Uno de los informes de la Fiscalía Anticorrupción incluidos en el sumario del “caso Montoro”, al que Diario16+ ha tenido acceso, revela indicios de un complejo sistema de comisiones ocultas para impulsar reformas legislativas que beneficiaron a grandes consumidores de energía eléctrica durante el verano de 2013. En el centro de la causa, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, figuran cinco multinacionales del sector de gases industriales y la consultora Equipo Económico, junto al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Las diligencias se originaron a partir de un atestado policial y varios correos electrónicos intervenidos a ejecutivos de Messer Ibérica de Gases entre septiembre y diciembre de 2013. En ellos, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) presionaba al Gobierno de Mariano Rajoy para que traspusiera la Directiva 2003/96/CE de la UE y reconociese bonificaciones del impuesto especial sobre la electricidad.
El proyecto de ley original, presentado el 3 de julio de 2013, no incluyó ninguna referencia a la transposición de esa directiva ni modificó el artículo 64 quinto de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales. Sin embargo, apenas diez días después, la Comisión de Hacienda del Congreso, con competencia plena y por vía de urgencia, aprobó la enmienda 80 del Grupo Parlamentario Popular que introdujo una rebaja del 85% en el impuesto para procesos industriales cuyo coste eléctrico supusiera más del 50% del precio final del producto.
Sorprendentemente, esa bonificación no alcanzó al sector de gases industriales, pese a que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales (AFGIM) había solicitado expresamente su inclusión.
Según indica el informe de Anticorrupción, los directivos de Air Liquide España, Praxair España, Messer Ibérica de Gases, Carburos Metálicos y Abelló Linde acordaron en noviembre de 2013, presuntamente, con la consultora Equipo Económico (la empresa de Cristóbal Montoro) impulsar un nuevo proyecto de ley que corrigiese esa omisión. A cambio, pagaron supuestamente comisiones encubiertas como “informes estratégicos” a esa mercantil.
Los documentos incautados señalados por Fiscalía apuntan a la presunta implicación directa de Cristóbal Montoro, que entonces ejercía como ministro de Hacienda. Un correo interno fechado el 5 de diciembre de 2013 describe la habitualidad con la que se gestionaban dichas reformas “a medida”. Otro mensaje, enviado el 4 de diciembre por Manuel Vicente Tutor (socio de Equipo Económico) a un directivo de Messer, detalla que las comisiones pactadas aumentarían si finalmente se lograban las mejoras fiscales. Este medio ha tenido acceso a esos correos.
La Fiscalía, según se indica en el informe, cotejó los registros de la Agencia Tributaria que acreditan los siguientes ingresos de Equipo Económico:
- 2013: Praxair España abonó 102.850 euros
- 2014: Air Liquide entregó 60.500 euros; Carburos Metálicos, 78.650 euros; Abelló Linde, 60.500 euros; Messer, 33.880 euros; Praxair España, 78.650 euros.
Esos fondos, según sospecha Anticorrupción, circularon posteriormente hacia los socios de la consultora y otras empresas vinculadas, camuflados mediante un entramado societario tan complejo que dificulta la localización de los beneficiarios finales y reales.
Por otro lado, el Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
El Caso Montoro, más allá del escándalo político que ha generado, vuelve a poner a prueba la integridad de los mecanismos de control parlamentarios y la transparencia en las relaciones entre grandes empresas y el poder legislativo. Tras la imputación definitiva de Cristóbal Montoro, se demuestra que es necesario reforzar los filtros éticos en la tramitación de leyes fiscales, en los tráficos de influencias y en las conexiones entre representantes públicos y sus familias con el sector privado para evitar que el interés público sea secuestrado por intereses corporativos.