Dana: La Generalitat no aplicó el Plan de Emergencias

Las irregularidades y las negligencias de la Generalitat Valenciana en la gestión de las alertas por la Dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre crecen a medida que se van presentando ante el Juzgado de Instrucción de Catarroja los diferentes informes periciales.

Diario16+ ha tenido acceso a uno de estos informes, presentado por la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT), en el que se detallan con claridad los gravísimos errores de gestión de las alertas, a pesar de que los datos de los cauces eran estremecedores.

El documento hace un análisis de las distintas cuencas de la Comunidad Valenciana y, a través de la propia documentación oficial, muestra cuáles tenían riesgo alto, medio o bajo de inundaciones. Las cifras de fallecidos muestran cómo el mayor número se produjo en las de riesgo más alto, (84%), con un 7% en las de riesgo medio y un 9% en las de riesgo bajo.

«La Comunidad autónoma no puede decir que no tenía conocimiento de los caudales puesto que existen una doble escala de medición, tanto automática como manual, además de contar con un equipo de bomberos en la Zona. Es evidente, que muchas de las muertes por no decir la mayoría eran evitables, pues la mayoría de los fallecimientos se produjeron en ascensores, en sótanos, en garajes, en casas, en residencias, incluso en terrazas y cuarteles de la guardia civil. Como puede verse siguiente el esquema de la cuenca, hay suficiente punto de información para avisar a las poblaciones con caudal de más abajo», señala el informe pericial presentado.

A continuación, se muestra cómo, a las 12 del mediodía del 29 de octubre, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ya emitió un aviso en la rambla del Poyo. «A su vez en la red social X (antes conocida como Twitter) se publica lo siguiente: A las 18.35 había un caudal de 1891 metros cúbicos, mientras que la alerta por SMS se lanza más allá de las 20.12. Son datos recogidos por el SAIH, que es el sistema automático de información hidrológica, si lo tiene AVAMET que es una Asociación de meteorología, lo tiene la Comunidad Valenciana», afirma el informe.

Además, la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) indicó en otro documento que «a partir de las 17 horas se detecta un aumento brusco del caudal del Barranco del Poyo». Media hora más tarde, según se indica en el documento, se alcanzó el mismo nivel de aforo que provocó la alerta emitida al mediodía.

«Sin embargo, esta vez las autoridades autonómicas no emitieron una nueva alerta. A las 18.55 el caudal alcanzó 2.282 m3/s, en ese momento la fuerza del agua, que venía reflejándose desde dos horas antes, acaba por arrastrar los sistemas de medición. Las autoridades competentes contaron con la predicción meteorológica proporcionada por la AEMET y los datos de las consecuencias de esa predicción, es decir, el aumento del caudal en el Barranco del Poyo, especialmente peligrosas desde las 17.00 horas», señala el informe.

La Comunidad Valenciana, un territorio donde se han producido graves inundaciones. Por esa razón, la normativa establece la posibilidad de que en este tipo de emergencias exista un plan de actuación especial, con varias zonas que elevado riesgo de inundaciones.

En un escenario de alerta como el que se vivió en la provincia de Valencia el 29 de octubre debió haber instrucciones claras de actuación en todos los niveles de la administración. «Todos aquellos municipios con un Plan Municipal de riesgo deberían ser avisados, para tener medidas de control sobre los cauces de los ríos, y todas las demás medidas que surgieran. Deberían haber estado recibiendo datos de los puntos de control fijos durante toda la jornada del 29 de octubre. Lo que tienen que hacer los Municipios es constituir el CECOPAL, y en situación de preemergencia ya debe facilitar datos de retorno al CCE (Centro de Coordinación de Emergencias) de la Generalitat y a los municipios de aguas para debajo de su cuenca. Si no se ha emitido toda esa información se ha producido una temeridad o una dejación importante», afirma la pericial.

Además, en una situación de emergencia, según se indica en el Plan de Emergencias de la comunidad, se puede incluso evacuar a la población y mantener la comunicación con el CCE, y la Generalitat tiene que tener conocimiento en todo momento de la situación de cada cauce, salvo en los municipios de bajo riesgo.

«En la situación de la preemergencia el CCE de la Generalitat tiene que dar rondas con los organismos y servicios colaboradores con objeto de conseguir información sobre: la intensidad y lugar donde se están produciendo las precipitaciones y aumentos en los niveles en los cauces. Si todo esto se debe cumplir, y tener conocimiento de la situación, mucho más cuando estemos en alerta y con un grado 2. La Generalitat no puede aducir desconocimiento de la situación», afirma el informe.

