La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP‑CGT) ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja un contundente informe técnico en el que documenta 357 incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por parte de los responsables autonómicos, es decir, de la administración Mazón, durante los días previos (sobre todo, el 29 de octubre de 2024), jornada en la que la DANA descargó con especial virulencia sobre la Comunitat Valenciana.
El estudio, al que Diario16+ ha tenido acceso, incorporado ya al procedimiento judicial en curso, se sustenta en un riguroso análisis de cronologías operativas, registros meteorológicos, avisos institucionales y diversa documentación oficial. Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: la activación del Comité de Coordinación de Protección Civil (CECOPI) se produjo con un retraso injustificado, mientras que el Director del Plan no compareció en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) hasta horas después de emitidas las alertas rojas.
A esa demora se sumó el carácter minimizador de las llamadas de aviso lanzadas a los municipios, carentes de instrucciones operativas claras y limitadas a meras recomendaciones. Con bomberos forestales, maquinaria pesada y equipos de inspección hidráulica disponibles, las autoridades no ordenaron su movilización hacia las zonas de mayor riesgo, una omisión que, a juicio de FETAP‑CGT, multiplicó el impacto del desbordamiento de ríos y ramblas.
El informe señala además la ausencia de requerimientos formales a los ayuntamientos para activar sus planes locales de emergencia, incluso una vez declarada la situación 2. Sin protocolos de evacuación ni puntos de encuentro habilitados, miles de familias quedaron desprotegidas. Paralelamente, no hubo seguimiento sistemático de cauces, carreteras ni puntos críticos, a pesar de las previsiones de lluvia intensa y los avisos hidrológicos.
Para FETAP‑CGT, estos hechos suponen “una grave quiebra de los deberes públicos de anticipación, coordinación y protección civil”, cuya inacción institucional agravó las consecuencias humanas, materiales y ambientales de una catástrofe que podría haberse atenuado con una gestión rigurosa. Como acusación popular, la federación reafirma su compromiso con la defensa del interés general, la legalidad y la memoria de quienes sufrieron daños, y anuncia que seguirá personada en la causa penal para garantizar que sus responsables respondan con toda la contundencia que exige la ley.