Las navidades de este año no están siendo tan felices para los 1,5 millones de funcionarios de Muface. Más bien, al contrario. En muchos casos, hay desesperación ante la situación actual de la mutualidad. Durante meses, estos funcionarios, sobre todo los jubilados, están viviendo un verdadero viacrucis. No sólo está en juego los cuidados de la salud, sino que se está poniendo en peligro la continuidad de tratamientos en los que está en juego la vida de muchas personas.
La situación actual no es una cuestión de la lucha entre sanidad pública y sanidad privada, que es el escenario al que lo quiere llevar el sectarismo de Sumar. Se trata de algo mucho más profundo que la obsesión sectaria de fulminar la sanidad privada.
Por un lado, se encuentra la ineptitud de la parte socialista del gobierno de Pedro Sánchez de no haber realizado una negociación previa a la publicación de la licitación del concierto con las aseguradoras. Por otro lado, está la codicia corporativa de estas corporaciones que quieren llevar a precio de mercado lo que, en puridad, es un concierto de colaboración público-privada, donde los precios, evidentemente, son más bajos.
En medio están las víctimas más vulnerables, las que no se pueden defender ante una situación de este tipo. Se trata, sobre todo, de los mutualistas jubilados que no tienen amparo de los sindicatos porque ya no trabajan. Estamos hablando de personas mayores, en algunos casos por encima de los 80 años, que, si Muface desaparece o si se les obliga, como si fuera un sistema estalinista, a ingresar en la sanidad pública, tendrán que iniciar de cero su cuidado de la salud.
Estos funcionarios jubilados llevan décadas siendo atendidos por los mismos médicos, siendo tratados en los mismos hospitales. Ahora pueden ver cómo todo cambia, incluidos tratamientos que, en la actualidad, les está intentando salvar la vida, como en el caso de los procesos de cura del cáncer o de salud mental, por citar algunos.
Esto es una situación crítica para estas personas. «Nos van a quitar la vida. Esto es un sinvivir», afirma a Diario16+ una familia de jubilados que, además, tienen una persona dependiente que requiere una atención muy especializada que, desde hace décadas, le está dando el mismo equipo de médicos.
«Entre el fanatismo de unos y el saco sin fondo de querer ganar dinero de los otros, nuestra vida es lo que menos les importa», afirman. «Para el mes de enero ya teníamos concertadas varias citas con especialistas y nos están llamando para decirnos que nos las trasladan en espera de que se resuelva la situación».
Tres de esas citas médicas son de especialistas que, de tenerlas asignadas para los primeros días del año, esta familia las tendría asignadas para, siendo optimistas, principios del verano en la sanidad pública. Respecto a la persona dependiente, con una discapacidad reconocida del 78%, la primera semana de febrero tenía pautada la revisión anual del tratamiento que viene recibiendo desde hace más de 20 años. Esa cita también se les ha anulado. Si se cumple el cruel plan de la parte del gobierno de Sumar, esa revisión la tendría en el mes de noviembre de 2025.
«Así no se puede vivir. ¿En qué sociedad estamos viviendo en el que no se respeta ni lo más esencial? Pedro Sánchez y los seguros están jugando con nuestras vidas y eso no se puede permitir. Nos están tratando como a animales», afirma uno de los funcionarios jubilados.
Les recordamos que es la parte socialista del gobierno la que ha vuelto a licitar tras haber quedado el concurso desierto. Ante esto la respuesta es contundente: «Pero Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, es el máximo responsable de lo que se hace, sean de su partido o de otro. Todos son ministros y el jefe es él».
«Si desaparece Muface a nosotros nos matan porque con la edad que tenemos nadie nos va a hacer un seguro privado para que podamos seguir con nuestros médicos y nuestros tratamientos. Ni los políticos del gobierno ni las aseguradoras tienen piedad de las personas. Ni los animales actúan así, no dejan desamparados a los más débiles», señalan con resignación.
Lo que cuenta esta familia es una realidad. Cientos de miles de personas están viendo cómo sus citas médicas, tanto para consulta como para pruebas, son anuladas o aplazadas sine die. Así lo ha denunciado el sindicato CSIF ante el Defensor del Pueblo.
Por otro lado, para los funcionarios jubilados sólo se les ofrece la sanidad pública como solución, dado que las aseguradoras no dan de alta pólizas de salud a partir de determinada edad o si se tienen dolencias preexistentes. No es una cuestión de que la sanidad pública sea peor que la privada, sino que está saturada por la nulidad de gestión por parte de la clase política.
A este respecto, además, el desastre va a ser mayor porque las competencias sanitarias pertenecen a las comunidades autónomas, que ya han advertido que no tienen capacidad para absorber a los funcionarios de Muface. Además, no pueden ni deben hacer diferenciaciones. Entrarán en las mismas condiciones y teniendo que empezar de cero.
«Va a morir gente, mucha gente si se permite este desastre. Parece que les da igual, a los unos por fanatismo político y a los otros porque ganarán dinero con los más jóvenes que se harán un seguro privado, algo que nosotros no podremos hacer», advierten.