La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha solicitado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, que convoque una reunión urgente de la Mesa Sectorial para debatir y negociar una solución a los graves problemas a los que se enfrenta la educación pública en Madrid a tan sólo un mes del inicio del próximo curso escolar.
Una de las cuestiones que más preocupa al sindicato y a toda la comunidad educativa es que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya decidido afrontar el nuevo curso con 1.000 docentes menos de Secundaria y FP en asignación provisional.
“Con esta reducción de profesorado los centros no podrán cumplir la normativa vigente ni la oferta educativa, según la información que hemos recibido de los equipos directivos”, denuncia Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.
Esto se traduce, por ejemplo, en que no se podrán ofertar asignaturas optativas o realizar agrupamientos flexibles, desdobles y prácticas en laboratorios que suponen refuerzos y apoyos muy necesarios para el alumnado.
Infrafinanciación
En cuanto a la Educación Infantil de 3 años, tras el anuncio de bajada de la ratio en esta etapa, el sindicato denuncia de que “se trata de nuevo de propaganda, puesto que en muchos grupos de 3 años la ratio no será de 20 alumnos/as si no de 22, con el consiguiente ahorro de unidades y de infrafinanciación de la educación pública frente a la concertada, donde curso tras curso, vemos como sí aumenta la financiación”.
Tras las bajadas de ratios que se produjeron con motivo de la pandemia, y las mejoras que esto conllevó en la calidad y en los resultados académicos, “la Comunidad de Madrid estrangula de nuevo la educación pública”.
Igualmente, el sindicato denuncia que la Consejería no tiene intención de cumplir con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que establece la asignación de un Coordinador de Bienestar y Protección de Alumnado por centro, con una lista de funciones que se ajusta exactamente a la especialidad del Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), a los que la Consejería se niega a contratar.
“En dirección contraria”
Otra crítica sindical es la reconversión de las vacantes de la especialidad de Educación Primaria del Cuerpo de Maestros, “lo que va en dirección contraria a la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes, y tampoco se garantiza la asignación según los perfiles y especialidades por los que se ha accedido a la función pública”, asegura Isabel Galvín.
“Todos estos temas son graves por separado”, advierte, “pero intolerables cuando tienen lugar de manera conjunta y como parte de una agenda política muy concreta. Exigimos una reunión urgente respaldada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyo artículo 37 establece que estos temas son objeto de negociación”.
“La Consejería de Educación”, concluye, “debe escuchar a los docentes, al personal educativo, y a la comunidad educativa, donde existe un consenso generalizado contra todas las medidas que pretenden implantar de cara al curso que viene”.