El domingo 25 de mayo de 2025, la capital de España vivió una de las mayores manifestaciones en defensa de la sanidad pública de los últimos años. En una jornada marcada por un calor abrasador, cerca de 30.000 personas —según datos de la Delegación del Gobierno— salieron a las calles, superando en participación a la manifestación de la derecha y la extrema derecha en Colón, que solo congregó a 25.000 personas contra Sánchez. Esta vez, miles más se movilizaron contra Ayuso, llenando las calles de Madrid bajo el lema: "La sanidad no se vende, se defiende".Convocada por la plataforma 'Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid', la protesta recorrió el centro de la ciudad, culminando en la emblemática plaza de Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento. Los participantes, entre ellos cientos de sanitarios, vecinos de todos los distritos y familias afectadas por el colapso del sistema sanitario, pidieron a gritos a Isabel Díaz Ayuso que pare el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública.

El acto, cargado de emoción y críticas directas al gobierno regional, tenía como objetivo visibilizar los problemas estructurales del sistema sanitario madrileño: falta de personal, aumento de las privatizaciones y el deterioro de la Atención Primaria. A través de pancartas, cánticos y consignas, los manifestantes dejaron claro su hartazgo ante una situación que consideran insostenible.
"Sanidad pública, sin recortes ni privatizaciones"
Los gritos de protesta resonaron con fuerza en el corazón de Madrid: “¡Ayuso, escucha, la sanidad está en lucha!”, “¡Sanidad pública, no a la privatización!”. A lo largo del recorrido, desde las cuatro columnas que partieron de Atocha, Callao, el Hospital de La Princesa y la plaza del Doctor Marañón, los asistentes mostraron su indignación por las políticas de privatización impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, el Ejecutivo de Ayuso sigue priorizando los intereses privados sobre lo público, un hecho denunciado una y otra vez por los manifestantes.

Según datos de UGT Madrid, el gasto sanitario per cápita en la Comunidad de Madrid es de 1.520 euros, muy por debajo de la media nacional. Esta cifra refleja la política de recortes que, año tras año, va socavando el sistema de salud de la región. A ello se suman las alarmantes listas de espera, con más de un millón de madrileños aguardando para ser atendidos, y la falta de profesionales, especialmente médicos de familia y pediatras, que dejan a más de 750.000 personas sin médico asignado.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue el principal blanco de las críticas. En el manifiesto leído en Cibeles, los organizadores denunciaron la “privatización desmedida” de los servicios sanitarios, especialmente a favor de grandes grupos empresariales como Quirón, un conglomerado que, según los manifestantes, ha incrementado los contratos con la Comunidad de Madrid desde que el consultor de este grupo, Alberto González Amador, es pareja de Ayuso. "No vamos a permitir que el dinero de todos los madrileños engorde las cuentas de las grandes empresas", aseguró Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional.
El deterioro de la Atención Primaria y los recortes en salud mental
Uno de los puntos más destacados de la manifestación fue la crítica al estado de la Atención Primaria, un área fundamental del sistema sanitario que ha sido gravemente afectada por los recortes y la falta de inversión. Luis López, portavoz de la plataforma, denunció que “la prevención, que es mucho más barata que curar, se está desmantelando”, y agregó que es urgente destinar al menos el 25% del presupuesto sanitario a este nivel de atención. Además, la falta de personal sanitario es cada vez más alarmante. Con un porcentaje elevado de vacantes, los centros de salud funcionan a medio gas, y los pacientes no reciben el seguimiento necesario.

“El personal está sobrecargado, y la calidad de la atención está en juego”, comentó Blanca Gutiérrez, médica de familia en Móstoles, quien también participó en la protesta. Gutiérrez, al igual que muchos de los presentes, lamentó las condiciones laborales del personal sanitario, con jornadas interminables y la imposibilidad de ofrecer atención de calidad. “Este sistema no puede seguir así, y necesitamos urgentemente un cambio”, afirmó.
Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, destacó durante su intervención que “si una persona enferma no puede acudir al mejor hospital público o al mejor centro de salud, no hay democracia ni dignidad en la vida”. En su discurso, Montero acusó directamente a Ayuso de anteponer el beneficio económico de las grandes empresas a las necesidades de los madrileños.
El legado de la pandemia y la crisis de las residencias
Un tema especialmente emotivo fue el recuerdo de las víctimas de la pandemia en las residencias de mayores. Miles de personas murieron solas en estos centros debido a los protocolos establecidos por la Comunidad de Madrid, que impidieron su traslado a hospitales. Recientemente, una jueza imputó a varios altos cargos del Gobierno de Ayuso por la gestión de estas muertes, lo que sigue siendo un tema doloroso para muchas familias. La manifestación reclamó justicia para los fallecidos y sus familias, y exigió que se investigue el llamado “protocolo de la vergüenza”.

El mal manejo de las residencias durante la pandemia sigue siendo uno de los puntos más oscuros del gobierno de Ayuso. “La salud no puede ser un negocio, y nuestra gente merece ser tratada con dignidad”, expresó Laura Muñoz, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.
Un clamor por el futuro de la sanidad pública
Con el futuro de la sanidad pública de Madrid en juego, los manifestantes exigieron cambios urgentes y una inversión real en el sistema sanitario. Las condiciones actuales son insostenibles: más de un millón de personas en listas de espera, la falta de profesionales en atención primaria, y el colapso de los hospitales y centros de salud, mientras que las privatizaciones se multiplican.
El mensaje de la manifestación fue claro: la sanidad pública no es negociable. "Vamos a seguir luchando hasta que Ayuso entienda que la salud es un derecho, no un negocio", concluyó Luis Díaz, uno de los portavoces de la plataforma organizadora. La lucha continúa.
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