La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, expresó ayer su rechazo a la filtración de los vídeos correspondientes a la declaración judicial de Elisa Mouliáa y el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, a quien la actriz acusa de agresión sexual. El órgano recuerda la “especial protección” que la ley otorga al derecho a la intimidad de las víctimas de este tipo de delitos. Además, insiste en el respeto al artículo 681.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Observatorio señala que se trata de un proceso en “trámite respecto del que cualquier valoración podría constituir una intromisión en la función jurisdiccional del titular del órgano, cuyas actuaciones están sometidas al sistema de recursos. Por otra parte, no consta la interposición de queja alguna ante este CGPJ por quienes están legitimados para ello”.
Finalmente, confía en que “medidas como la atribución del conocimiento de las causas por delito sexual a juzgados especializados y con formación específica que ha realizado la ley orgánica 1/2025 aporte una sustancial mejora en la instrucción y resolución de estos delitos”. Por su parte, el Gobierno ha criticado la actuación del magistrado, ya que “revictimiza” a la mujer que ha sufrido una agresión.
Es evidente que Carretero no midió el alcance de su interrogatorio propio de otros tiempos felizmente superados. Pero más grave aún es que unos vídeos de un caso de supuesta violación hayan salido a la luz pública, lo que puede contribuir a aumentar la sensación de vergüenza y de rechazo social de la mujer agredida, que sufre el trauma psicológico de lo vivido. Y llama poderosamente la atención que ahora que se ha iniciado una cruenta “caza de brujas” contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuenta de la filtración de datos sobre el proceso judicial del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, la Justicia no haga nada por investigar de dónde han salido esos vídeos y esos audios que contribuyen a escarnecer a alguien como Mouliáa que tiene todo el derecho del mundo a su intimidad.
Que se hayan aireado con todo lujo de detalles y morbo cuestiones personales escabrosas es extremadamente grave y ha contribuido a convertir a la víctima en el personaje de un depravado espectáculo circense. No es aceptable que una ciudadana reciba ese trato de un poder del Estado y haría bien el Tribunal Supremo, o el CGPJ, o quién tenga encomendadas las competencias, en abrir una investigación para llegar al fondo del asunto. Muy pocas personas tuvieron acceso a esas grabaciones, el juez, el personal del juzgado y los abogados de las partes. No debería ser tan difícil averiguar de dónde ha partido la filtración. Y si hay que movilizar recursos de la Policía Judicial o del CNI hágase. Si la Justicia es capaz de destinar todo tipo de efectivos humanos y materiales para tratar de averiguar si hay un topo en la Fiscalía que pasa información a la prensa sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con más razón debería hacerse en este procedimiento donde está en juego nada más y nada menos que la integridad emocional de una persona que dice haber sido sometida a abusos sexuales. Pero lamentablemente, no parece que ese sector de la Justicia machirulo y ultra que se ha entregado de lleno al lawfare contra el socialismo sanchista esté por la labor de dar protección a una mujer que, de confirmarse sus acusaciones, podría haber sido abusada dos veces, una físicamente por un hombre y otra emocionalmente por un juez deshumanizado como los del Régimen anterior y sin ningún tipo de tacto ni sensibilidad.
La filtración de los vídeos, en los que se aprecia al juez Adolfo Carretero llevando a cabo un interrogatorio en un tono duro e inquisitivo contra una presunta víctima de abuso sexual, ha provocado un terremoto político en España. En un momento de la secuencia, el magistrado pregunta a Mouliaá “para qué se sacó el miembro viril” Errejón durante el encuentro que ella denunció, o también cómo le espeta a la denunciante: “¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?”.
El juez llega a reprochar a Mouliaá que no incluyese en la denuncia que esa noche estaba muy borracha. “Cuando me empuja contra la pared le intento quitar porque me estaba resultando muy incómodo”, relata la actriz ante el instructor, a lo que este responde: “¿Pero le dijo que parara?”, preguntó el juez, a lo que Mouliáa aclaró que le dijo que “estaba incomoda”. “No, muy incómoda no. Decir 'que me dejes en paz, que no me toques'. ¿Le dijo algo de eso?”, repreguntó el magistrado. Pero lo más intolerable del interrogatorio llega al final, cuando el juez le pregunta a Mouliáa: “¿Pero le intentó bajar a usted las bragas? ¿Cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?”. “Él paró porque yo me zafé”, añadió Mouliaá visiblemente cohibida e incómoda por la actitud dura del interrogador. Entonces el juez le espeta: “Pero señora, si ese señor la tenía en la cama con la puerta cerrada y a él encima... ¿Cómo se levanta y se va? ¿Forcejeó con él?”. A lo que Mouliaá contesta de forma afirmativa.
El estilo Carretero ha sido criticado por juristas de reconocido prestigio como Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces para la Democracia: “Las reglas sobre actuaciones judiciales indican que los jueces en los interrogatorios deben actuar siempre con el máximo respeto a las personas declarantes, que no deben incurrir en prejuicios ni en posturas previas, y además deben escuchar activamente a quienes están declarando y esto es incompatible con estar interrumpiendo continuamente lo que dicen”.