Respecto al CECOPI, el documento señala que si se constituyó en las mismas dependencias que el CCE, tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en tiempo real puesto que «se encuentra en el mismo lugar que el 112». El CECOPI se constituyó a las 17 horas del 29 de octubre.

El informe señala, además, que hubo retrasos en las actuaciones que, evidentemente, tuvieron un impacto directo, puesto que, a pesar de que hubo incidencias y avisos desde primera hora de la mañana, no se estableció la situación de Emergencia 2 hasta las 19.30 horas. «Es decir, si la convocatoria del CECOPI fue a las 17.00 horas, no ha podido haber comunicación con los alcaldes hasta más tarde, por lo tanto no hay implantación de los planes municipales de inundación, ni se pueden poner todos los medios en funcionamiento», señala el documento.

Por otro lado, el informe es contundente, dado que «el retraso de la constitución del CECOPI implica que no exista una información contrastada, siendo una herramienta del director del Plan, la información del presidente de la Generalitat donde indicaba que lo peor había pasado, y la información que se debía dar a los medios de comunicación, organismos, autoridades y público en general no se realizó hasta muy tarde, si es que se hizo correctamente. También se indica quien tiene las competencias, en este la Generalitat y siendo el responsable el jefe de prensa de la Generalitat».

En referencia a los medios utilizados para la intervención y la seguridad, el documento pericial afirma que la actuación primaria se pudo haber realizado, dado que, independientemente del estado de las carreteras, «los bomberos disponen de material de salvamento aéreo, por lo que no le influye el estado de las carreteras, tal y como señala el propio Gabinete de comunicación, donde la Consellería de Justicia e Interior es la que suscribe esta compra de helicópteros de urgencias sanitarias […] Las Policías locales, y así se ha hecho en otras ocasiones, disponen de medios para alertar a la población mediante megafonías, inclusive los guardias de seguridad para que la gente no acceda a los garajes de centros comerciales y demás. Esto tampoco consta que se haya realizado».

Respecto a los niveles de alerta, el informe señala que, según consta en las comunicaciones de la propia Generalitat, la situación de preemergencia estaba declarada el día 28 de octubre, «en este caso la persona encargada de realizar toda la información en preemergencia es el director/a de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta en la Emergencia». Así consta en una nota de prensa publicada ese día en la web de la Generalitat.

«Primer error, no puede ser una recomendación es una obligación como ahora veremos en las diferentes funciones operativas que tiene cada entidad en el plan de inundaciones. Como tampoco es un medio de notificación una nota de prensa», afirma el informe que, más adelante, y ciñéndose a lo indicado por el Plan de Emergencias, la Generalitat estaba obligada a «informar a todos los municipios, organismos, servicios y empresas. No vale con una nota de prensa».

Respecto al sistema de alertas ES Alert, la Generalitat no puede alegar desconocimiento, puesto que llevaba en funcionamiento y se habían hecho pruebas desde el año 2022.

Uno de los puntos clave se encuentra en las notificaciones e informes de la AEMET. En este sentido, el documento registrado en el Juzgado de Catarroja señala con total rotundidad que «la Generalitat es la responsable, es más, debe informar a la AEMET, es un canal de doble sentido, no puede justificarse que no recibe información, porque la tiene. Con los puntos fijos, con los municipios, con los bomberos, con los incidentes. Y a partir de ahí dar los avisos para reducir los riesgos o minimizarlos».

En referencia al momento de la declaración de emergencia, el informe pericial señala un hecho muy importante: a las 12.20 horas ya había una alerta del barranco del Poyo del propio CCE, tal y como publicó en redes sociales. «No es que se previeran inundaciones, es que ya las había en Quart de Poblet, donde se producen 7 víctimas».

«La Alerta Hidrológica se debe dar cuando existe un riesgo inminente, y había indicios de la inminencia desde las 12.00 horas en el barranco del Poyo y en otros lugares con anterioridad. Las Confederaciones Hidrográficas facilitan la información de las cuencas, para el caso de barrancos y cuencas menores, el CCE de la Generalitat contrasta la información con las Confederaciones para determinar el ámbito territorial. El Centro de Coordinación de Emergencia y por ende la Generalitat, tiene medios para saber en qué situación se está en cada momento, y se destaca la labor de seguimiento, es decir, la labor de vigilancia y prevención», continúa el documento.

Finalmente, se concluye que el Plan de Emergencias era válido, «lo que pasa es que no se ha aplicado». Terrible conclusión con más de 200 muertos y aún 3 desaparecidos.