Fiscalía y Agencia Tributaria están a punto de consumar un violento choque de trenes a costa del caso del rey emérito. Mientras todos los medios de comunicación del país dan por hecho que el Ministerio Público cerrará la causa sobre el presunto fraude fiscal de Juan Carlos I, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordaba ayer en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta que el carpetazo no es definitivo, que todos los españoles son iguales ante la ley e incluso recordó que una notificación judicial a un contribuyente defraudador anula las posibles regularizaciones que este pueda hacer a posteriori con sucesivas declaraciones complementarias para saldar sus deudas con el fisco.
Montero eludió pronunciarse abiertamente sobre la posibilidad de que Hacienda siga adelante con las diligencias de investigación, pero de sus declaraciones se deduce que los inspectores de la Agencia Tributaria aún no han dicho la última palabra en este caso. La ministra siempre ha negado un posible trato de favor de Hacienda al rey emérito y también rechaza que haya habido pasividad en los funcionarios de su departamento a la hora de llegar hasta el fondo en las cuentas del patriarca de la Transición. “La Agencia Tributaria es absolutamente profesional”, ha insistido en reiteradas ocasiones, matizando que tiene “especial celo” en que se cumpla con las obligaciones tributarias.
Todo apunta a que existe disparidad de criterios entre la Fiscalía y la Agencia Tributaria a la hora de encarar el espinoso asunto del dinero opaco del exjefe del Estado. Para los fiscales, la causa debe archivarse lo antes posible porque las deudas del emérito con el fisco han sido saldadas a través de las sucesivas regularizaciones (dos en este caso), porque algunos delitos ya están prescritos y porque no existe base probatoria suficiente para procesar al exmonarca por una conducta fiscal delictiva.
Sin embargo, fuentes de la Inspección de Hacienda aseguran a Diario16 que ese criterio no es compartido por los funcionarios y técnicos del ministerio, que consideran que la notificación administrativa o judicial al emérito para informarle de que estaba siendo investigado invalidó toda posibilidad de regularización posterior, ya que el intento del defraudador por ponerse al día no fue “completo, veraz y espontáneo”, tal como marca la ley, de modo que los delitos seguirían vigentes.
Por si fuera poco, la fortuna del contribuyente no ha sido suficientemente investigada, toda vez que diversas informaciones periodísticas apuntan a que el monarca ha podido acumular un patrimonio oculto de más de 2.000 millones de euros (esa es la cifra que dan prestigiosas publicaciones internacionales como la revista Forbes).
¿A dónde ha ido a parar todo ese capital? ¿Han funcionado los paraísos fiscales también en esta ocasión? ¿Por qué no se sigue todo el rastro del dinero? Los técnicos de Hacienda consideran que hay base documental suficiente como para que se abra una exhaustiva indagación de las cuentas del rey emérito, como ocurriría con cualquier otro contribuyente cazado en fraudes de un volumen tan elevado. Por tanto, cada vez parece más evidente que ha habido trato de favor, ya que cualquier español que se le interceptaran cuentas en Suiza por importe de 65 millones de euros (la donación del emérito a su examante, Corinna Larsen) terminaría en la ventanilla del ministerio, con una carpeta debajo del brazo y acompañado de su abogado, dando todas las explicaciones pertinentes sobre el origen de su patrimonio.
El Gobierno, por tanto, lo tiene claro: una cosa es la investigación que mantiene abierta la Agencia Tributaria sobre las dos regularizaciones fiscales del rey emérito y otra la supuesta decisión de la Fiscalía de archivar sus tres investigaciones sobre sus actividades financieras. “Se están suponiendo muchas cosas respecto a cómo se tramitan los expedientes abiertos por la Agencia Tributaria”, asegura Montero. Las pesquisas de los inspectores, aclara la ministra, no se cierran por lo que pueda decidir la Fiscalía del Tribunal Supremo. “Una cuestión es el auxilio judicial [que prestó la Agencia Tributaria a la Fiscalía] y otra cuestión distinta son las averiguaciones para la comprobación de que una regularización es completa y es veraz”.
A este respecto, Montero ha precisado que los ritmos de la Administración tributaria y de la Justicia son diferentes, de modo que hay que dejar trabajar a los funcionarios. El artículo 305 del Código Penal es claro respecto a lo que ocurre cuando alguien paga una deuda tributaria superior al límite que la ley establece como delito fiscal antes de que se la reclamen o de que se abran diligencias para investigarlo por ese supuesto impago. “Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes –ahí es donde está la clave de todo– de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”, señala el Código Penal. La ley es clara al respecto. La maquinaria judicial ya estaba en marcha cuando el emérito quiso regularizar su situación, de modo que el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía del Supremo podría ser precipitado, cuando no irregular.