario, el contrato inicial estipulaba honorarios fijos de 10.000 euros y 18.000 euros adicionales si se prorrogaba. El importe total que EE cobraría a AFGIM ascendería a 270.000 euros sin IVA, cantidad que fue confirmada en los datos de la Agencia Tributaria.
Posteriormente, las gasistas volvieron a contratar a EE/GA para una nueva reforma legislativa, la modificación del epígrafe 253.1 del Real Decreto Legislativo 1175/1990, que resultó en una reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Por esta segunda contratación, los honorarios de Equip Económico ascendieron a 360.000 euros más IVA, incluyendo 60.000 euros de la fase inicial y 300.000 euros como "success fee", canalizados a través de AFGIM.
“Se han analizado diversos correos de los que-se desprenden contacto entre la Dirección General de Tributos, EE/GA y AFGIM tratando sobre la mencionada modificación legislativa, concretamente los epígrafes 251.3 y 253.1 y notas aclaratorias del RDL 1175/1990, operada a través de la Ley de Presupuestos, así como del importe cobrado por ello”, señala en auto.
El auto también señala que “de los informes de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Agencia Tributaria de los que se desprende que los socios de EE/GA controlarían una estructura societaria íntimamente vinculada y dependiente de su despacho, a la cual habrían realizado diversos pagos por importantes cantidades de dinero desde la mercantil matriz. Los datos expuestos en dichos informes, cuantifican el total percibido por cada uno de los socios de EE/GA del propio despacho, y. ponen de manifiesto la existencia de dos periodos en relación a la estructura societaria de EE/GA”.
Por esta razón, y tras las distintas peticiones, el juez Rus decidió elevar mandatos judiciales a distintas entidades bancarias donde se habían detectado cuentas de las personas imputadas en el Caso Montoro, tanto físicas como jurídicas. Destaca sobremanera el número de cuentas en Banco Santander, donde el juez señala en el auto más de medio centenar de productos asociados a los imputados.
En concreto, el auto del juez Rus señala que se decide “LIBRAR MANDAMIENTO a la entidad BANCO SANTANDER SA para que remita directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil preferiblemente en formato digital al email […] y en su defecto por correo ordinario […] la información que conste en sus bases de datos, relativa a las cuentas bancarias que se relacionan a continuación, así como la siguiente información: Relación de movimientos obrantes en las mismas desde el 01/01/2008 o su apertura, hasta el 31/12/2019 o su cancelación. Esta información se deberá remitir en soporte informático y en formato NORMA 43. identificación a su vez de cualquier otro producto (préstamo, crédito, tarjetas, talonarios de cheques, planes de pensiones, fondos de inversión, carteras de valores, etc.) vinculado a lapersona física o jurídica sobre la cual se emite el mandamiento. Cartulina de firmas, fotocopia del documento de identidad que utilizó para la apertura, titulares y autorizados de la cuenta, domicilio de correspondencia, teléfono de contacto, correo electrónico y cuantos otros datos consten en sus bases de datos, asi como si tiene contratado algún servicio de banca on-line”.
En el auto queda claro que, dado que la instrucción estaba bajo secreto, cualquier información sólo debería obtenerse de los Servicios Centrales del Santander que no podría comunicar nada a las sucursales para proteger la investigación.
No es inhabitual que dentro de las tramas corruptas se elijan entidades con presencia internacional y con oficinas en paraísos fiscales. El Santander, por ejemplo, mantiene sucursales en Bahamas, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur, Suiza, Dubái, Cayman, y así hasta las 213 filiales que constan en el informe Huella de la Desigualdad de Oxfam.
Por otro lado, los documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos filtrados por Natalie Edwards al ICIJ el Santander aparecía implicado en 30 operaciones que se realizaron, principalmente, desde JP Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered y desde el New York Mellon Bank, uno de los principales accionistas del banco cántabro.
En concreto, desde esta entidad financiera, se ejecutaron 2 operaciones: la primera, en junio de 2016, por un valor de 454.888.333 de dólares. Este movimiento se inició en el New York Mellon Bank, pasó por la oficina del Santander en las Islas Caimán y terminó en la Winterbotham Trust Company Limited de Bahamas.
Respecto a la segunda, realizada en enero de 2013 y un valor de 550.000 dólares, tuvo el mismo origen, pasó por Santander España, para finalizar en el Caledonian Bank Limited de las Islas Caimán. Otras operaciones que aparecen en los documentos filtrados por Natalie Edwards se canalizaron desde el New York Mellon y utilizaron al Santander en Portugal y Uruguay.
Deutsche Bank es el que más operaciones realizó con o a través de Santander. En total 22. Estos movimientos se ejecutaron en las oficinas en Argentina (2), Brasil (11), Hong Kong (2), España (3), Suiza (3) y Uruguay (1). Lo mismo ocurre con JP Morgan, con una operación a través de Santander Totta (Portugal). Respecto al Standard Chartered, según los datos de la documentación del FinCEN filtrada por Edwards, realizó con Santander operaciones a través de Brasil y España.
El auto del juez Rus también dicta mandamientos judiciales a entidades como Abanca, BBVA, Citi, Deutsche Bank, Ibercaja, ING Bank, UBS y Wizink.